«Estoy señalando cómo hay una conocida posición de las FARC, el cual dice que no habrá paz si no hay judicialización del presidente Uribe, entonces a mí no se me hace extraño que esas aseveraciones aparezcan en este momento».

El procurador Alejandro Ordóñez se despachó en un extenso reportaje que le concedió en forma exclusiva a RCN Radio, donde opinó sobre el proceso de paz. Se refirió a las posiciones asumidas por las FARC,el Gobierno, la Fiscalía y concluyó que debe haber una amnistía general.

Aspectos más importantes del extenso reportaje:

¿La Fiscalía ha solicitado a la Corte Suprema de Justicia  que investigue al expresidente Álvaro Uribe en su condición de exgobernador de Antioquia, todo esto basado en testimonios de exparamilitares en el marco de las investigaciones de la masacre del Aro?

-Por utilizar un concepto muy traído a colación que suceda dentro de un contexto y no accidental que se haga en momentos donde se va a conocer el acuerdo sobre justicia transicional. Las FARC siempre ha colocado como condición para firmar la paz la judicialización del presidente Uribe, y eso lo dicen, lo reiteran, lo han manifestado, se encuentra en documentos; entonces, que este anuncio se haga ahora en estos momentos cuando paralelamente se anuncia el acuerdo sobre justicia transicional, y al parecer es inminente  un acuerdo de paz con las FARC, se explica como un cumplimiento, tiene una relación directa con esas exigencias de las FARC.

.¿No cree que por la paz es importante seguir con el proceso?

-Yo creo que le presta un flaco servicio a la paz que aparezca el proceso de paz y aparezcan determinadas decisiones judiciales  como un mecanismo de venganza criminal contra aquellos que han combatido a las FARC. No digo que haya conductas que no se puedan investigar, pero lo que sí resalto como esto se da dentro de un contexto en el cual las FARC ha pedido, ha reiterado y ha consignado en documentos  que no podrá haber un proceso de paz, que no podrá haber una paz sin que se judicialice al presidente Uribe, por eso no es accidental que aparezca este anuncio de investigación dentro del contexto histórico en el cual al parecer se llega a un acuerdo con las FARC

¿Cuando  dice usted señor procurador que no es accidental que se haga este anuncio o que se tome esta decisión cuando precisamente se está hablando del acuerdo de justicia  transicional, quiere decir que hay motivaciones  más allá de las motivaciones jurídicas en las decisiones del señor fiscal, que habría motivaciones políticas?

–Ese es el sabor que queda, no solamente de esta decisión sino de las constantes declaraciones del señor fiscal sobre esta materia.

¿Es muy grave señor procurador lo que usted nos está diciendo, porque estaría diciendo que el fiscal no actúa en derecho?.

–Yo no quiero entrar en ninguna polémica con el señor fiscal, simplemente estoy señalando cómo hay una conocida posición de las FARC, el cual dice que no habrá paz si no hay judicialización del presidente Uribe, entonces a mí no se me hace extraño que esas aseveraciones aparezcan en este momento.

¿Procurador de ese documento conjunto entre el presidente Juan Manuel Santos y el líder de la guerrilla de las FARC, ‘Timochenkodel que conocimos que a usted le parezca  bueno y positivo para la búsqueda de la  paz y de la justicia?

-Desde luego que sí, yo podría resaltar algunos logros, ello no quiere decir que no reitere las críticas que he venido haciendo, ¿pero cuáles son los logros? Primero, que haya una fecha para la firma del acuerdo y los colombianos esperamos que eso se cumpla, es un logro y hay que resaltarlo y es una circunstancia de carácter objetiva. Segundo que se haya establecido una fecha para iniciar lo que los colombianos entendemos como entrega de armas, si bien es cierto que ahí se habla de dejación, los colombianos hemos entendido y se ha exigido y esperamos que así lo sea, que sea entrega de armas y que se establezca una fecha para el inicio de la entrega de armas, es positivo.

¿Otro tema positvo dentro el primer acuerdo?

