En Antioquia, miles de víctimas han recibido indemnizaciones económicas gracias a la monetización de activos entregados por los firmantes de paz. Estos recursos, gestionados por la «Unidad para las Víctimas», representan un avance crucial en la reparación del tejido social en una de las regiones más afectadas por el conflicto.

Rafael Camargo Vásquez

Nacional 

En un balance consolidado de la implementación del Acuerdo Final, se confirmó que la monetización de los bienes entregados por los firmantes de paz ha permitido una inversión efectiva de $45.978 millones. Estos recursos, administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la Unidad para las Víctimas, han sido destinados exclusivamente a la «indemnización administrativa y judicial» de miles de ciudadanos afectados por el conflicto armado.

Origen y Gestión de los Recursos

El monto reportado proviene de la administración y venta de un inventario diverso de activos que formaron parte del compromiso de reparación material asumido por los excombatientes. Entre las fuentes de recaudo destacan:

Bienes Inmuebles: Predios rurales y urbanos que han sido subastados o puestos en arrendamiento productivo.

Bienes Muebles: Vehículos, maquinaria y semovientes cuya enajenación ha alimentado el «Fondo de Reparación a las Víctimas».

Metales y Divisas: Oro y otros valores monetarios entregados durante el proceso de dejación de armas y reincorporación.

Impacto en la Reparación Individual

Fuentes de la Unidad para las Víctimas señalan que esta inversión ha priorizado a sujetos de especial protección constitucional, como personas de la tercera edad, ciudadanos con discapacidad y víctimas de violencia de género. La entrega de estos $45.978 millones representa un avance en la «superación del estado de cosas inconstitucional» y refuerza la legitimidad del proceso de paz al transformar activos de la guerra en mecanismos de reparación económica directa.

Desafíos de Monetización

Pese al hito financiero, organismos de control como la Contraloría han advertido sobre los retos persistentes en la «limpieza jurídica de los bienes». Muchos de los activos entregados inicialmente presentaban dificultades por ocupaciones de terceros o deudas impositivas, lo que ha ralentizado el flujo de recursos hacia el fondo. No obstante, la cifra alcanzada a marzo de 2026 demuestra un «ritmo de ejecución ascendente» que busca saldar progresivamente las obligaciones del Estado con los más de nueve millones de víctimas registradas.

Las víctimas del conflicto en Huila y Caquetá han comenzado a recibir indemnizaciones administrativas financiadas con los activos monetizados de los firmantes de paz. Este proceso de «reparación material» busca dignificar a las comunidades del sur del país que fueron epicentro de las mayores confrontaciones armadas.