Bajo un cielo amenazante, el Capitolio se alza como el centro de atención, mientras una gran nube negra se cierne sobre él, creando una atmósfera dramática, con 200 aspirantes cuestionados por delitos o acusaciones. 

Javier Sánchez

Política 

La salud de la democracia colombiana se enfrenta a un nuevo diagnóstico de alerta. Un reciente y exhaustivo informe de la «Fundación Paz & Reconciliación» (Pares) ha encendido las alarmas al identificar una cifra inquietante: cerca de doscientos aspirantes a las cámaras legislativas presentan tachas significativas en sus hojas de vida. De este universo de sospecha, la investigación ha puesto bajo el foco a los treinta perfiles más críticos, cuyos nombres suscitan una preocupación profunda debido a la gravedad de sus procesos judiciales o la naturaleza de sus vínculos políticos.

Riesgo político

El informe disecciona el fenómeno del cuestionamiento electoral a través de tres categorías fundamentales. En primer lugar, surgen los llamados «herederos de la ilegalidad», quienes operan bajo el fenómeno de los clanes familiares como aliados o familiares directos de condenados por parapolítica y narcotráfico. A estos se suman aquellos candidatos con «líos judiciales y disciplinarios» vigentes, con procesos abiertos en la Fiscalía o la Corte Suprema por delitos de cohecho y tráfico de influencias. Finalmente, se identifican aspirantes con señalamientos de «detrimento patrimonial», vinculados por la Contraloría a gestiones fiscales deficientes en administraciones regionales.

Cartografía del cuestionamiento 

La geografía del riesgo revela que el fenómeno se atrinchera en las «regiones críticas» de la Costa Caribe, el Pacífico y las zonas fronterizas, escenarios donde las maquinarias tradicionales luchan por preservar su hegemonía. Pares cuestiona severamente la laxitud de las colectividades al otorgar avales, señalando que la urgencia del poder suele imponerse sobre la ética pública. Los datos son elocuentes: el «Partido Liberal» encabeza la lista con treinta y tres candidatos señalados, seguido muy de cerca por el «Partido Conservador» con treinta y dos, el «Partido de la U» con veintinueve y «Cambio Radical» con veinticuatro aspirantes bajo sospecha.

Perfiles de alto impacto regional

En el Atlántico, el nombre de «Arturo Char» resalta por sus procesos judiciales abiertos y su pertenencia al clan homónimo. En Bolívar, «Nadia Blel Scaff» es identificada como heredera de una estructura vinculada a la parapolítica, mientras que en el Cesar, «José Alfredo Gnecco» mantiene la vigencia de uno de los clanes más señalados del país.

El reciente balance de la «Fundación Pares» confirma que las colectividades tradicionales persisten como las principales emisoras de avales para perfiles bajo sospecha, destacando al «Partido Liberal» con treinta y tres aspirantes cuestionados, seguido por el «Partido Conservador» con treinta y dos, el «Partido de la U» con veintinueve y «Cambio Radical» con veinticuatro. Esta radiografía del «riesgo electoral» identifica a los «herederos» que captan caudales de clanes condenados como los «Gnecco», «Blel» o «Char», así como a los «investigados» con procesos vigentes ante la Corte Suprema y a los sectores «burocráticos» que instrumentalizan recursos regionales para asegurar su ascenso al Congreso.

En el desglose por colectividades, figuran nombres de alto impacto: por «Cambio Radical» sobresalen Arturo Char en el Atlántico, Richard Aguilar en Santander y Carlos Mario Farelo en el Magdalena; el «Partido Conservador» avala figuras como Nadia Blel en Bolívar, Marcos Daniel Pineda en Córdoba y Juan Loreto Gómez en La Guajira. Por su parte, el «Partido de la U» mantiene en sus filas a José Alfredo Gnecco en el Cesar, mientras que en sectores de coalición como el «Frente Amplio» y otras alianzas, resaltan perfiles como el de Gorky Muñoz Calderón en el Huila y Mauricio Parodi en Antioquia, consolidando un mapa de riesgo que desafía la renovación ética del legislativo.

Vigilancia social

Este informe no es solo una lista de nombres, es una herramienta de «control social» indispensable. La urgencia de advertir al electorado radica en evitar que estos perfiles alcancen la inmunidad parlamentaria, lo que podría derivar en una «captura de rentas» mediante el direccionamiento de contratos estatales o, peor aún, en un «bloqueo legislativo» que frene las agendas de justicia y transparencia. Al ser un fenómeno transversal que afecta a diversos sectores, el voto informado surge como el único antídoto contra la perpetuación de estas estructuras en el poder.