-Hay que reconocer el intento del Gobierno y de las FARC para reconocer que la justicia transicional deba respetar el Derecho Internacional, los mínimos internacionales, pero, ese intento del Gobierno y las FARC quedó corto, pero hay que reconocer que hay un intento; yo pienso que esos son aspectos que se podrían resaltar.

Pregunta   ¿Procurador, en ese sentido usted le ha pedido al doctor Humberto de la Calle, al Gobierno Nacional, inclusive a las FARC revelen el contenido completo del acuerdo, Humberto de la Calle le contestó en el Congreso de la República que ese se haría y el ministro de Justicia recientemente ha dicho que cuando el acuerdo esté completo  efectivamente se va a publicar, se está anticipando usted o se están demorando ellos en el Gobierno Nacional en dar a conocer ese  acuerdo?

-Todo este ‘maremagnum’ que se ha suscitado, toda esta discusión que se ha suscitado  lo hubiéramos evitado su hubiéramos conocido el acuerdo porque seguramente muchas de nuestras observaciones y de nuestras críticas se hubieran resuelto o estarían fundadas de lo que se pactó o no se pactó, entonces pienso que este debate se termina o se agudiza cuando se conozca lo convenido, pienso que fue una imprudencia dar a conocer algunos apartes del acuerdo sin tenerlo finiquitado, pero igualmente las confusiones que se generaron, las contradicciones, (La Torre de Babel) como lo calificó María Jimena Duzán, por primera vez estoy de acuerdo con ella.

¿ Pero  es un avance?

– ¿Ese debate (carquiano) quién lo originó? Lo originó las interpretaciones y las explicaciones que dio el mismo gobierno, desde el presidente hasta los redactores del documento que fueron entre ellos, explicaciones contradictorias, igualmente la desautorización que hizo de dichas explicaciones la contraparte, el señor Iván Márquez; entonces a mí me parece que si se quiere contribuir realmente a la claridad en esta materia, a la transparencia, pues, se debe conocer, es una necesidad, es un derecho que tienen las víctimas, que tiene la sociedad, que tiene la institucionalidad, ello no puede generar otro proceso de responsabilidades frente a quienes queremos blindar el proceso porque queremos que la paz quede bien hecha  y para que quede bien hecha debe tener sostenibilidad jurídica y sostenibilidad política y para ello debe haber absoluta claridad y no  hay absoluta claridad.

No se conoce todavía el documento total, usted está pidiendo que se revele y dice que fue una imprudencia dar a conocer apartes sin tenerlo terminado, pero lo que conocemos es ese documento previo, ese resumen, dijéramos, que usted nos dice de ese resumen que hay cosas que destaca como que haya fecha para la firma y para la entrega de armas y que haya, por lo menos un intento tanto del Gobierno y de las FARC por recoger la justicia internacional, un intento, pero que se queda corto; lo que definitivamente le preocupa del documento que conocemos, señor procurador.

–Son cuatro observaciones, cuatro  falencias. Primera: Las falsas sanciones a los responsables de crímenes atroces; segundo, las amnistías atadas a los delitos políticos y a los delitos conexos, a los delitos políticos; tercero, la negociación que se hizo con las FARC del marco jurídico a imponer a la fuerza pública y cuarto, el no haber contemplado requisitos relevantes para acceder a la justicia transicional .

Respecto al primero, la falsa sanción a responsables de crímenes atroces, establece, dijéramos hay dos carriles en materia de sanciones, una, respecto a los que reconozcan la responsabilidad por la comisión de conductas criminales y segundo, a quienes no reconozcan o reconozcan tardíamente.

Respecto a los primeros, no existe respecto a los primeros la pena requerida para los crímenes atroces que es la reclusión, de acuerdo al derecho internacional las penas que se le deben imponer a los responsables de genocidios, de crímenes de guerra y de delitos de lesa humanidad es la reclusión.

¿Pero la reclusión es cárcel con barrotes o qué?

