Las muertes violentas bajo la modalidad de sicariato documentadas por la Defensoría del Pueblo fueron registradas el 16 de febrero, el 25 de febrero, el 6 de marzo y el 18 de marzo, obedeciendo al parecer a una estrategia de «limpieza social» para ganar terreno y consolidar la presencia de los Gaitanistas en Lérida.
Presuntos integrantes de las Autodefensas Gaitanistas estarían tras los últimos crímenes y amenazas que han afectado a ese municipio.
Un informe de riesgo de inminencia por posibles vulneraciones a los derechos humanos en el municipio de Lérida, Tolima, emitió el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo ante la incursión de presuntos integrantes de las «bandas criminales» en esa localidad.
El documento, enviado a la Gobernación y a otras autoridades nacionales y territoriales, advierte una aparente expansión de los grupos post desmovilizados, que mediante asesinatos selectivos y nuevas formas de economía criminal estarían abriéndose paso con el nombre de Autodefensas Gaitanistas del Tolima (AGT).
El escenario de riesgo se configura a partir de la ocurrencia de cuatro homicidios bajo la modalidad de sicariato entre los meses de febrero y marzo, hechos que coincidieron con la circulación de un panfleto a nombre de la mencionada organización y en el que anunciaron no solo su presencia en el departamento, sino la comisión de atentados contra personas socialmente estigmatizadas.
El Sistema de Alertas Tempranas llamó la atención sobre la economía ilegal del préstamo a interés de usura, que junto a la extorsión se ha convertido en fuente de financiación de las estructuras delincuenciales, y que estaría siendo aprovechada como plataforma para la expansión de las «bandas criminales».
De acuerdo con la información allegada a la Defensoría, los prestamistas provienen de municipios como La Dorada (Caldas), Mariquita, Ibagué, Espinal y Flandes (en el Tolima) y Girardot (Cundinamarca), además por supuesto de quienes ejercen esa actividad en Lérida y que podrían entrar en confrontación por el control de esa economía.
Las muertes violentas bajo la modalidad de sicariato documentadas por la Defensoría del Pueblo fueron registradas el 16 de febrero, el 25 de febrero, el 6 de marzo y el 18 de marzo, obedeciendo al parecer a una estrategia de «limpieza social» para ganar terreno y consolidar la presencia de los Gaitanistas en Lérida.
Además de solicitar, mediante carta enviada al Gobernador Óscar Barreto, las medidas de prevención para evitar nuevas afectaciones a los derechos humanos, la Defensoría pidió la intervención de la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas del Ministerio del Interior, a fin de articular la respuesta de las autoridades competentes y mitigar los niveles de riesgo.