El fraude no comienza el domingo de elecciones; se ejecuta silenciosamente meses antes en las notarías y puestos de inscripción.
Javier Sánchez
Primicia Diario
Lo que para el ciudadano común es un ejercicio de soberanía, para ciertos sectores de la clase política tradicional parece ser un tablero de ajedrez donde las reglas se escriben con tinta invisible. A medida que se acercan los comicios de marzo de 2026, la democracia colombiana no solo enfrenta una elección, sino una maniobra de ingeniería política diseñada para perpetuar el poder regional. La Misión de Observación Electoral (MOE) ha puesto nombre a esta amenaza: un «riesgo sistémico» que empaña la integridad del sufragio mucho antes de que se abra la primera urna.
La geografía del clientelismo
El fraude no comienza el domingo de elecciones; se ejecuta silenciosamente meses antes en las notarías y puestos de inscripción. El análisis técnico ha revelado una «trashumancia estratégica» en 103 municipios, donde el censo electoral se ha inflado de forma artificial, desafiando cualquier lógica del crecimiento demográfico.
En departamentos como Antioquia, Santander, Boyacá y Nariño, el incremento de nuevos votantes ha encendido las alarmas. Aquí, el fenómeno no es fruto del azar, sino del accionar de clanes políticos que movilizan masas para alterar la representatividad en el Congreso.
Detrás de cada cédula inscrita fuera de su lugar de origen, hay una estructura de financiación. Según la MOE, estos movimientos responden a una «inversión de capital político» por parte de élites locales que buscan asegurar curules a punta de manipulación censal.
Una caja negra institucional
Mientras en el territorio se mueven las fichas, en el centro del poder técnico se ha levantado un muro de opacidad. Por primera vez en la historia reciente, los ojos de la observación independiente han sido vendados.
La Registraduría Nacional ha instaurado lo que analistas llaman un «apagón informativo», negando el acceso directo y en tiempo real a las plataformas de inscripción. Sin esta transparencia, los observadores quedan reducidos a espectadores de una «caja negra» donde es imposible verificar duplicidades o detectar identidades ficticias.
La negativa a permitir auditorías profundas sobre el software de escrutinio ha generado un clima de sospecha legítima. «La falta de datos clave limita la capacidad de monitoreo y la generación oportuna de alertas», sostiene la MOE, subrayando un retroceso democrático sin precedentes.
Entre el algoritmo y el fusil
La sofisticación del fraude se encuentra en la intersección entre la tecnología y la coacción territorial. El elector colombiano se halla hoy entre dos fuegos:
El temor a ataques informáticos que alteren la transmisión de resultados no es una paranoia, sino una posibilidad técnica real dada la vulnerabilidad de los sistemas actuales.
En las regiones donde el Estado es una sombra, el fraude deja de ser técnico para volverse físico. Los grupos armados operan como el brazo armado de intereses políticos, amedrentando al votante para asegurar que la voluntad popular se doblegue ante el fusil.
Llamado a la transparencia
Ante este escenario de fraude planeado, la respuesta institucional parece ser la única balsa de salvamento. Sectores de la sociedad civil y la oposición han elevado un clamor por la Vigilancia Global. Se exige que misiones de la Unión Europea y la OEA no solo actúen como testigos, sino como auditores técnicos de un sistema que hoy parece diseñado para el hermetismo.
«La transparencia electoral no es solo contar los votos el domingo de elecciones; comienza con la integridad del censo y la apertura de los datos a la observación independiente desde meses antes».