-Hay una diversidad de formas de ejecución de las penas de reclusión, las penas de reclusión tienen dos características, la sujeción y la dependencia, eso lo reconoce, hay un consenso, primer consenso: para responsables de crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio, y graves violaciones a derechos humanos la pena es la reclusión internacionalmente, en Ruanda, en Yugoslavia, en Sierra Leona, el Estatuto de Roma habla precisamente que son penas de reclusión, es un estándar internacional.

¿Para usted no es suficiente que se diga y se haya insistido mucho en  todas las explicaciones que hay una pena efectiva privativa de la libertad?

-No es cierto, no es cierto que para quienes reconozcan su responsabilidad haya penas de privación de la libertad.

¿Pero si conocemos el documento todavía cómo dice usted que no es cierto?

-Primero que todo, la letra del comunicado de prensa establece restricciones  a la libertad y las restricciones a la libertad no son penas privativas  de la libertad y la pena privativa de la libertad es parte esencial de la reclusión. Le decía, la reclusión implica sujeción y dependencia, pero la reclusión no es igual cárcel, una modalidad es la cárcel, otra modalidad son las colonias agrícolas, una tercera modalidad son las casas de paz, entonces hay diversas formas de reclusión, pero aquí lo que se establece es, por ejemplo, para ser más pedagógico, el señor Timochenko, que tiene 16 condenas con 488 años por crímenes de guerra, por homicidios en persona propia, bueno, en fin, suficiente con que él reconozca su responsabilidad y la pena ¿cuál es? Trabajo comunitario, entonces ahí no hay ni la necesaria proporcionalidad, ni la necesaria efectividad de la pena que es otro requisito que exige la justicia internacional, entonces ese es el primer aspecto. Respecto al primer grupo a quienes suficiente con reconocer la responsabilidad, frente a ellos la sanción es una falsa sanción a los responsables de crímenes atroces, no hay la pena de reclusión, la pena privativa de la libertad exigida por las normas internacionales.

¿Es decir, para usted procurador que haya restricción a la libertad no es …, tiene que haber privación de la libertad?

Eso no es reclusión, pero privación no es cárcel, privación igualmente puede ser en colonias agrícolas, casas de paz.

¿Pero supongamos que cuando leamos el acuerdo completo está establecido como lo insinuó en alguna entrevista el presidente de la República, que estarán en alguna instalación definida, determinada, con vigilancia, eso lo dejaría satisfecho?

–Desde luego que si hay reclusión, es indudable que se está cumpliendo con el requisito exigido por los mínimos internacionales.

¿ No importa por cuánto tiempo?.

–El tiempo será establecido de acuerdo a los parámetros de la justicia transicional que, máximos de verdad, medios de reparación y mínimos de justicia.

¿Si no cumple con esos estándares, entonces qué puede pasar?

-Hay que blindar jurídicamente el acuerdo, lo que se pacte en la Habana se debe cumplir, se debe poder cumplir y para poderse cumplir debe quedar bien hecha y si para que crímenes atroces  no hay penas de reclusión sino simples restricciones  a la libertad esos son penas simbólicas, eso implica penas simbólicas que no cumplen con las exigencias establecidas en los ordenamientos jurídicos  ni nacionales ni internacionales y tenemos experiencias próximas en el tiempo y si se quiere en el espacio donde por haber pactado  impunidades, penas simbólicas para responsables de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad  no se le ha podido dar sostenibilidad jurídica  a esas decisiones.

Ejemplo; Argentina, la ley de punto final y de obediencia  debida se pactó amnistías e indultos para los responsables de esa clase de delitos, años después fue inaplicado. Uruguay, pasó exactamente igual, amnistías, indultos, impunidades, hubo dos referendos aprobatorios, después fue inaplicado. Perú, pasó exactamente con las autoamnistías señaladas, está en un fallo muy conocido  en el caso de Barrios Altos(, La Cantuta)  contra el estado peruano.

Lo que se pretende con esto es que se cumplan estos mínimos, estos requisitos jurídicos  es blindar el proceso, quienes deberían ser más interesados en que esto fuese así sería las mismas FARC porque eso le da sostenibilidad jurídica, blindan los acuerdos para que, dijéramos tengan sostenibilidad  y obligatoriedad en el inmediato futuro”

 ¿Por qué no amnistía a delitos políticos?

