«Tenemos que decirle al país que la vía Bogotá–Villavicencio es tierra de nadie, es tierra de desesperanza, no es posible que a la fecha no existan obras de estabilización para evitar que las lluvias afecten este corredor y se reduzcan los cierres», dijo el Gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey.
Uno de los emblemáticos monumentos a la corrupción en Colombia es la vía al llano, la cual se han despilfarrado miles de millones de dolares sin que hasta la fecha se pueda transitar por esa vía, que permanentemente presenta cierres
Hace unos días se reveló en el Senado de la República cómo un error de diseño causó el desplome del puente Chirajara. El debate me llevó a revisar el contrato 444 de 1994, por el cual Coviandes, concesionario controlado por Epiandes, propiedad de Corficolombiana, explota la vía que une a Bogotá con los Llanos Orientales.
El 444 tiene setenta y cinco otrosíes, su duración inicial era de dieciséis años y ya va en veinticuatro y contando y su valor a precios de hoy pasó de medio billón a tres billones, seis veces más. Gracias a la constante ampliación de su objeto y de otras dos concesiones viales que se le derivaron, las empresas de don Luis Carlos Sarmiento Angulo (LCSA) multiplicaron por veintidós el ingreso original y acapararon el usufructo de la vía al Llano hasta el año 2054. ¡Bienvenidos a las concesiones eternas! Por sesenta años se dará un inmenso traslado de rentas públicas y privadas a un intermediario financiero que en las vías nacionales repite el modus operandi de las EPS, con la diferencia de que en vez de chuparle recursos al derecho a la salud, se lo hace al de la libre circulación.
Los analistas que evalúan las emisiones de deuda de Coviandes coinciden en señalar las prebendas del concesionario: tiene garantizado un tope mínimo de ingreso por concepto de peajes, el Estado o los usuarios de la vía le solventan las obras y opera con absoluta exclusividad la arteria que conecta a la capital del Meta con la del país. Generosas gabelas dadas a dedo al 444 que los gobiernos de Uribe y Santos ampliaron hasta el paroxismo de la confianza inversionista.
Al contrato madre se le agregaron adendas con dividendos en tiempo, dinero e ilegítimos beneficios legales. En enero de 2010, el gobierno Uribe le entregó a Coviandes el adicional No. 1 con el que aumentó el monto del contrato en 500 por ciento, diez veces más de lo permitido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, y garantizó una rentabilidad real mínima de 11,33 por ciento. Fue extendida así la vida de la concesión hasta 2023. Acto seguido, nuevas obras, como la segunda calzada en el sector El Tablón-Chirajara, ampliaron lo pactado en 1994. Otrosíes abusivos como el adicional No. 1, que incumplen principios legales como los de la selección objetiva, la transparencia y la libre competencia, impusieron más cargas pagadas con peajes y con recursos públicos.
En la era Santos se le otorgaron al dueño del 444 tres obsequios más: el primero, un inmerecido contrato de estabilidad jurídica tramitado por el Fiscal Néstor Humberto Martínez; el segundo, la APP Chirajara-Fundadores (Concesionario Coviandina) por valor de cinco billones de pesos con vencimiento en 2054; y el tercero, la APP Villavicencio-Yopal (Concesionario Covioriente), que cuesta 2,9 billones de pesos y supuestamente acaba en 2044. Coviandina y Covioriente son propiedad de Episol (que también está en la Ruta del Sol II) y Concecol SAS, ambos de Corficolombiana, es decir, de LCSA, quien a este ritmo se convertirá en el señor de los caminos, de los Llanos Orientales y de todo el país. A propósito: los candidatos presidenciales Duque y Vargas, ambos herederos de este legado, ¿romperían este record de desmedidas dadivas?
La nueva modalidad de concesiones pasó de las garantías de ingreso mínimo por peajes al mecanismo de compensación por riesgos, que en la práctica hacen lo mismo y les posibilitan al sector bancario y a los fondos de inversión obtener rentas colocando títulos que los dejan capturar un porcentaje de los ingresos del proyecto y lograr otros con su circulación en el mercado secundario de valores, todo con cargo al Presupuesto y a los usuarios de la vía.
Los modelos de contrato estatal (1G, 2G, 3G y 4G) creados a la medida de los concesionarios construyeron vehículos jurídicos y económicos del gran capital financiero, que los emplea para obtener contratos obra de pública bajo la modalidad de costos reembolsables (como en Reficar) y embolsillarse rentas que en otras circunstancias se las quedarían constructores, usuarios de las vías y el Estado, quienes respectivamente podrían destinarlos a inversión productiva, consumo o ahorro, y a satisfacer otras necesidades de la sociedad.
El negocio financiero hecho a partir de concesiones viales como la de Coviandes permite emitir bonos de deuda que pagan rentabilidades reales superiores al cinco por ciento, garantizadas con los peajes más costosos de Colombia. Por cada kilómetro recorrido los viajeros cotizan en promedio 435 pesos, cincuenta y nueve por ciento más de los que se pagan en la concesión Manizales-Pereira-Armenia. Los peajes de Coviandes (Pipiral, Boquerón 1 y Naranjal) en 2017 recaudaron 221.000 millones de pesos, el 14 por ciento del total del país y desde 1999 le han reportado al concesionario ingresos por 2,33 billones de pesos, que anualmente crecen a una velocidad media 2,78 veces superior a la de la inflación.
