El ministro del Interior, Armando Benedetti , ha sido enfático al declarar que «se acaba la discordia» y que los gobernadores procederán con la aplicación de la norma.
Rafael Camargo
Primicia Diario
La relación entre la administración del presidente Gustavo Petro y los treinta y dos mandatarios departamentales ha ingresado en una fase de alta tensión política tras la expedición del Decreto 1474 de 2025. Amparado en el estado de Emergencia Económica, el Gobierno Nacional ha impulsado un drástico reajuste tributario que eleva el gravamen a licores y tabaco del 5% al 19%, desatando un sismo institucional cuyas réplicas aún se sienten en las capitales regionales.
Desde la Casa de Nariño, el discurso oficial intenta proyectar una imagen de resolución. El ministro del Interior, Armando Benedetti , ha sido enfático al declarar que «se acaba la discordia» y que los gobernadores procederán con la aplicación de la norma. Según la tesis gubernamental, al tratarse de un decreto con fuerza de ley, su cumplimiento no es una opción sujeta al arbitrio de los entes territoriales. Esta postura es respaldada por el Ministerio de Salud, que califica la medida como una victoria de salud pública, estimando que el encarecimiento de estos productos reducirá su consumo en un margen de hasta el 20%, especialmente entre la población joven.
No obstante, tras la fachada de consenso que intenta edificar el Gobierno, subyace lo que muchos analistas han denominado la «rebelión de las regiones». La Federación Nacional de Departamentos (FND) ha contradicho el optimismo ministerial, calificando la medida como un avance «recentralizador» que vulnera la autonomía territorial. Los mandatarios advierten que el incremento impositivo no solo es un golpe al bolsillo del consumidor, sino una amenaza directa a las rentas cedidas que financian constitucionalmente la salud y la educación en los departamentos. «El temor no es solo fiscal, es de seguridad pública», han señalado fuentes cercanas a la FND, advirtiendo que un alza de tal magnitud es el caldo de cultivo ideal para el florecimiento del contrabando.
El impacto en el mercado ya genera proyecciones alarmantes. Se estima que, bajo este nuevo esquema, el precio de vinos y aperitivos podría sufrir incrementos de hasta el 160%, mientras que una cajetilla de cigarrillos se perfila a rozar la barrera de los 20.000 pesos colombianos. Ante este escenario, la batalla se ha trasladado al campo jurídico. Al día de hoy, los gobernadores avanzan en una demanda de inconstitucionalidad, argumentando que el Ejecutivo se ha extralimitado en sus funciones al intervenir impuestos que pertenecen legítimamente a las regiones.
Mientras el ministro Benedetti insiste en que el espíritu del «Acuerdo Nacional» prevalecerá a través de mesas técnicas de diálogo, los departamentos mantienen su ofensiva legal. La última palabra la tendrá la Corte Constitucional, que en el transcurso de esta semana deberá emitir un pronunciamiento sobre la suspensión provisional de un decreto que ha puesto a prueba, como pocas veces en este sexenio, el equilibrio de poder entre el centro y la periferia del país.