-De acuerdo al comunicado se habla del protocolo II que fundados en el protocolo II de Ginebra, se aprobarán y así dice el protocolo,  las más amplias amnistías e indultos al término de las negociaciones una vez se desmovilice y entregue las armas. El protocolo II de Ginebra no ata las amnistías y los indultos a los delitos políticos y conexos, aquí contrariando el derecho internacional atan las amnistías a los delitos políticos y conexos, ello es un diseño exclusivo para las Farc, quiénes quedan por fuera de las amnistías y los indultos, quienes en la confrontación no cometieron delitos  políticos ¿y quiénes no cometieron delitos políticos? Por ejemplo, los empresarios, que por alguna razón justificada o no colaboraron con las autodefensas, no serían beneficiarios de esas amnistías porque no cometieron delitos políticos.

Los militares no comenten delitos políticos  por la función que desempeñan, los empresarios que apoyaron las FARC por alguna razón sí podrían cometer delitos políticos, los políticos que apoyaron las autodefensas no cometieron delitos políticos, los políticos que apoyaron a las FARC sí estarían en curso, si serían beneficiarios de la amnistía porque cometerían delitos políticos, entonces por qué esa distinción.

Estamos diciendo que restringir, atar la amnistía al delito político es hacerlo para que beneficie únicamente a las FARC pero  a otros sectores que participaron en la confrontación no serían beneficiarios. El doctor de la Calle me respondió en el Senado que eso no era cierto porque debería la ley reglamentar la amnistía, ¿pero qué es lo que va a reglamentar? Es las amnistías referidas al delito político, por eso estamos abriendo los ojos. Como se ha dicho que nada está acordado hasta que todo esté acordado, pues, aquí estamos señalando una falencia y un motivo  de confrontación que igualmente será un obstáculo para restañar las heridas.

 ¿Cuál sería la fórmula que usted  plantearía señor procurador que haya amnistía política para todos  los que participaron  en el conflicto o que no haya amnistía para nadie?

Ampliarlo, es decir no atarlo al delito político.

 Es decir, amnistía para que puedan ser amnistiados paramilitares, parapolíticos, miembros de la fuerza pública.

-Que no estuvieran in curso de delitos atroces.

Pero que haya amnistía para todos, es decir, usted pide ampliar esa  amnistía

-Claro, por qué restringirlo exclusivamente a las FARC y a quienes cometieron delito político, a quienes estuvieron precisamente vinculados exclusivamente con las FARC, eso dijéramos es una absurda e irresponsable discriminación que es una bomba de relojería contra el proceso de paz.

 Después de este punto dice usted que le preocupa la negociación del marco jurídico de las fuerzas militares, bueno, y todo el tema de lo que se ha considerado equiparar a las fuerzas militares con los guerrilleros.¿Será equiparar a las fuerzas militares con los guerrilleros?

–Nosotros habíamos, me refiero a la Procuraduría institucionalmente, habíamos venido señalando esos riesgos, decíamos que en La Habana se estaba negociando el marco jurídico a imponer a la fuerza pública, se nos negó, se nos negó con cierta, dijéramos apasionamiento, pero terminamos por verificar que muchas de nuestras preocupaciones se han venido realizándose. En algún momento y me voy a permitir hacer un resumen de todas las observaciones y advertencias que nosotros hemos venido hace tres años y todas se han cumplido. Yo pienso que ahí hay algo que lo debo decir con toda tranquilidad y sin ningún afán polémico, no se puede comparar la empresa criminal de las FARC con el Ejército colombiano. El Ejército colombiano porta legítimamente las armas, el Ejército colombiano está investido de la autoridad  necesaria por nuestro ordenamiento constitucional para defender la vida, la honra y los bienes de los colombianos, el Ejército colombiano, la fuerza pública colombiana, no solamente nuestro ejército, la fuerza pública en general, es quien en último garantiza que nosotros podamos ejercer los derechos civilizadamente, la fuerza pública es en Colombia quien  mejor protege los derechos humanos de los colombianos, hay personas  aisladas que cometen delitos no como parte de la institución.

