Las fuerzas Militares garantizarán las elecciones, ha manifestado el presidente Petro. 

Rafael Camargo Vásquez

Judicial 

En un clima de máxima tensión política, revelaciones de inteligencia procedentes de los Estados Unidos han puesto en jaque la tranquilidad de la jornada electoral. Según reportes de la DEA,  se ha emitido una alerta de «máxima prioridad» sobre un plan terrorista del ELN diseñado para desestabilizar las elecciones legislativas y consultas presidenciales del próximo 8 de marzo.

Inteligencia tras la pista

La alerta es el resultado de un minucioso seguimiento de más de treinta días. En una operación coordinada entre la DEA y agencias locales, se logró rastrear los movimientos logísticos de los principales cabecillas de la guerrilla. Esta labor de infiltración permitió identificar que el grupo armado pretendía ejecutar ataques coordinados en puntos estratégicos, con el objetivo de «sembrar el caos en los puestos de votación y cuestionar la legitimidad del proceso democrático».

Drones y explosivos

Los detalles del plan revelan un nivel de sofisticación preocupante. La inteligencia señala el uso proyectado de drones y explosivos artesanales dirigidos contra sedes de campaña e infraestructuras críticas. Las alarmas se han encendido especialmente en departamentos como Chocó, Norte de Santander, Cauca y Arauca, donde el control territorial del ELN es más férreo. Ante la detección del traslado de material bélico desde la frontera, el Gobierno ha respondido con el despliegue del «Plan Democracia», movilizando a más de 240.000 efectivos de la Fuerza Pública.

Reacción institucional 

La respuesta de las autoridades ha sido inmediata. En las últimas 48 horas se han reportado capturas clave de enlaces logísticos encargados de recibir armamento en las principales ciudades. Por su parte, el presidente Gustavo Petro ha instruido a la cúpula militar para garantizar el derecho al voto, a pesar de sus propias reservas sobre la transparencia del software electoral.

Este informe surge en un momento crítico de la contienda, donde la seguridad se ha tomado el centro del debate. Mientras las encuestas sitúan a Iván Cepeda a la cabeza con un 43% de intención de voto, figuras como Abelardo de la Espriella, quien registra un 23,4%, han encontrado en estas alertas de seguridad el argumento definitivo para reforzar su discurso de «control territorial absoluto y mano dura».