La vía que une a Bogotá y Villavicencio da acceso al 70 por ciento de la oferta nacional de arroz secano, al 21 por ciento del inventario bovino del país, al 70 por ciento de la carne que se consume en Bogotá y al 73 por ciento de la producción diaria de petróleo . Un corredor estratégico que se le entregó por sesenta años a un conglomerado de concesionarios que obtiene abusivas ganancias financieras con la explotación de un monopolio público.
Un pronunciamiento sobre la mencionado vía lo hizo de manera contundente el Gobernador de Cundinamarca Jorge Rey:
«Tenemos que decirle al país que la vía Bogotá–Villavicencio es tierra de nadie, es tierra de desesperanza, no es posible que a la fecha no existan obras de estabilización para evitar que las lluvias afecten este corredor y se reduzcan los cierres. Lo contingente se volvió permanente».
Con estas palabras, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, se refirió a la emergencia que se presenta por el cierre de este corredor, que hasta el momento deja pérdidas por más de $50.000 millones y en las próximas horas impactará en la canasta familiar con un incremento entre el 20 y 30% del valor en productos como plátano y yuca, que ingresan por este corredor.
El mandatario departamental manifestó con preocupación que en el nuevo contrato de concesión con Coviandina, que arrancará el 1° de enero de 2019, no están consideradas las obras de infraestructura requeridas, lo que significa que continuarán los cierres prolongados en época de lluvias, motivo por el cual se realizará una reunión con el Ministerio de Transporte, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), con el fin de evaluar cuándo empezarán a ser removidos los taponamientos en este importante corredor.
«Definitivamente, el Ministerio de Transporte tiene que insistir en la reestructuración del contrato de concesión que firmó para este tramo; si no se incluyen las obras de estabilización, la historia que hemos vivido durante los últimos 20 años va a ser la misma para las próximas décadas. Los municipios del Meta quedarán incomunicados, así como gran parte de la población del oriente cundinamarqués que continuará sufriendo por la falta de previsión», agregó Rey.
Diagnóstico de las emergencias:
Luego de adelantar un consejo extraordinario de gestión del riesgo por más de 3 horas, este es el diagnóstico de las principales emergencias en el oriente de Cundinamarca:
Guayabetal: afectación de 24 acueductos, 17 veredas están incomunicadas, 206 familias evacuadas, 16 con pérdida total de sus viviendas y 75 más se encuentran en grave riesgo. La localidad se encuentra si agua, gas y luz en gran parte del territorio.
Chipaque: 17 vías terciarias incomunicadas por pérdida de la bancada, 20 familias afectadas y evacuadas. Productores agrícolas de la región damnificados por dificultad para sacar sus productos.
Choachí: vías que comunican al municipio con otros de la región se encuentran parcialmente incomunicados por deslizamientos de tierra y caída de rocas. La economía del territorio en riesgo por traslado de alimentos de manera intermitente. El corredor vial con Bogotá está con paso restringido con manejo de tráfico de la concesión perimetral de oriente. De esta emergencia se afectan también los municipios de Fómeque y Ubaque.
Plan de choque para atender las emergencias
Luego del análisis de estas y otras situaciones de emergencia, el Consejo Departamental extraordinario adoptó las siguientes medidas para atender de manera inmediata a los afectados en los municipios de la provincia de Oriente.
- En materia de movilidad la Administración Departamental –a través del Instituto de Infraestructura y Concesiones (ICCU)- dispondrá de maquinaria amarilla para remover el material que mantiene incomunicadas más de 21 veredas en vías terciarias e intermunicipales. Por su parte, las Empresas Públicas de Cundinamarca, ya cuenta con carrotanques listos para suministrar agua potable mientras se adelantan labores para restablecer los sistemas de acueducto. Es importante anotar que las ayudas llegarán cuando se habiliten las vías.
- En salud, los hospitales de Guayabetal y Quetame se encuentran incomunicados y por ello se ha solicitado al Ejército Nacional, a través de su Décimo Tercera Brigada, se presté apoyo de traslado en helicóptero para pacientes con emergencia vital hacia Bogotá o Villavicencio, así mismo se solicitó a la UNGRD y a la Fuerza aérea, coordinar acciones en articulación con la Uaegrd para atender alguna situación crítica.
- En el transcurso del día, a través de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca (Uaegrd), con apoyo de la Cruz Roja, se entregará ayuda humanitaria a las familias damnificadas. Las ayudas humanitarias para los damnificados serán recibidas en el Comando de la Policía de Cundinamarca en Bogotá (carrera 58 # 9-43), localidad de Puente Aranda. Mayor información en el teléfono 312-4342598 con Fabián Herrera.
Los constructores de la vía al llano han cometido toda clase de irregularidades y el gobierno se dedica a protegerlos en contra de la ciudadanía.
