La cocaína ha sido la maldición para Colombia. Mientras unos pocos narcotraficantes se han beneficiado la inmensa mayoría ha sido damnificada.

 

«Aspiramos a un país sin coca, a la que se le den usos ilícitos; aspiramos a un país con coca para usos alimenticios, medicinales e industriales, y de reconocimiento pleno y respeto a los usos culturales que nos enseñan nuestras comunidades indígenas ancestrales».

 

La Habana, Cuba

Al iniciar el tema de las drogas ilícitas dentro de los diálogos que se adelantan entre el Gobierno colombiano y las FARC se presentaron aspectos relacionados para solucionar el flagelo de las drogas. El análisis y la  propuesta de las FARC  fueron presentados en los siguientes términos:

«La construcción de acuerdos sobre el cuarto punto de la Agenda, tercero en la discusión, demanda esfuerzos por superar caracterizaciones simplistas del problema, que pretendan  reducirlo a un asunto de campesinos productores de «cultivos ilícitos» frente a los cuales debe imponerse la política criminal del Estado. Con miras a ello, la delegación de las FARC-EP propone algunos contornos necesarios para una discusión que vaya a la raíz del problema y contribuya de esa manera a la formulación de propuestas comprensivas y ajustadas a la realidad de la problemática social que hay en la tras escena, en la búsqueda de un necesario acuerdo político en esta materia.

El problema de las llamadas drogas ilícitas debe abordarse como algo consustancial al modo de producción capitalista y, en especial, a sus formas criminales. Se trata de un negocio corporativo transnacional, cuya mayor expansión se origina en las demandas crecientes por nuevas fuentes de acumulación y rentabilidad, en el contexto de la crisis capitalista mundial de 1974-1975. El negocio cubre todas las fases del proceso de producción (producción, circulación, distribución y consumo); se encuentra estimulado por un creciente consumo proveniente de los países del capitalismo central, en especial, de Estados Unidos y Europa, y sobre todo por su carácter ilegal, el cual le confiere altísimas tasas de rentabilidad; se sustenta en una división internacional capitalista del trabajo, en la que los eslabones más fuertes y de mayores dividendos se encuentran en el lavado de dinero, sea a través de «alianzas estratégicas» con empresas capitalistas legales productivas y de prestación de servicios o de su incorporación en los circuitos financieros.

La llamada guerra contra las drogas es en lo fundamental el producto de un diseño geopolítico imperialista, que adquiere mayor sentido y contenido luego del derrumbe del «socialismo realmente existente» en la Unión Soviética y Europa Oriental. Como lo demuestran múltiples documentos de inteligencia estadounidense, tras la desaparición del «enemigo comunista» se hizo necesaria la invención de un nuevo enemigo que justificara la persistencia de los elevados gastos en seguridad y defensa, y posibilitara nuevas formas de la injerencia y la intervención militar, así como de la dominación y control social. La invención del nuevo enemigo se acompañó en nuestro país de operaciones ideológicas de producción lingüística dirigidas contra la guerrilla revolucionaria,  orquestadas por los grandes conglomerados de las comunicaciones: Primero se habló de narco-guerrilla, y luego -cuando se instaló el discurso terrorista- apareció el término de narcoterrorismo.  La «guerra contra las drogas» no ha combatido los componentes más lucrativos del negocio, sino que se ha erigido contra los más débiles.

Como lo demuestran numerosas investigaciones científicas, dentro de las que se destacan los trabajos del profesor Andrew Weil de la Universidad de Arizona, que reafirman y amplían los conocimientos ancestrales de nuestras comunidades originarias, la coca no es la mata que mata. Por el contrario, la hoja fresca o seca alimenta como verdura, harina, infusión o mascándola; sirve como medicina para la diabetes, la obesidad, la gingivitis, inhibe células cancerígenas, atenúa la hipertensión; y se considera como fertilizante natural. Los cultivos de coca no son más que otra de las modalidades de la producción agrícola, con raíces ancestrales y culturales indiscutibles.

Sectores del campesinado colombiano y de algunas comunidades indígenas fueron empujados por la dinámica de la acumulación capitalista al cultivo de la hoja de coca. La imposibilidad de acceder a la tierra por la alta concentración de la propiedad latifundista y por el ejercicio secular de la violencia contra el campo, además de ser una de las causas del surgimiento de las guerrillas revolucionarias, propició procesos de colonización a lo largo y ancho del territorio nacional.

