Llanto en la fiscalía

La fiscal Viviane Morales Hoyos,  quienes se encontraban reunidos cuando el Consejo de Estado falló anulando su elección como fiscal, lloraron al  enterarse de la determinación. Una fuente cercana a la fiscal reveló que no esperaban dicho fallo, incluso tenían la intensión de buscar el periodo completo cuando los medios de comunicación revelaban que sería recortado. Hoy la fiscal acudirá a su despacho para retirar sus pertenecías personales.

 

Pabón se despachó

Germán Pabón el fiscal que logró enviar a la cárcel a los Nule, anoche dijo a se hizo justicia a raíz del fallo del Consejo de Estado que anuló la elección de la fiscal general de la nación, Viviane Morales Hoyos. “Colombia gana con esa determinación, necesitamos una fiscalía honesta y transparente”, anotó quien fue destituido de manera fulminante. “Dios es grande e imparte justicia”, finalizó diciendo Pabón Gómez

 

Nueva falsa desmovilización

Un nuevo lío jurídico tendrá que afrontar el excomisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, ante presuntas irregularidades durante otra desmovilización ocurrida en el año 2007. Leyer García Murillo, alias «John Fredy», desmovilizado le dijo a la Fiscalía que le propusieron realizar una falsa desmovilización, durante un encuentro que tuvo con Restrepo en la cárcel de Chiquinquirá, donde purga una sentencia de 40 años. «Me ofrecieron traslado de cárcel, adonde yo deseara», dijo el nuevo testigo de la Fiscalía, en el juicio que se adelanta contra Luis Carlos Restrepo.

 

Doble militancia

En una jurisprudencia del Consejo de Estado se estableció que la doble militancia no es causal para la pérdida de una curul. La sentencia proferida, que no le quita la investidura al congresista Luis Enrique Dussán, que incurrió en doble militancia, por cuanto la Constitución Política no establece que la doble militancia genera la pérdida de la investidura de los congresistas.

 

Nuevas «chuzadas»

Una controversia surgió entre la excongresista Piedad Córdoba y el Gobierno nacional, al rumorarse que la dirigente es nuevamente víctima de seguimientos y «chuzadas». El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, en representación del Gobierno nacional, aseguró que  la exsenadora Piedad Córdoba no es objeto de seguimientos e interceptaciones ilegales. Dijo que no es política del Gobierno hacer interceptaciones telefónicas.

 

Desmantelados hospitales

El secretario de Salud de Bogotá, Guillermo Alfonso Jaramillo,  acusó a Ana Karenina Gauna, liquidadora, de estarse apoderando de los hospitales San Juan de Dios y Materno Infantil. «La liquidadora se ha ido tomando la institución por pedazos, a tal punto que hoy amenaza y arrastra a la ruina», afirmó el funcionario.  Y, luego, agregó: «Hay una acción irregular, porque vendió indebidamente un lote al cancerológico del complejo San Juan de Dios; y un parqueadero, al Materno Infantil».

 

«Mafias se apoderan de fiscos municipales»

La denuncia fue hecha por el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, quien reveló un cúmulo de demandas, muchas de ellas por parte de personas inescrupulosas, que desangran el erario. Vargas Lleras agregó que en muchas ocasiones los embargos obedecen a demandas temerarias, y puso como ejemplo puntual el de demandas por asuntos laborales. «Existen casos en los que no se tramita oportunamente el pago de algunas cesantías y queda la persona devengando brazos caídos por años y años. Viene la demanda, y así es como se desangran los fiscos municipales».

 

Rumores

La circulación de mucho dinero para evitar la cárcel de los contratistas del «carrusel», se conoció en medios judiciales. Los recursos económicos estarían destinados a buscar, a través del soborno, penas irrisorias que, en muchos casos, se podrían pagar en su respectiva residencia. Por esta situación la Procuraduría se opone rotundamente al acuerdo de la justicia con el contratista Julio Gómez, quien confesó varios delitos, y quien tendría una sentencia de tres años. Es decir, con el acuerdo no pisaría la cárcel, y disfrutaría de su inmensa fortuna.

 

Derrota al procurador

La Corte Constitucional no accedió a la nulidad que solicitó el procurador, Alejandro Ordóñez Maldonado, para dejar sin piso el fallo de este mismo tribunal, que señala como derecho fundamental la interrupción voluntaria del embarazo. La Corte clarificó que el procurador no puede investigar a médicos o funcionarios que aparezcan en los procesos de tutela. En consecuencia, quedó firme el derecho fundamental a la interrupción voluntaria de un embarazo.