Para ellos son los beneficios, no para la institución en su conjunto, los beneficios que ofrece la ley de justicia transicional y que están en el debate no son para la institucionalidad.

-Estamos de acuerdo y la Procuraduría eso siempre  lo había reiterado y lo ha reiterado que debe haber simetría en cuanto a los beneficios que se reciba como consecuencia de un proceso  que aspira a terminar la confrontación, pero lo que no se puede admitir es que haya una equiparación entre la empresa criminal y las instituciones legítimamente constituidas.

 ¿Cómo puede haber simetría si de alguna manera no se le dan los mismos beneficios a uno y otro, a quienes delinquieron, insisto, no a los miembros de la fuerza pública que han cumplido con su tarea, cómo se logra la simetría?

-La simetría está dada por varios factores, primero no hay distinción respecto a las víctimas, las víctimas de la empresa criminal de las FARC y las víctimas que han sufrido los excesos o los abusos de los funcionarios públicos, de la fuerza pública, pues, tienen unos derechos que han sido desconocidos y esos derechos deben ser protegidos, pero lo que acontece es, que, cuando desde la Habana, cuando  las FARC se le confirió la competencia para lograr establecer el marco jurídico a imponer a la fuerza pública, a esas personas que se salieron de la institucionalidad para cometer delitos, de acuerdo, pero en últimas el gran debate que aquí se ha dado precisamente es frente a  la judicialización de muchos militares que con cuestionables estrategias jurídicas han terminado judicializados y condenados con desconocimiento muchas veces del derecho operacional y del mismo derecho internacional humanitario. Pero entonces, el sabor que queda precisamente es que en últimas termina equiparándose la institucionalidad  a la empresa criminal y eso que lo denunció la Procuraduría en su momento encontramos que se da en los acuerdos conocidos.

¿Por qué se meten tanto, tanto el procurador como el fiscal general de la Nación en todo este asunto del proceso de paz, no valdría la pena bajarle al activismo en su posición de procurador pero también el papel que está cumpliendo  el Fiscal General de la Nación?

-La Procuraduría tiene unas competencias constitucionales que son muy claras, una de ellas es la promoción, la defensa y hacer efectivos los derechos humanos, otra es la defensa de los derechos colectivos, otra la defensa del ordenamiento jurídico de la  Constitución y de las decisiones judiciales  y dentro de ese marco la Procuraduría le ha correspondido  intervenir en defensa del ordenamiento jurídico y en defensa de los derechos de las víctimas, entonces, hace parte de las funciones de la Procuraduría como lo reconoció hace apenas tres días el señor Humberto de la Calle, que no existía ninguna objeción a las intervenciones que sobre esta materia hacia la Procuraduría.

¿Pero Usted que piensa sobre el tema?

Yo pienso que en ello hay un gran desconocimiento de las competencias que tiene la Procuraduría por parte de los críticos de la gestión y de la posición que la Procuraduría ha reiterado en numerosas oportunidades, y creo que en ello mal hubiera hecho sino advierto cuáles son los riesgos que se pueden estar corriendo y las amenazas contra los derechos de las víctimas y más aún no es una actitud como algunos creerían de atravesarle un palo en la rueda al proceso de paz  sino todo lo contrario, de querer  que este proceso de paz llegue a buen término y para llegar a buen término debe estar blindado jurídicamente y blindado políticamente, por eso hablé del pacto para la paz y por eso he insistido precisamente de cómo se debe blindar jurídicamente respetando  los mínimos internacionales, ella es una labor que está fundada en mis competencias constitucionales que lo voy a seguir haciendo, que lo he hecho y no tengo la menor duda  que lo hago siempre con fundamento en mis deberes y en mis obligaciones constitucionales.

Nos quedan pendientes los requisitos relevantes procurador dice usted para poder acceder a los beneficios, ¿qué es lo que le preocupa en este punto?

