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EDITORIAL

 

Diez años después

Durante el gobierno del presidente Andrés Pastrana Arango se buscó de manera audaz la paz de los colombianos. Pero el resultado fue un estruendoso fracaso que, hoy, diez años después, lo reconoce el mismo expresidente conservador.

A partir de ese instante, el conflicto interno se ha agudizado por cuanto salieron otras agrupaciones de extrema derecha, para combatir las agrupaciones de extrema izquierda; y el país sigue protagonizando una guerra interna, que arroja decenas de miles de muertos, además del desplazamiento de cuatro millones de compatriotas, según las estadísticas que se llevan sobre ese tema.

La gente del campo, obligada por los continuos enfrentamientos, se ha visto obligada a desplazarse a las ciudades, donde el cinturón de miseria se ha incrementado de manera impresionante.

Bogotá es una de las ciudades adonde a diario llegan centenares de personas que huyen de la violencia para salvar sus vidas. Las condiciones en que llegan los desplazados son precarias: sin vivienda, salud, educación, servicios públicos, y, sobre todo, sin fuentes de trabajo.

La guerra que vive Colombia desde hace más de medio siglo ha originado que los recursos destinados para la educación, vivienda, salud, entre otros componentes, se vean afectados por cuanto la mayor parte del presupuesto está destinada a atender los gastos billonarios que demanda la absurda confrontación entre los propios colombianos.

Ahora, el Estado colombiano está empeñado en pagar la deuda social con las víctimas del conflicto, con lo cual logrará  cumplir el primer paso, que fue la expedición de la Ley de víctimas.

En verdad ha sido imposible su puesta en marcha, por los múltiples crímenes que se  cometen  contra los líderes de las organizaciones que defienden el derecho de las víctimas; unos han sido ultimados, y otros, amenazados. Las autoridades están en mora de prestarles la seguridad del caso, para evitar que se sigan cometiendo toda clase de desafueros.

Algunas voces están solicitando adelantar una negociación que permita acabar con el baño de sangre que vive nuestro país, donde, según las cifras, durante los últimos años han muerto varios  miles de miembros de las Fuerzas Armadas, en su mayoría humildes campesinos y trabajadores.

Es hora de solicitar la presencia internacional para acabar de una vez por todas estos conflictos, que se han vuelto el negocio de la gallina de los huevos de oro para unos cuantos, en contra del interés de todos los colombianos de bien.

¿Este Gobierno será audaz para buscar de una vez la solución final?