El senador Armando Benedetti, vive el momento más difícil de su carrera política, al ser acusado de varios casos relacionados con la corrupción que impera en Colombia.

Rafael Camargo

Especial

El senador Armando Benedetti, atendió la recomendación de sus asesores jurídicos que «la mejor defensa es el ataque», para contrarrestar la serie de denuncias de corrupción que se le viene formulando  a él y su hermana, cuando se desempeño como concejal de Bogotá.

El fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, le pidió a la Corte Suprema de Justicia indagar la presunta participación del senador del partido de La U Armando Benedetti, en un caso de corrupción en Córdoba en el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.

La solicitud se produce luego de que el ente investigador le otorgará el principio de oportunidad a una persona implicada en el caso que fue identificada como Álvaro Enrique Burgos del Toro, quien señaló al senador de haber participado en el millonario desfalco.

«El 21 de noviembre pasado el Fiscal Quinto delegado ante el Tribunal Superior de la Dirección de Fiscalías Nacionales, Alfredo Parada Ayala, compulsó copias ante la Corte Suprema de Justicia para que investigue al senador Armando Benedetti con ocasión del proceso que sobre la defraudación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio», señaló la Fiscalía en un comunicado de tres puntos.

En ese sentido será la Corte Suprema de Justicia la que indague si el senador incurrió en algún delito en el escándalo que involucra a más de 20 personas en un desfalco de 80 mil millones de pesos.

¿Qué investiga la Fiscalía en este caso?

En octubre de 2015, la Fiscalía capturó a un grupo de abogados y funcionarios judiciales, quienes presuntamente a través de procesos ejecutivos laborales lograban el cobro de dinero, que se hallaba en una entidad bancaria.

La investigación, adelantada por la unidad de corrupción de la Fiscalía, señaló que entre 2010 y 2012 se tramitaron irregularmente en el juzgado civil del circuito de Lorica (Córdoba) varios procesos con poderes falsos, así como también resoluciones supuestamente expedidas por la Secretaría de Educación Departamental de Córdoba reconociendo ajustes pensionales a docentes, también falsos, y resoluciones de la secretaría de Educación Municipal sin cumplimiento de los requisitos de la Ley 962 de 2005.

Según la Fiscalía, los casos llegaban al juzgado civil de Lorica, y una serie de abogados y otros funcionarios, con documentos falsos, emprendían el reconocimiento y pago de pensiones ante ese juzgado, que hizo pagar una suma aproximada a los 80 mil millones de pesos al Estado.

El abogado Jaime Lombana, denunció al senador del Partido de la U, Armando Benedetti manejaba junto con el senador Bernardo ‘El Ñoño’ Elías y el senador Musa Beisaile, el FONADE y se benefició de recursos del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio de Córdoba.

Lombana pide a la Corte Suprema investigue «cómo le vendió los cupos indicativos que le entregó el Gobierno a su íntimo amigo el senador Besaile, manejándolos a través del FONADE, consumando un delito de enriquecimiento ilícito en concurso heterogéneo con el delito de cohecho».

Y asegura: «Benedetti se benefició de las entregas o pagos burocráticos del Gobierno a su colega el senador Bernardo Elías y de los millonarios contratos entregados por FONADE a los integrantes del «Cartel de la Toga» y muy probablemente ahí encontramos parte de la explicación de por qué las investigaciones contra el senador siguen en silencio».

Lombana también pide que se investiguen las acusaciones que hay frente a la exigencia que habría hecho el congresista para que le dieran el 20 % del dinero «estaba siendo robado» al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio de Córdoba y que un enviado de él habría recibido 2 mil millones de pesos.

Y en este mismo sentido afirma que se revise la salida del expresidente de la Fiduprevisora Hernando Francisco Chica Zucardi y de un funcionario que hacía las evaluaciones técnicas y jurídicas de la contratación de Fiduprevisora y que se retiró por presuntas presiones del senador.

Además, pide que se revise el presunto beneficio que habría tenido por tramitar Ley del certificado de aptitud psicofísica para el porte y tenencia de armas de fuego dado a que una de las dos empresas que expiden este documento tendría una estrecha relación con el senador.

Mientras tanto en los pasillos del Congreso, los funcionarios de las UTL , vienen realizando una «polla», sobre la suerte final en materia judicial del senador Benedetti.

Internet