Jorge Enrique Ibáñez Najar,  presidente de la Corte Constitucional

Rafael Camargo Vásquez

Judicial 

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, actual presidente de la Corte Constitucional, se ha visto envuelto en una de las controversias más inusuales del poder judicial colombiano. Más allá de su papel como baluarte jurídico frente a las reformas del Ejecutivo, Ibáñez enfrentó un proceso de filiación que culminó con el reconocimiento judicial de un hijo. Lo que transformó un asunto privado en un escándalo de calado nacional fue la naturaleza de su defensa: el jurista sostuvo ante los tribunales que el encuentro biológico fue producto de una situación de indefensión, alegando haber sido víctima de «sustancias químicas» y de una «agresión sexual» que anularon su voluntad.

Pese a lo escabroso del argumento, la justicia civil priorizó el derecho a la identidad del demandante. La sentencia determinó que, ante la contundencia de las pruebas biológicas, la paternidad era incontestable, dejando las alegaciones sobre la presunta violación en un plano que habría requerido una investigación penal independiente. Para los críticos, este episodio representa una mancha en la imagen del magistrado; para sus defensores, es un capítulo doloroso de su intimidad que ha sido instrumentalizado para socavar su autoridad en un momento de alta tensión política en este 2026.

Opositor 

 Jorge Enrique Ibáñez Najar, ha sido el principal proponente de hundir la Ley 2381 de 2024 (Reforma Pensional). Su ponencia argumenta que el trámite legislativo en la Cámara de Representantes vulneró el principio de deliberación democrática, al haberse aprobado el texto del Senado «en bloque» y sin una discusión real. En julio de 2025, logró que la Corte suspendiera provisionalmente la aplicación de la ley mientras se tomaba una decisión de fondo.

Ha sido un crítico constante de los vicios de forma en la Ley 2272 de 2022. Ibáñez ha salvado su voto en diversas ocasiones, argumentando que la ley de «Paz Total» introdujo artículos de manera «súbita e inconexa» durante el trámite. Ha cuestionado especialmente los beneficios otorgados a reincidentes de grupos armados que ya habían negociado previamente con el Estado, señalando que esto vulnera los derechos de las víctimas.

En junio de 2024, Ibáñez desató una crisis institucional al denunciar formalmente que él, su esposa y su equipo de trabajo estaban siendo objeto de seguimientos e interceptaciones ilegales por parte de agencias de inteligencia del Estado. Aunque el presidente Petro negó tajantemente estas acusaciones calificándolas de «ingenuidades», el magistrado sostuvo que la independencia judicial estaba bajo asedio.