«Los derechos de las personas LGBTI son un asunto público que le exige a los jueces y a las diversas entidades del Estado, entre ellas a la Fiscalía General de la Nación, respuestas coherentes y tendientes a superar el déficit de atención jurídico que afecta la vida de todos aquellos que de manera libre y espontánea deciden asumir una identidad no heteronormativa».

El tránsito de un ordenamiento homofóbico a uno respetuoso de la diversidad sexual para superar la discriminación contra cualquier persona, planteó el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett.

Durante su intervención en el seminario internacional Aproximación a los Métodos de Investigación de Delitos contra Personas LGBTI, que se realizó en Bogotá, el funcionario explique se requiere una justicia que integre tanto la igualdad social como el reconocimiento y es necesario pasar de «un ordenamiento homofóbico a un ordenamiento plural y respetuoso de la diversidad sexual».

El evento contó con la participación de miembros, activistas y líderes de la comunidad LGBTI, directivos y representantes de entidades defensoras de los derechos, los ministros del Interior, Juan Fernando Cristo,  y Justicia, Yesid Reyes.

«La reivindicación del reconocimiento busca la superación de la discriminación con el fin de incluir dentro del discurso jurídico nuevos patrones que permitan la participación en la vida social de aquellos grupos despreciados y perseguidos. Este reconocimiento exige que las instituciones públicas adecuen sus funciones para atender y responder de una mejor manera a aquellos fenómenos criminales que impiden el ejercicio libre e incondicionado de los derechos de las personas LGBTI», reiteró Montealegre.

El paso hacia el nuevo modelo de ordenamiento jurídico debe acompañarse por una justicia de tipo correctivo para transformar la sociedad y que «asegure el cambio de las relaciones de poder, los símbolos sobre lo masculino y lo femenino y los conceptos normativos», dijo el Fiscal.

Se refirió además del papel protagónico que desempeña la Corte Constitucional Colombiana en la tarea de reconocer las orientaciones e identidades de géneros diversas. «Gracias al alto tribunal, la homosexualidad, el lesbianismo, la bisexualidad, la transexualidad e intersexualidad salieron del clóset, es decir, pasaron de ser identidades objeto de miedo y represión social para convertirse en identidades protegidas por el ordenamiento constitucional».

El funcionario manifestó que gracias a la expedición de la Carta Constitucional de 1991 se empiezan a reconocer en Colombia los derechos fundamentales de las homosexuales a la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad, la salud y  la familia.

Para Montealegre, los esfuerzos de la Corte como «tribunal garantista de los derechos humanos y de la diversidad sexual», unido al trabajo de organizaciones civiles y grupos de defensores de los derechos de las personas LGBTI, han avanzado en políticas de igualdad y no discriminación.

«Gracias a la fuerza de sus argumentos de los líderes de estas organizaciones, a su perseverancias, a la seguridad de sus reivindicaciones y a la creatividad de sus modos de lucha, los derechos de las personas LGBTI son un asunto público que le exige a los jueces y a las diversas entidades del Estado, entre ellas a la Fiscalía General de la Nación, respuestas coherentes y tendientes a superar el déficit de atención jurídico que afecta la vida de todos aquellos que de manera libre y espontánea deciden asumir una identidad no heteronormativa».

En Colombia persisten los crímenes de odio y discriminación contra los LGTBI 

Aún queda en Colombia mucho trabajo por hacer en contra de la violencia por causas de género, aseguró la coordinadora del Programa Regional para Latinoamérica y el Caribe de la Comisión Internacional de Derechos Humanos de Gays y Lesbianas, María Mercedes Gómez. 

Durante el seminario internacional, Aproximación a los Métodos de Investigación de Delitos Contra Personas LGTBI, que organizó la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, Gómez afirmó que no solo en Colombia sino en el continente se tiene  gran cantidad de prejuicios por la orientación sexual de los ciudadanos.

Además, advirtió que la tarea que tienen los gobiernos  es la de transformar el prejuicio en conocimiento, desmontar los estereotipos negativos y actuar  en derecho y no desde el «sentido común”.

Se sufren muchas clases de violencia, ya sea verbal o física, y las derivadas de la humillación o de la invisibilidad. Estas últimas generan dos tipos de agresión, la jerárquica y la excluyente.

La primera, anotó, es la que se ejerce para recordar al otro su condición de subordinación o inferioridad, para dar una lección sobre el lugar que este otro debe ocupar.  «La violencia excluyente, por su parte, es aquélla que se ejerce para liquidar lo que el otro representa, para hacerle desaparecer», dijo Gómez.

Recomendó que Colombia debe documentar y hacer diagnósticos sobre el tema, tratar el estatus del Estado y sus funcionarios frente a este tipo de violencias, fortalecer la legislación, educación y modelos culturales de los derechos humanos de la comunidad LGTBI y generar más compromisos internacionales.

Se sufren muchas clases de violencia, ya sea verbal o física, y las derivadas de la humillación o de la invisibilidad. Estas últimas generan dos tipos de agresión, la jerárquica y la excluyente