Liliana Bitar, Ana Paola García, Lidio García y Antonio Zabaraín, son algunos de los congresistas relacionados con la apropiación de baldíos.

Rafael Camargo Vásquez

Investigaciones 

La arquitectura de la propiedad rural en Colombia enfrenta hoy uno de sus exámenes más rigurosos. Lo que el representante Juan Carlos Losada y el Gobierno Nacional han denominado como la «mafia de los baldíos» no es solo una controversia legal sobre linderos; es el descubrimiento de una estructura sistemática de acaparamiento que ha ignorado colores políticos para cercar tierras que, por mandato constitucional, pertenecen a la Nación. De acuerdo con las investigaciones de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), se han identificado diecinueve procesos agrarios que vinculan directamente a catorce senadores de la República con la ocupación irregular de estos predios.

En el centro de esta disputa, la figura del expresidente Álvaro Uribe Vélez ha emergido como un eje de simbolismo profundo tras la entrega obligada del predio «El Laguito II», una extensión que formaba parte de su hacienda «El Ubérrimo». Sin embargo, la victoria jurídica de las familias campesinas de la asociación Juana Julia Guzmán reveló una realidad física desoladora: la tierra les fue entregada en condiciones de extrema aridez. El suelo, «endurecido y agotado» por décadas de ganadería extensiva, ha convertido la promesa de siembra en una labor titánica de recuperación biológica.

Un Legislativo bajo sospecha

La investigación liderada por Losada revela que el fenómeno es transversal a las colectividades tradicionales. El Partido Conservador aparece como el bloque con mayor número de señalados, encabezado por Marcos Daniel Pineda, con procesos en Cereté; Liliana Esther Bitar, vinculada a predios en Ciénaga de Oro y San Carlos; Luis Eduardo Díaz Mateus, investigado por tierras en Cerrito, Santander; y Óscar Barreto Quiroga, con expedientes en el departamento del Tolima. A este grupo se suman los hermanos Juan Samy y Habib Merheg, cuya influencia predial se extiende por el Vichada y el Valle del Cauca.

En el Centro Democrático, las investigaciones alcanzan a la senadora Paloma Valencia, cuyo núcleo familiar es vinculado a predios en Vichada y Tolima; a Ciro Ramírez, relacionado con tierras en Boyacá y los Llanos; y a Paola Holguín, con registros en zonas de expansión agrícola en Antioquia. Por su parte, el Partido Liberal enfrenta sus propias tensiones internas ante las denuncias contra Lidio García Turbay, por procesos en San Juan Nepomuceno, y Alejandro Carlos Chacón, en Norte de Santander. La lista la completan Ana Paola García Soto, del Partido de la U; junto a Carlos Cuenca Chaux y Didier Lobo, ambos de Cambio Radical, con intereses en Vichada y el Cesar, respectivamente.

El «modus operandi»

El hallazgo técnico de esta investigación expone un método recurrente para «blanquear» la posesión de lo público. La estrategia se basa en la fragmentación de sociedades para evadir los límites de la Unidad Agrícola Familiar (UAF) y el uso de la «falsa tradición», un mecanismo donde se compran derechos sobre tierras que jamás salieron legalmente del dominio del Estado. Asimismo, se detectó el uso de la prescripción agraria ante jueces locales, una práctica que la Corte Constitucional prohibió taxativamente en 2022, reafirmando que solo la ANT tiene la potestad de titular baldíos.

Este proceso no solo genera un conflicto de intereses cuando estos mismos líderes legislan sobre asuntos agrarios, sino que deja una huella ecológica devastadora. La ocupación por parte de grandes latifundistas suele derivar en lo que los expertos llaman «tierras cansadas»: suelos que, al ser devueltos, requieren años de inversión para recuperar su vocación agrícola. Ante este panorama, Juan Carlos Losada ha exigido la creación de un «catálogo real de baldíos» que impida que se sigan «corriendo las cercas» de lo público, en una lucha frontal que busca saldar la deuda histórica con el campesinado colombiano.

Carlos Cuenca Chaux exhibe con orgullo extensos predios que, según las investigaciones de la Agencia Nacional de Tierras, son en realidad baldíos de la Nación.