Petro sostiene que la organización electoral permanece en desobediencia frente a las sentencias de 2018 que conminaban al Estado a adquirir un software de escrutinio propio.
Javier Sánchez
Primicia Diario
A pocos días de las elecciones legislativas y consultas del 8 de marzo, el presidente Gustavo Petro ha encendido las alarmas sobre lo que considera un riesgo inminente para la democracia colombiana. A través de un extenso análisis técnico y jurídico, el primer mandatario denunció un presunto desacato a las órdenes del Consejo de Estado y señaló la persistencia de un «monopolio privado» en la gestión de los votos, encabezado por la firma Thomas Greg & Sons.
¿Un software en manos privadas?
El jefe de Estado sostiene que la organización electoral permanece en desobediencia frente a las sentencias de 2018 que conminaban al Estado a adquirir un software de escrutinio propio. Según Petro, el actual sistema permite que una empresa privada maneje el preconteo, la logística y la consolidación inicial de datos, dejando al Estado únicamente con la propiedad del software de sumatoria nacional final, el cual calificó como insuficiente para garantizar la trazabilidad total del proceso.
«El 85 % del fallo del Consejo de Estado sigue sin cumplirse. Tenemos un monopolio tecnológico del preconteo y la logística en manos privadas, lo cual está prohibido por la Constitución», afirmó el mandatario.
Antecedentes de irregularidades
Para sustentar su advertencia, el presidente recordó los episodios de 2014 y 2022, donde investigaciones judiciales y escrutinios posteriores revelaron la exclusión de cientos de miles de votos y el sabotaje de mesas. Destacó que en 2022, el Pacto Histórico logró recuperar cerca de 500.000 votos gracias a la vigilancia de sus testigos, evidenciando fallas en el sistema de preconteo que hoy vuelve a estar bajo la lupa.
Thomas Greg & Sons
La crítica presidencial vincula la gestión electoral con la reciente controversia de los pasaportes. Petro sugirió nexos entre la multinacional, sectores de la «extrema derecha» y una candidatura presidencial no especificada, solicitando a la Fiscalía General de la Nación investigar presuntas transacciones irregulares. El mandatario cuestionó la rapidez del preconteo, asegurando que esta figura «prefigura la opinión ciudadana» y genera diferencias históricas de hasta un millón de votos respecto al escrutinio final.