Amnistía Internacional registró 2.591 condenas a muerte en 53 países en 2017, lo que supone un descenso considerable con respecto a la cifra récord de 3.117 condenas a muerte registrada en 2016.
Las ejecuciones y las condenas a muerte han disminuido en todo el mundo tras haber alcanzado máximos históricos en años anteriores.
Durante 2022 se han presentado 11 ejecuciones mientras en 2017 se registraron 993 ejecuciones en 23 países. Se trata de una reducción del 4% respecto a 2016, con 1.032 ejecuciones, y del 39% respecto a 2015, cuando la organización informó de la cifra más elevada desde 1989.
Amnistía Internacional registró 2.591 condenas a muerte en 53 países en 2017, lo que supone un descenso considerable con respecto a la cifra récord de 3.117 condenas a muerte registrada en 2016.
Información por países
La mayoría de las ejecuciones tuvieron lugar en China, Irán, Arabia Saudí, Irak y Pakistán, por este orden.
China siguió siendo el mayor ejecutor del mundo, aunque se desconoce la verdadera magnitud del uso de la pena de muerte en ese país, pues los datos al respecto están clasificados como secreto de Estado. En la citada cifra global de al menos 993 ejecuciones no están incluidas las miles que se cree que se han llevado a cabo en China.
Excluyendo a China, el 84% de las ejecuciones conocidas tuvieron lugar en tan sólo cuatro países: Arabia Saudí, Irán, Irak y Pakistán.
Irán ejecutó al menos a 507 personas, el 60% del total de ejecuciones confirmadas en Oriente Medio y el Norte de África. Al menos cinco personas fueron ejecutadas por delitos cometidos cuando eran menores de 18 años, y otras 80, como mínimo, permanecían condenadas a muerte.
Arabia Saudí ejecutó a 146 personas, el 17% del total de ejecuciones confirmadas en la región y un número levemente inferior al alcanzado en 2015 (158), que constituyó la cifra más alta registrada en ese país desde 1995.
Estados Unidos siguió siendo el único país de América que llevó a cabo ejecuciones por noveno año consecutivo. El número de ejecuciones (23) y condenas a muerte (41) en Estados Unidos aumentó ligeramente respecto a 2016, pero siguió estando dentro de las tendencias históricamente bajas de los últimos años.
Como métodos de ejecución se utilizaron la decapitación, el ahorcamiento, la inyección letal y muerte por arma de fuego.
En Irán se llevaron a cabo al menos 31 ejecuciones públicas.
En muchos países donde hubo condenas a muerte o ejecuciones, los procedimientos judiciales no cumplían las normas internacionales sobre juicios justos. Tal incumplimiento supuso la obtención de «confesiones» mediante tortura u otros malos tratos; esto sucedió, entre otros lugares, en Arabia Saudí, Bahréin, China, Irak e Irán.
Mucho por hacer contra la pena de muerte
A pesar de la mejora de los datos, el informe nos muestra que queda mucho por hacer: numerosos países siguen poniendo en práctica la pena de muerte sin restricciones y, al final de 2017, se tenía constancia de que había al menos 21.919 personas condenadas a muerte.
Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Kuwait reanudaron las ejecuciones en 2017. Se duplicaron, o casi se duplicaron, en el Estado de Palestina, de tres en 2016 a seis en 2017; en Singapur, de cuatro a ocho; y en Somalia de 14 a 24.
El número de estados de Estados Unidos que llevaban a cabo ejecuciones aumentó de cinco en 2016 a ocho, al reanudar Arkansas, Ohio y Virginia las ejecuciones tras una pausa de varios años.
En 15 países se condenó a muerte o ejecutó a personas por delitos de drogas, contraviniendo así el derecho internacional. La región de Oriente Medio y norte de África registró la cifra más alta de ejecuciones relacionadas con las drogas en 2017, mientras que Asia y Oceanía fue la región con mayor número de países que utilizaron la pena capital para ese tipo de delitos (10 países de 16).
En muchos países donde hubo condenas a muerte o ejecuciones, los procedimientos judiciales no cumplían las normas internacionales sobre juicios justos. Tal incumplimiento supuso la obtención de «confesiones» mediante tortura u otros malos tratos; esto sucedió, entre otros lugares, en Arabia Saudí, Bahréin, China, Irak e Irán.
¿Qué hace Amnistía Internacional contra la pena de muerte?
Poco después de su creación, en 1961, Amnistía Internacional comenzó a actuar contra la pena de muerte. El abogado británico, Peter Benenson, publicó un llamamiento en el diario londinense The Observer en el que hacía referencia al uso de la pena de muerte contra presos de conciencia: «Abran el periódico cualquier día de la semana y descubrirán que alguien, en alguna parte del mundo, ha sido encarcelado, torturado o ejecutado porque sus opiniones o su religión resultan inaceptables para el gobierno de su país».
Con el tiempo, nuestro trabajo sobre la pena de muerte se fue ampliando. La organización comenzó su campaña global contra la pena de muerte en 1977. En aquel momento, la pena capital estaba abolida solo en 16 países. Cuarenta años después, 142 países han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica; 57 países se consideran ahora retencionistas, y el número de los que la siguen utilizando es mucho menor.
Amnistía Internacional sigue trabajando para poner fin a las ejecuciones y en favor de la abolición de la pena de muerte en todo el mundo y en toda circunstancia. La organización considera que es un castigo inhumano e innecesario, que supone una violación de dos derechos humanos fundamentales: el derecho a la vida y el derecho de toda persona a no ser sometida a penas crueles, inhumanas o degradantes.