-He dicho que no contempla requisitos relevantes para acceder a la justicia transicional, que sería suficiente  con reconocer la responsabilidad para acceder a los beneficios, reconocer la responsabilidad de delitos atroces, de genocidios, de crímenes de guerra ¿qué queda por fuera? Primero, que se reconozcan expresa y públicamente como victimarios. Segundo, el arrepentimiento sincero, decir la verdad sin arrepentimiento sincero de poco sirve. Tercero, petición pública de perdón. Cuarto: reparación efectiva de las víctimas, no reparaciones simbólicas reducidas simplemente a medida de satisfacción. Cuarto, información sobre los desaparecidos y la desvinculación de los menores, la entrega de los menores que tiene, la desvinculación de los menores de la guerra. Respecto a la tercera, la reparación efectiva, mire, quién puede negar que la mayor fortuna que existe en el país es la de las FARC   amasada con el dinero del narcotráfico, minería ilegal, el secuestro, en fin, ese dinero, esos millones de dólares que circulan en el mundo financiero, esos millones de hectáreas a las que han sido despojadas los campesinos y ganaderos, esos miles cabezas de ganado, esos bienes inmuebles, eso debe ser, con esa fortuna se le debe reparar a las víctimas.-

El señor Cano en el año 2011 en un blog español, periódico público.esp, en mayo de 2011 al preguntársele sobre la financiación de las FARC dijo; la financiación proviene de renta  generada de inversiones que mantenemos, ¿dónde están? ¿qué se han hecho? Entonces la reparación efectiva debe ser con el dinero de su fortuna y pretenden que esa reparación sea meramente simbólica  con medidas de satisfacción, ejemplo, construcción de escuelas, construcción de monumentos, eso es una bofetada a las víctimas y se debería exigir para beneficiarse de la justicia transicional el cumplimiento de estos requisitos.

Como condición previa para que tengan acceso a estos beneficios

-Claro que sí.

Que se reconozcan como victimarios, arrepentimiento sincero, que pidan perdón, reparación efectiva, que se informe sobre los desaparecidos y se desmovilicen los menores o se entreguen los menores, realmente. ¿Usted si cree que esos requisitos son viables para cesar la guerra, es decir, el proceso de paz lo que busca  es, en  primer lugar parar la guerra, y estos son requisitos de justicia, ¿si es viable que las FARC los acepte y pueda cumplir con ellos para parar la guerra?

-La paz es fruto de la justicia, la paz no es un absoluto que lo permita todo, la paz a ella debemos llegar privilegiando a las víctimas se ha dicho, estamos de acuerdo y no es suficiente simplemente con reconocer responsabilidades o decir parte de  verdad, menester es otros, estos y si queremos que la paz sea duradera, si queremos que la paz sea sostenible, si queremos que realmente se restañen las heridas es indudable que esos son recondicionamientos y requisitos necesarios para legitimar el proceso, aquí no se trata de, dijéramos descarrillar el proceso, todo lo contrario,  es de construirle unas vías seguras en torno a consolidar una paz que todos los colombianos deseamos, pero a esa paz se llega mediante la justicia, como le dije, la paz es fruto de la justicia,  no hay una contradicción entre una y otro, algunos pretenden que por la paz  es necesario sacrificarlo todo o entregarlo todo y están presentándole un flaco servicio a la paz.

¿Pero cómo continuar la guerra, la violencia de las FARC  y las acciones de la fuerza pública mientras se negocia un acuerdo de justicia  que cumpla con estos requisitos, digámoslo así, exigentes que usted le pone, no sería conveniente de pronto tener un cese al fuego bilateral mientras se llega a ese acuerdo?

-Hace más de tres meses estamos en cese al fuego bilateral, eso fue una de las cosas que la Procuraduría refirió y anunció y nos cayeron rayos y centellas cuando la Procuraduría manifestó que el anuncio de las Farc sobre un cese unilateral era un cese bilateral disfrazado, le digo que estamos desde hace más de tres meses en un cese bilateral disfrazado.

¿Se ha reducido la violencia en todo caso, eso no es bueno?

