Emilio Tapia revela que mamá de Karen Abudinen pidió coima en Centros Poblado
Emilio Tapia inicia su colaboración judicial detallando la planeación del saqueo de 70.000 millones y delatando a los copartícipes del fraude. Mientras el país exige justicia por el internet de los niños, el contratista negocia una producción para llevar el escándalo a la «pantalla global».
Julián Orozco
Judicial
La trama de corrupción de «Centros Poblados», uno de los capítulos más oscuros en la gestión de recursos públicos en Colombia, ha dado un giro dramático tras la filtración de un interrogatorio bajo reserva judicial. Emilio Tapia, el cuestionado contratista cuya sombra se proyecta desde el antiguo carrusel de la contratación, ha roto el silencio ante la Fiscalía General de la Nación. Sus declaraciones, reveladas recientemente por la revista CAMBIO, no solo buscan beneficios procesales, sino que sitúan a la exministra Karen Abudinen en el epicentro de un entramado de presiones políticas y omisiones administrativas.
En su testimonio, Tapia sostiene que la exjefa de la cartera de las TIC no fue una figura ajena a las complejas dinámicas de poder que rodearon la adjudicación del contrato de conectividad rural. El contratista describe un escenario de «injerencia parlamentaria», donde figuras del Congreso habrían ejercido una influencia directa para inclinar la balanza hacia sectores específicos. Más grave aún es su afirmación sobre el conocimiento previo de las irregularidades: Tapia asegura que el entorno cercano a la exministra estaba al tanto de las garantías bancarias falsas antes de que el escándalo se convirtiera en un incendio mediático de alcance nacional.
Por su parte, la defensa de Karen Abudinen se mantiene en una postura de rechazo absoluto, calificando estas revelaciones como una «maniobra desesperada» de un criminal confeso que busca rebajas de pena a través del lodo reputacional. La exministra insiste en que su gestión fue la que detectó el fraude y ordenó la caducidad del contrato, presentándose como la principal denunciante y no como cómplice. El equipo jurídico de la exfuncionaria enfatiza que las palabras de Tapia carecen de sustento documental y son meras especulaciones de quien pretende eludir su responsabilidad histórica.
Este nuevo capítulo coloca a la Fiscalía en una encrucijada institucional. El ente acusador deberá ahora discernir si el relato de Tapia cuenta con el respaldo de «evidencias materiales» —como registros de ingresos, grabaciones o chats— o si se trata de un testimonio interesado para dilatar su condena. Mientras el debate jurídico escala, el país observa con indignación cómo la recuperación de los 70.000 millones de pesos, destinados originalmente a la conectividad de los niños más vulnerables de Colombia, sigue siendo una deuda pendiente de la justicia.