El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC- informó que se llevó a cabo un operativo junto con la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, para establecer si el sujeto que se movilizaba en un vehículo Toyota Lexus, cerca a la discoteca Jennylao, ubicada en la carrera 70 con circular segunda 36 en la ciudad de Medellín, era Wiston Leonel Torres Moreno, alias ‘el Abogado del Diablo’,  beneficiario de la medida de prisión domiciliaria proferida por el Juzgado Primero Penal de Quibdó, en virtud a una supuesta grave enfermedad.

Teniendo en cuenta que a pesar de las verificaciones realizadas en el domicilio registrado se constató en ocasiones la permanencia del interno, existían informaciones de constantes transgresiones (evasión en el domicilio) que, a la fecha, no habían podido ser confirmadas.

Tras el operativo de verificación se pudo establecer el incumplimiento de la medida, el cual quedó debidamente registrado en los reportes de la Policía Nacional, así como en el PDA del patrullero que solicitó el documento de identidad para verificar antecedentes, y en el aplicativo desarrollado por la oficina de Telemática del Inpec y la Policía Nacional, que desde hace varias semanas permite verificar -en el mismo dispositivo- los 26.500 internos que gozan del beneficio de detención o prisión domiciliaria.

La Policía Nacional puso a disposición del establecimiento carcelario de Itagüí, Antioquia, al interno en mención. Sin embargo, teniendo en cuenta que la transgresión de la prisión domiciliaria no está tipificada como delito, el Inpec lo trasladó hasta su domicilio.

Hoy se oficiará a la autoridad competente para que confirme o revoque la medida de prisión domiciliaria.

Es necesario aclarar que se establece la veracidad de un supuesto documento que el interno presentó a las autoridades, firmado al parecer por un funcionario, que otorgaba el permiso de desplazamiento. No obstante, el único que puede otorgar esta clase de beneficios es el juez.

El presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Wilson Ruiz Orejuela, ordenó al  Consejo Seccional de Antioquia adelantar una investigación para establecer si se cumplieron las normas para otorgar una domiciliaria a ‘el abogado del diablo’.