A febrero de 2026, una sombra de «autoridad paralela» se cierne sobre Santa Marta, donde informes periodísticos y organizaciones sociales denuncian que las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) y el Clan del Golfo han fracturado la soberanía estatal. Esta estructura ha impuesto una férrea «ley criminal» que regula desde la convivencia más básica hasta los sectores productivos, llegando incluso a desplazar la justicia ordinaria en altercados cotidianos ante la mirada impotente o la ausencia de la fuerza pública.

En enclaves como El Rodadero y Taganga, se ha documentado el cobro de «gravámenes informales» que gravan cada servicio, desde un plato de comida hasta el transporte en lancha.

Las ACSN mantienen un pie de fuerza de aproximadamente mil hombres en el macizo montañoso, donde la extorsión ha sido asimilada por la población como si fuese «un servicio público más».

La gravedad del fenómeno se refleja en al menos cinco homicidios recientes en áreas turísticas, presuntamente motivados por la resistencia al pago de estas cuotas extorsivas.

La designación de cabecillas de las ACSN como «gestores de paz» por parte del Gobierno Nacional ha generado un agudo rechazo, al ser percibida por diversos sectores como una legitimación del control criminal.

A pesar de que la administración del alcalde Carlos Pinedo ha impulsado la creación de un Gaula élite y ha intensificado los consejos de seguridad, la operatividad del Ejército y la Policía enfrenta el inmenso reto de desmantelar un sistema de control territorial que parece haber permeado todas las capas de la vida samaria.

«Los bandidos mandan y Santa Marta y el Gobierno Distrital es complaciente», expresan habitantes de esa ciudad.

Taganga