El jurista y representante a la Cámara Germán Navas Talero denunció a la Juez  Carmen Johana Rodríguez, quien revocó  la medida de aseguramiento que cobijaba al excomisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo

La juez  Carmen Johana Rodríguez, tendrá que afrontar una denuncia por los presuntos delitos de prevaricato y abuso de autoridad.

Por los presuntos delitos de abuso de autoridad, omisión de denuncia y prevaricato, fue denunciada la juez de conocimiento, Carmen Johana Rodríguez, quien revocó recientemente la medida de aseguramiento que cobijaba al excomisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo y a alias Olivo Saldaña, responsables de la supuesta desmovilización del bloque Cacique La Gaitana.

Los Representantes a la Cámara Germán Navas Talero e Iván Cepeda, basaron su denuncia en un informe emitido por Noticias Uno, en el cual se establece que la juez Carmen Johana Rodríguez, a pesar de haber tenido contacto directo con traficantes de armas en el mercado negro, “omitió dar cuenta a las autoridades inmediatamente de este ilícito”.

La funcionaria además -de acuerdo al noticiero- guardó dicha información, para utilizarla posteriormente, durante la argumentación que utilizó para el fallo revocatorio de la medida de aseguramiento, dictada en contra de Luis Carlos Restrepo en el proceso que se le adelanta por la falsa Desmovilización.

Según Navas y Cepeda, resulta “criticable la actitud de la juez”, más cuando tuvo todo el tiempo disponible, incluso para comparar las armas verdaderas con las de madera, así como sus costos, pero terminó guardó silencio ante estos delitos.

Por otra parte, los parlamentarios citan en su acusación las declaraciones del abogado Ramiro Bejarano, en las cuales afirma que la intervención de la juez “tiene un tinte político antes que jurídico” en donde se podría inferir determinados intereses, probablemente, por las estrechas  relaciones del padre de la funcionaria con el gobierno del expresidente Uribe.

Para finalizar, Navas Talero y Cepeda Castro, denuncian el desconocimiento de pruebas por parte de la juez y le solicitan a la Fiscalía que investigue y aclare estos hechos, ya que de ser ciertos, podrían hacer ilícita la providencia que benefició al excomisionado.