-No, estoy diciendo es otra cosa, termino la pregunta anterior leyendo un documento que fue elaborado por el Cerac, que es una de las entidades que hace el monitoreo sobre el desescalamiento del conflicto. Dijeron ustedes por parte del Gobierno Nacional no se registraron  acciones ofensivas en contra de las FARC, lo cual supone el menor nivel de actividad ofensiva  en contra de esta guerrilla en  la historia del conflicto en Colombia, entonces estamos en cese bilateral desde hace tres meses.

¿La pregunta es, bueno para el país o ha sido malo para el país ese cese el fuego bilateral, el que usted lo considera cese el fuego bilateral?

-Lo que estoy diciendo es que el Gobierno Nacional siempre nos anunciaba que era necesario desescalar el conflicto para llegar al cese bilateral como una consecuencia de ese proceso, pero lo que nosotros señalábamos hace cuatro meses es que ya estábamos en cese bilateral y que a las autoridades colombianas, al Estado colombiano le corresponde la protección de la vida, de la honra y de los bienes de todos los colombianos y que no era suficiente simplemente con suspender las operaciones ofensivas  porque había  en otros escenarios donde se seguía delinquiendo en secuestro y en otro género de actividades contra la población civil, entonces, la pregunta que se me hizo, que estaba contestando  que no era necesario eso porque ya estamos en cese bilateral.

¿Si  ha sido bueno para el país, lo que el país ha vivido estos tres meses con el desescalamiento del conflicto?

-Independientemente a ello lo fundamental es que el Estado tiene unas obligaciones que no puede dijéramos renunciar al cumplimiento de ellas, mientras se sigan cometiendo delitos  y amenazando a la sociedad civil, eso es, dijéramos el punto necesario que debe tenerse en cuenta para tener absoluta claridad sobre el tema.

Ha mencionado el narcotráfico y ha hablado además de la cantidad de dinero que tiene las FARC como organización proveniente de ese negocio, pero lo que se plantea en el acuerdo es que el narcotráfico tiene que ser  un delito conexo al delito político, usted está de acuerdo, ¿en el caso de las FARC es el narcotráfico un delito conexo al delito político?

-En esta materia del narcotráfico debo decir lo siguiente para contextualizar la respuesta, nunca el narcotráfico había logrado tanto, ni siquiera con Pablo Escobar. Hagamos un recuento sucinto de ello: Primero, la no extradición, hacia allá vamos. Segundo: La suspensión de fumigaciones. Tercero: Se pretende la conexidad de éste con el delito político. Cuarto: Vamos a estar (abocados) a una gigantesca operación de lavado de activos porque a las FARC no se le va a tocar un solo peso de su gigantesca fortuna; ya oímos nosotros al presidente hace algunos días decir que no se había logrado encontrar la fortuna de las FARC.

Quinto: amnistía para el narcotráfico porque allá se pacta  en la amnistía se le vincula al delito político y a la conexidad de éste con el delito político. Sexto: el derecho a gobernar a Colombia cabalgando sobre la riqueza del narcotráfico. Entonces, como no se va a tocar un solo peso de esa fortuna pues, ese dinero del narcotráfico va a terminar financiando la actividad política de las FARC.

Respecto a su pregunta, le debo decir que el narcotráfico no reúne los requisitos para la conexidad  con el delito político de acuerdo al derecho colombiano, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional que señaló para que hubiera conexidad con el delito político dos requisitos cual era que tuviesen la misma naturaleza del delito político, que sería el idealismo y el altruismo, y el narcotráfico  nada tiene ni de lo uno ni de lo otro.

 ¿Usted no cree que tiene que llegar un momento en que, digamos los críticos de este proceso de paz  como puede ser su caso, pues, tienen que ceder porque la realidad es esa y porque no hay otro camino?

-El ejemplo que usted coloca, no tiene relación con, o no es asimilable mejor con el tema nuestro, ¿por qué razón? Por el contexto histórico. El Estatuto de Roma en el año 36 no existía y por tanto  no se podían exigir los mínimos internacionales. Segundo, los compromisos que  Colombia tiene con los diferentes instrumentos internacionales exigen el reconocimiento de esos mínimos internacionales  y ello será tan cierto que, cuando el Gobierno y las FARC  diseñan la justicia internacional hacen un esfuerzo para aceptar los mínimos internacionales aunque no lo logran, dejan mucho trecho o no logran reconocer los mínimos en materias de pena.

