Reconocidos empresarios se confiesan defraudados por proyectos donde la arquitectura se redujo a «pintar pajaritos en el aire». La fatiga es evidente: el capital privado se ha cansado de ser seducido por discursos que anuncian «esta vida y la otra», solo para despertar en pesadillas financieras que emulan el trágico precedente de las Torres BD Bacatá, donde ocho mil personas vieron diluirse sus ahorros.
El promotor se voló a España y se llevó el dinero, dejando embargados a los inversionistas
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En un movimiento decisivo para el urbanismo del norte de Bogotá, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) ha notificado oficialmente a la sociedad Aldea Proyectos S.A.S. el costo de su permanencia en el desarrollo de la capital. El ambicioso complejo de lujo «América Centro de Negocios», un hito arquitectónico estancado en el neurálgico cruce de la calle 100 con carrera Séptima, se enfrenta ahora a una obligación financiera y técnica ineludible.
Una cifra multimillonaria
La resolución emitida este lunes, 5 de enero de 2026, establece que el promotor privado deberá desembolsar la suma indexada de $100.863 millones de pesos. Este monto no representa un simple trámite administrativo, sino que constituye el cumplimiento de las cargas y obligaciones urbanísticas esenciales para que el proyecto conviva legalmente con las transformaciones de la ciudad.
El pago es, en términos técnicos, el «requisito habilitante» para que las grúas sigan moviéndose. Sin el cumplimiento de esta carga, la ciudad no otorgará el permiso para que las Torres 1 y 2 inicien su vida operativa, manteniendo el complejo como un gigante dormido en medio de uno de los sectores más valorados de Bogotá.
Infraestructura y demolición
La responsabilidad de Aldea Proyectos trasciende el cheque. La resolución del IDU detalla que el constructor debe asumir tareas de infraestructura crítica que impactarán directamente en la movilidad del norte de la ciudad:
El promotor tendrá que ejecutar y costear la demolición del puente existente en la calle 100 con Séptima.
La obra debe garantizar una integración impecable con el Corredor Verde de la Séptima y la nueva troncal de la avenida 68, un nodo de transporte que definirá el flujo de bogotanos por las próximas décadas.
Se incluyen compensaciones destinadas exclusivamente al mejoramiento del entorno y la creación de áreas de calidad para el peatón.
Un historial de sombras
Este nuevo capítulo se suma a una década de turbulencias para El Pedregal. El proyecto ha navegado entre litigios contra el Distrito por cambios en los diseños viales y una compleja reorganización empresarial de Aldea Proyectos para evitar la quiebra.
Sin embargo, el margen de maniobra se agota. Un tribunal de la Cámara de Comercio de Bogotá ya ha impuesto un plazo de dos años y medio para la finalización total de la obra. De no cumplirse, los promotores enfrentarían el colapso financiero definitivo al tener que restituir millonarias inversiones a socios estratégicos.
Aunque la empresa aún puede interponer un «recurso de reposición» para discutir los montos, el mensaje de la administración distrital es claro: la OPERACIÓN de este coloso depende, hoy más que nunca, de que se salden las cuentas con la ciudad.
La multimillonaria «tumbada» a destacados empresarios
En Colombia, el mercado inmobiliario parece haber mutado en un escenario de promesas etéreas. Los inversionistas, otrora entusiastas de las grandes alturas, hoy se confiesan defraudados por proyectos donde la arquitectura se redujo a «pintar pajaritos en el aire». La fatiga es evidente: el capital privado se ha cansado de ser seducido por discursos que anuncian «esta vida y la otra», solo para despertar en pesadillas financieras que emulan el trágico precedente de las Torres BD Bacatá, donde ocho mil personas vieron diluirse sus ahorros.
De acuerdo con las estadísticas judiciales, más de diez mil ciudadanos han sido «tumbados» bajo modalidades de vivienda en Bogotá, pero el caso de «América Centro de Negocios 7100» —conocido como El Pedregal— se perfila como el capítulo más sofisticado de esta crisis de confianza.
El naufragio del megaproyecto de la calle 100
Lo que se promocionó como la joya de la corona en la intersección de la calle 100 con carrera Séptima —un oasis urbano con auditorios, pistas de hielo, zonas de descanso ecológico y exclusivos rooftop bars— hoy es un monumento al abandono. Los inversionistas del proyecto no solo observan con angustia cómo sus millonarios aportes se encuentran «embolatados», sino que enfrentan una realidad kafkiana: sus bienes han sido embargados al ser calificados por la justicia como deudores solidarios de un descalabro que ellos no provocaron.
El conflicto escaló cuando el grupo chileno Mallplaza, tras adquirir el 30 % de las áreas comerciales y desembolsar cerca de $100.000 millones de pesos, decidió activar su artillería legal ante los incumplimientos del desarrollador. Bajo el amparo del bufete del ex-fiscal Néstor Humberto Martínez, los chilenos lograron un embargo por $180.000 millones, afectando paradójicamente a los socios minoritarios.
La asimetría del riesgo: El factor Julián Bonilla
El epicentro de la indignación recae sobre Julián Bonilla, gerente de la empresa Aldea Proyectos S.A. y estructurador del plan. Mientras los socios minoritarios enfrentan el secuestro de sus cuentas bancarias, inmuebles y vehículos, la empresa líder del proyecto —según registros de la Cámara de Comercio— apenas cuenta con un capital suscrito de diez millones de pesos, cifra que resulta irrisoria frente a la magnitud del embargo y que la blinda de cualquier acción ejecutiva efectiva.
Dentro del círculo de afectados, la figura de Bonilla ha pasado de socio mayoritario a ser calificado de «dictador». Se le acusa de haber tomado decisiones unilaterales y de haber negociado el proyecto sin informar los valores reales a sus aliados, exponiéndolos finalmente a la responsabilidad solidaria por la inversión fallida de Mallplaza.
Un laberinto judicial sin salida a la vista
El Fideicomiso ITAÚ, que inicialmente otorgó garantías sobre tres pisos de la torre en construcción, no ha podido mitigar el impacto. El incumplimiento de Aldea Proyectos S.A. transformó el contrato con los inversionistas chilenos en un título valor, desatando una cacería de activos que hoy golpea a quienes simplemente confiaron en el prestigio del proyecto.
Actualmente, los juzgados de Bogotá tramitan cerca de un centenar de demandas contra la constructora. Entre los demandantes no solo figuran los inversionistas, sino también los profesionales que participaron en el diseño y construcción de una estructura que hoy languidece frente a la mirada de los transeúntes. Para los socios minoritarios, la notificación de los embargos ha sido el golpe de gracia en una OPERACIÓN que prometía el cielo y entregó, en su lugar, un expediente judicial.
Así se encuentra la primera torre. En el interior de la misma se encuentra en obra gris y deteriorándose.