Centro Comercial Mallplaza NQS

Rafael Camargo Vásquez

Judicial

Lo que inició como un hurto convencional en el norte de Bogotá se ha transformado en un incidente de proporciones nacionales que pone bajo la lupa la ética de la seguridad privada en Colombia. El pasado 3 de marzo de 2026, la reconocida abogada Marla Gutiérrez fue víctima del robo de su maletín, que contenía un computador MacBook y documentos personales, mientras transitaba por el pasillo que conecta a las tiendas Homecenter e Ikea dentro del centro comercial Mallplaza NQS. Pese a que la víctima logró rastrear su equipo en tiempo real mediante tecnología de geolocalización, la seguridad del establecimiento no intervino, permitiendo que las pertenencias abandonaran el recinto.

La gravedad del caso escaló cuando la víctima denunció públicamente una presunta red de obstrucción a la justicia por parte de la administración del lugar. Según Gutiérrez, el centro comercial se negó sistemáticamente a entregar o permitir la visualización de las cámaras de seguridad al Gaula y a la Policía Nacional, escudándose en protocolos internos. El punto de quiebre se dio cuando la abogada descubrió que en el acta de servicio entregada por el establecimiento figuraban una firma y un número de cédula pertenecientes a una persona fallecida, presuntamente con el fin de simular una atención legal y administrativa que jamás ocurrió. Ante esto, la jurista calificó al centro comercial como un «entorno protector de delincuentes».

La respuesta institucional no se hizo esperar. El Ministerio de Justicia reaccionó con dureza, anunciando el impulso de una reglamentación estricta para que los centros comerciales pierdan su autonomía sobre las grabaciones en casos de flagrancia. El objetivo es obligar a los privados a interconectar sus sistemas de videovigilancia con el C4 de la ciudad, garantizando que la Policía tenga acceso inmediato a las pruebas. Por su parte, la Secretaría de Seguridad de Bogotá citó a la gerencia de Mallplaza a una reunión de carácter urgente para exigir explicaciones sobre el bloqueo a la fuerza pública y el presunto uso de documentación falsa.

Aunque Mallplaza NQS emitió un comunicado asegurando que activó sus protocolos y que mantiene «total disposición de colaborar» con las autoridades, el pronunciamiento ha sido tildado de insuficiente. La administración del centro comercial ha guardado un silencio hermético sobre la acusación de utilizar la identidad de un fallecido en sus formularios de atención. Actualmente, la Fiscalía General de la Nación evalúa la apertura de una noticia criminal por los delitos de falsedad en documento y fraude procesal, mientras la opinión pública debate sobre la responsabilidad civil y penal de estos establecimientos frente a la seguridad de sus visitantes.

Marla Gutiérrez, abogada