Entonces, yo considero que, se ha, dijéramos, avanzado en la medida que se tiene claridad que hay unos mínimos y unos estándares  que deben reconocerse para blindar jurídicamente el acuerdo, creo que en ese sentido las realidades contemporáneas deben admitirse, deben aceptarse y las realidades del ahora son unas, un marco legal, marco normativo, unos precedentes de los órganos internacionales, incluso de los órganos nacionales y es dentro de ese marco que debemos diseñar imaginativamente unos acuerdos  jurídicos y políticos tendientes a que esa paz sea sostenible y sea duradera, como dije inicialmente, las experiencias son múltiples; Argentina, Uruguay, El Salvador, Perú, quienes serían los más beneficiarios de estos  sería la propia FARC, esto, lo que se pacté  en la Habana dije debe cumplirse pero para poder cumplirse debe quedar bien hecha,  y para quedar bien hecha  debe blindarse jurídicamente reconociendo esos mínimos, eso  no es capricho de nadie, que eso no es que el procurador se haya imaginado unas normas que están ahí, están en los acuerdos internacionales, que hacen parte de nuestro ordenamiento jurídico por vía de los bloques de constitucionalidad y que el mismo Gobierno y la misma FARC  han intentado sin haberlo logrado totalmente adecuarse a esos mínimos internacionales en materia de penas para los crímenes atroces.

¿Cuando usted dice que a Horacio Serpa no le puede seguir gustando la impunidad a qué se refiere, procurador?

 –A que  no nos puede seguir gustando que los crímenes de guerra, que los delitos de lesa humanidad, que las  graves violaciones a los derechos humanos queden impunes.

 ¿Pero es que al doctor Serpa le gusta la impunidad o qué?

-No, que esta es la oportunidad para diseñar un marco de justicia transicional donde esos delitos tengan penas privativas de la libertad, una oportunidad que no podemos desaprovechar.

Por investigaciones pendientes, entre otras la del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro y sobre ese punto le quiero preguntar específicamente porque si bien el alcalde Petro le ganó un primer round porque regresó a la alcaldía, va a  terminar inhabilitado con posterioridad con la imposibilidad de ser candidato presidencial en el futuro, él dice que lo que usted quiere es inhabilitarlo políticamente porque serán contendores por la presidencia.

–Yo no, dijéramos cuál vaya a ser la decisión del Consejo de Estado que está muy próxima a definirse por parte de la sala plena de dicha institución  y respecto a las otras investigaciones, pues se están tramitando respetando el debido proceso, respetando el derecho a la defensa de acuerdo a  realidades probatorias, pero lo que yo si tengo claro es que las quejas que presenten los ciudadanos pues deben dársele su trámite, si yo no tramito las quejas, pues yo cometo una falta disciplinaria y yo quiero cometer faltas disciplinarias y lo que se ha hecho con el alcalde que usted menciona y con los 1.100 alcaldes y con los gobernadores y con los ministros y con los funcionarios públicos y con los concejales y con los diputados y con los senadores y con los representantes, es actuar de acuerdo al marco jurídico, al marco constitucional respetando el debido proceso, respetando el derecho a la defensa; entonces así como hay investigaciones  contra algunos alcaldes, a muchos de ellos se les han terminado y archivado e (inhibido)  en numerosas oportunidades, entonces yo pienso que ahí no puede hacérsele ningún señalamiento a la gestión de la Procuraduría, se tramitarán las quejas o se actuará oficiosamente pero siempre respetando el derecho, las realidad probatorias y las garantías  constitucionales.

«Todo este ‘maremagnum’ que se ha suscitado, toda esta discusión que se ha suscitado  lo hubiéramos evitado su hubiéramos conocido el acuerdo porque seguramente muchas de nuestras observaciones y de nuestras críticas se hubieran resuelto o estarían fundadas de lo que se pactó o no se pactó».