Alejandra Barrios Cabrera, directora de la MOE, desautorizó la versión de su subdirector, aclarando que la MOE no tiene la facultad de declarar inhabilitado a ningún ciudadano

Frey Alejandro Muñoz, subdirector de la organización, lanzó un dardo que paralizó los cuarteles del Pacto Histórico. Algunos sectores lo acusan de servir los intereses de la oposición y otros han solicitado su relevo para evitar que el MOE, siga perdiendo credibilidad. 

Rafael Camargo Vasquez 

Especial

En el ajedrez político colombiano, donde las reglas de juego suelen ser tan disputadas como los votos, la Misión de Observación Electoral (MOE) —históricamente un faro de imparcialidad— acaba de vivir una de sus jornadas más convulsas. Lo que comenzó como una interpretación jurídica sobre el futuro del senador Iván Cepeda, terminó revelando una fractura interna que roza los linderos de la militancia política.

Todo se precipitó cuando Frey Alejandro Muñoz, subdirector de la organización, lanzó un dardo que paralizó los cuarteles del Pacto Histórico. Según Muñoz, Cepeda estaría legalmente «inhabilitado» para participar en la consulta interpartidista del próximo 8 de marzo, argumentando que su victoria en la consulta interna de octubre de 2025 le cerraba las puertas de un nuevo proceso bajo la Ley 1475 de 2011.

El origen de la sospecha

La declaración de Muñoz no cayó en el vacío. Sectores del progresismo no tardaron en señalar lo que calificaron como una «agenda oculta». Se reveló que el subdirector, cuya función exige una neutralidad quirúrgica, ha mantenido vínculos estrechos con figuras de la oposición, lo que alimentó la tesis de que sus palabras no eran una lectura técnica, sino un intento de «bloqueo administrativo» contra el candidato que hoy lidera las encuestas de la izquierda.

El malestar escaló rápidamente. El propio Iván Cepeda calificó la interpretación como una «clara violación a sus derechos políticos», advirtiendo que la consulta de octubre fue de carácter partidista y no interpartidista, una distinción técnica que, según su defensa, lo mantiene plenamente habilitado para la contienda de marzo.

El desautorización de la dirección

La crisis obligó a una intervención de emergencia desde la cúpula de la MOE. Alejandra Barrios Cabrera, directora ejecutiva de la entidad, tuvo que salir al paso para restablecer el orden institucional. Con una contundencia inusual, Barrios desautorizó la versión de su subdirector, aclarando que la MOE no tiene la facultad de declarar inhabilitado a ningún ciudadano, tarea que compete exclusivamente al Consejo Nacional Electoral (CNE).

Barrios fue enfática al recordar que las interpretaciones personales de los funcionarios no representan la posición de la Misión. «La integridad de la observación depende de nuestra distancia frente a las campañas», se escuchó decir en los pasillos de la entidad, en un esfuerzo por salvar el prestigio de una organización que hoy se ve salpicada por las pasiones electorales.

Un tablero bajo tensión

Este episodio deja al descubierto un fenómeno preocupante para 2026: la infiltración de la polarización en los organismos técnicos. Mientras la oposición insiste en que el éxito de Cepeda en octubre le pone «una barrera insalvable», el oficialismo cierra filas denunciando una estrategia de «guerra jurídica» o lawfare.

Por ahora, el nombre de Iván Cepeda permanece firme en el tarjetón del Pacto Amplio. Sin embargo, la sombra de la duda proyectada por el subdirector Muñoz ha dejado una cicatriz en la MOE. El país observa con lupa si la organización logrará recuperar su equilibrio o si, por el contrario, las cuotas de poder y las afinidades políticas terminarán por eclipsar la vigilancia del proceso electoral más incierto de la década.

Frey Alejandro Muñoz, subdirector de la MOE es acusado de servir los intereses de la oposición y se ha solicitado su retiro para evitar que la organización pierda la credibilidad.