Es triste y vergonzoso que un país, como Colombia, donde se roban los recursos públicos de la salud, y se ocasiona la muerte de miles de colombianos, el Gobierno y el Congreso busquen a través de una ley para reformar la salud, premiar a los delincuentes; y que se siga castigando a los contribuyentes.
La reforma está diseñada para acabar con el único sistema de defensa de los colombianos, como la tutela para obligar a los conglomerados financieros que se convirtieron en las EPS a entregar medicamentos, realizar intervenciones quirúrgicas y exámenes, entre otros procedimientos.
Sin embargo, se busca transformar los recursos públicos en privados para evitar que cualquier delito que se haya cometido con el abuso de los dineros sagrados de la salud no tengan problema alguno, y puedan seguir recibiendo los recursos estatales, según denuncias de la Contraloría y de algunos congresistas.
Las EPS «se van a acabar», anunció hace poco el Gobierno. Ahora, revisando el proyecto de la reforma a la salud, encontramos que solamente se les cambiará la denominación cuando solo les cambiarán el nombre a gestoras de salud, para poder seguir manejando los megapresupuestos estatales sin ninguna vigilancia.
La reforma, que según estudios en ningún momento beneficia a los colombianos, es una propuesta inspirada en la del Banco Mundial, que también busca mejorar el negocio de las compañías de seguros.
Hoy, sin problema alguno, los conglomerados financieros de la salud realizan loby en el Congreso de la República para que avance, sin ningún contratiempo, el adefesio de «reforma». Incluso se ha denunciado que varios congresistas que avalarán la propuesta han recibido recursos económicos, y otros siguen recibiéndolos de estas organizaciones.
Es triste y vergonzoso que le hagan creer a un país que, ante todo, se defienden los intereses ciudadanos frente a los intereses de los grandes conglomerados económicos de la salud; pero encontramos que es falso.
Colombia necesita de unos gobernantes, congresistas y clase dirigente decentes, que no busquen el enriquecimiento particular con la miseria y la muerte de la mayoría de los habitantes de este país.
Un bien un pronunciamiento claro y concreto. Felicitaciones porque todavía quedan medios con valentia. Buena parte de los medios ahora están al servicio de los grandes capitales y de la mafia politiquera
La mayoría de las EPS han sido manejadas por Cajas de Compensación Familiar que son entidades sin ánimo de lucro que han administrado pulcramente los aportes de los afiliados al régimen contributivo. En este momento la mayoría de ellas se encuentran ilíquidas y a punto de colapsar económicamente. La razón: las altas acreencias que tienen con el cuerpo médico y con las IPS, incluido en ellas la red hospitalaria que le ha servido de apoyo en la prestación de sus servicios.
Qué ha llevado a las EPS a esta deplorable situación de iliquidez? El alto costo de los servicios que prestan las IPS y los ervicios médicos especializados. A partir de la brillante idea de la comunidad médica (en contravía a los hallazgos administrativos) de prohibir la integración vertical en la prestación de los servicios, las IPS iniciaron una carrera especulativa con las tarifas en la prestación de sus servicios que hacen inviable la contribución de las EPS en el régimen nacional de salud.
Para ejemplarizar este fenómeno basta con ver las cuentas de ingresos y gastos de EPS como Colsubsidio, Comfenalco y Comfandi. Ninguna de estas organizaciones pueden sobrevivir a sus cargas financieras.
Solo mentes obtusas venden o mal usan las gallinas de los huevos de oro. Si como se dice las EPS se han enriquecido con el negocio de la salud, solo un nivel de torpeza inaudito las llevaría a quebrar un negocio rentable. Esto no es más que un argumento para encontrar un culpable diferente a la comunidad médica y a las IPS del colapso de la salud.
La razón para culpar a las EPS y acabar con la Ley 100 es transferir a la Nación las
abultadas acreencias tanto del cuerpo médico como de las IPS ya que las EPS ya no cuentan con recursos para pagarlas y el Fosiga también ha agotado sus recursos vía tutela para atender servicios que normalmente debería cubrirse con el POS.
Las actuales tarifas que se pagan a través de la nómina han sido consideradas confiscatorias por organismos de crédito internacionales. por lo que esta vía está agotada. El intento del gobierno anterior de aumentar la contribución directa de los trabajadores a los servicios que prestan la IPS hipotecando las cesantías de los trabajadores fracasó. Así que no hay recursos propios para pagar la deuda de la EPS con la red de prestadores de servicios médicos y diagnósticos. Por lo tanto la única vía es convertir estas deudas en cargas al presupuesto nacional como lo intenta hacer el proyecto de ley en curso.
Mientras los formadores de opinión no investiguen a fondo este problema y pongan en cintura las tarifas médicas. no habrá presupuesto nacional que aguante, como viene ocurriendo en la comunidad europea especialmente en Grecia y Portugal.