Estamos cansados de exigir a un Estado inoperante, sordo, ciego y mudo, frente al reclamo popular, pero si eficaz en defender los intereses del gran capital trasnacional, comprometidos en muchos actos criminales en nuestro País y por eso, impulsamos aquella consigna popular que dice «solo el pueblo salva al pueblo»

Prensa Funtramiexco

Especial

Desde la Jagua de Ibirico, en el departamento del Cesar, la Junta Directiva de Sintramienergética y el Comité Ejecutivo de la federación Funtramiexco, organizaciones representativas de los trabajadores mineros y energéticos, denuncian amenazas de muerte realizadas por organizaciones paramilitares. Exigen al Gobierno nacional plenas garantías para el sindicalismo e invitar al movimiento popular a cerrar filas contra todos estos actos de barbarie que no cesan y por el contrario aumentan en el país. Lea a continuación el comunicado sindical:

 «Llegó a la Junta Directiva de Sintramienergética La Jagua de Ibirico, una amenaza de muerte de «LOS RASTROJOS», contra la Junta Directiva de esta Seccional y también contra miembros de la Directiva Nacional de este Sindicato y el Comité Ejecutivo de Funtramiexco, Alfredo Tovar, Ricardo Machado, Gustavo Benjumea, Álvaro Rincón, Wilder Martínez, entre otros, precisamente en el momento que el sindicato y sus afiliados, aprobaron pliego de peticiones para presentar a la trasnacional Glencore, representada en Carbones de la Jagua, quien explota el proyecto carbonífero en esta zona del País, junto a Consorcio Minero del Cesar «C.M.U»., cuya transnacional había logrado por parte del Corte Suprema de Justicia, ilegalizar la huelga económica anterior y despedir un sinnúmero de trabajadores, entre ellos, la mayor parte de dirigentes sindicales.

Como se sabe públicamente, la ONG PAX de Holanda, denunció a través de una investigación publicada en un documento editado en el 2014, llamado «El Lado Oscuro del Carbón» y en varios escenarios, los vínculos con grupos paramilitares de las empresas Trasnacionales Drummond y Glencore en Colombia; Prodeco, Carbones de la Jagua y CMU; de acuerdo con denuncias que han hecho varios de los victimarios, detenidos y algunos exfuncionarios de estas empresas y de la comunidad, donde se ordenaba el asesinato, amenazas, destierro de líderes populares, sindicales, que se oponían al despojo de sus tierras o que exigían garantías para el ejercicio de las libertades ciudadanas en Colombia.

¿Sera casual, el asesinato de dirigentes sindicales en esa zona, la ilegalización de las huelgas de los trabajadores, el despido de dirigentes y activistas sindicales, con las amenazas de muerte que están saliendo continuamente, contra los dirigentes obreros? ¿o es una política sistemática contra los Colombianos que defendemos nuestra soberanía, nuestra cultura, el derecho al trabajo, a la negociación colectiva y huelga?, nosotros creemos que de acuerdo con el asesinato de diferentes líderes populares, obreros, campesinos, que se ha profundizado en los últimos meses en todo el país, hace parte de la limpieza social que ha ideado el gran capital y el régimen Colombiano, para eliminar a todo aquel que se oponga al despojo de nuestras riquezas naturales, o que simplemente reclame el derecho al trabajo, a la salud, a la educación, a que el Estado funcione como un Ente transparente o Estado Social de Derecho.

¿Cuándo será que los organismos de control del régimen capitalista Colombiano, ponen a gran recaudo a los actores materiales e intelectuales de estos crímenes que a nombre del Estado, hacen sus grupos paramilitares de extrema derecha? Ya basta de tanta impunidad y de protección de los criminales contra el movimiento obrero y popular, pues son muchas las denuncias, que se han hecho en diferentes medios, antes los Entes Estatales, incluso ante el Estado Norte Americano y nada pasa, ¿Será que el Régimen está seriamente comprometido con esta política criminal de estos grupos, a los cuales no les colocan ningún control?

Llamamos a los trabajadores, a las Comunidades y al Pueblo en general, a cerrar filas contra todos estos actos de barbarie que no cesan y por el contrario aumentan; en primer lugar, a adelantar el Paro regional en los departamentos del Cesar y Magdalena, y a preparar el Gran Paro Cívico Popular, en apoyo al proceso de paz entre el gobierno y la insurgencia, por una Colombia con justicia social en pie de igualdad, democrática y soberana. Estamos cansados de exigir a un Estado inoperante, sordo, ciego y mudo, frente al reclamo popular, pero si eficaz en defender los intereses del gran capital trasnacional, comprometidos en muchos actos criminales en nuestro País y por eso, impulsamos aquella consigna popular que dice «solo el pueblo salva al pueblo».