En muchos de los territorios campesinos en los que se han desarrollado los cultivos de hoja de coca, ha habido una presencia histórica de la guerrilla. En ellos avanzamos hacia la construcción de un nuevo poder y sentamos las bases de un Estado guerrillero en formación, en medio de la más intensa confrontación con las fuerzas militares del Estado. Nuestro Comandante Timoleón Jiménez ha dicho con razón que «no teníamos ni el derecho ni la vocación de volvernos contra la población con miras a prohibirle la única alternativa de que se derivaba su pírrica subsistencia». Nos vimos obligados a establecer un régimen de tributación y de regulación a las transacciones realizadas por los campesinos, siempre pensando en sus derechos, protegiéndolos frente a abusos de intermediarios y narcotraficantes, sin desatender nuestro propósito político mayor: La toma del poder y la construcción de la Nueva Colombia.

Las clases dominantes y sus gobiernos de las últimas décadas, en lugar de enfrentar las causas estructurales que dieron origen a los cultivos campesinos de hoja de coca usados con fines ilícitos, esto es, de poner en marcha la realización de una reforma agraria integral, se allanaron por completo a la estrategia imperialista estadounidense de la «guerra contra las drogas».

Es indiscutible que se está frente a un incremento del consumo de drogas psicoactivas a nivel mundial y de manera especial en los países del capitalismo central. Son múltiples las causas que lo explican; pero en lo esencial, más allá de situaciones particulares, éstas se encuentran en la naturaleza misma de la sociedad capitalista que no ofrece una perspectiva humana y humanista frente a la vida y el trabajo, especialmente para las nuevas generaciones. Las rentabilidades espectaculares que produce el consumo han desatado múltiples fuerzas para estimularlo y ampliarlo a través de los más variados mecanismos, constituyendo organizaciones empresariales criminales orientadas a ese propósito. El prohibicionismo es una fiel representación de la doble moral promovida por la formación capitalista. Al tiempo que se estimula el consumo por los rendimientos que éste produce, se persigue, estigmatiza y criminaliza a los consumidores, convirtiéndolos en foco de las políticas de «seguridad ciudadana»; en sentido estricto, en objetos de políticas de dominación y control social.

Tras décadas de «guerra contra las drogas», sus beneficiarios saltan a la vista y no han sido precisamente los campesinos, ni los consumidores, ni las guerrillas revolucionarias. La presencia e intervención militar estadounidense se han intensificado hasta poner a disposición gran parte del territorio nacional al servicio de sus intereses geopolíticos; la desocupación forzada de territorios ha generado desplazamientos internos y producido alistamientos para la explotación de la riqueza natural minero-energética por parte de empresas transnacionales, el desarrollo de megaproyectos infraestructurales y la promoción de cultivos de larga duración para la producción de agrocombustibles; el negocio financiero se ha visto incentivado por la incorporación de los capitales ilícitos en sus circuitos.

De nuestra parte, desde la Octava Conferencia Nacional realizada en 1993, hemos insistido en que este problema, de naturaleza social, no puede ser resuelto por la vía militar. Esta posición la reafirmamos en los diálogos de San Vicente del Caguán, en los que nuestro Comandante Manuel Marulanda Vélez presentó los fundamentos de una propuesta de desarrollo alternativo, que continúa vigente en aspectos esenciales y sirve de referente para ser complementado y rediseñado en La Mesa de conversaciones. La inclusión de este tema en la Agenda pactada por la partes es un reconocimiento del fracaso de la política antidrogas y de la necesidad de encontrar, también en este campo, una salida que contribuya a poner fin a la profunda injusticia a la que han sido sometidas las comunidades campesinas. Las propuestas que presentaremos recogen no sólo las aspiraciones inmediatas del campesinado en esta materia, sino aquellas con las que nos hemos comprometido a lo largo de nuestra lucha. También expresan nuestra preocupación por considerar el consumo de drogas psicoactivas desde la perspectiva de la salud pública. Aspiramos a un país sin coca, a la que se le den usos ilícitos; aspiramos a un país con coca para usos alimenticios, medicinales e industriales, y de reconocimiento pleno y respeto a los usos culturales que nos enseñan nuestras comunidades indígenas ancestrales. Deseamos un país sin cocaína, aunque somos conscientes que ello depende más bien de regulaciones y definiciones de alcance global por parte de todos los Estados que de manera directa o indirecta se encuentran involucrados en la organización de esta empresa capitalista transnacional de carácter criminal.

Las drogas y la política

Para la delegación de paz de las FARC  El narcotráfico ha sido uno de los financiadores de los partidos tradicionales colombianos -liberal, conservador y demás especies-, desde la época de la bonanza marimbera en los años 70.

Sostienen que  el fenómeno se dio primordialmente en la Costa Caribe donde  reconocidos actores del narcotráfico como Luquita Cotes, Lucho Barranquilla, el famoso  «Maracas” y las familias Cárdenas y Valdeblanquez, quienes protagonizaron una guerra de hechos atroces.

En esa época ya los políticos tradicionales se «untan» de narcotráfico, y es así como los políticos hacen sus primeras incursiones en el negocio de la droga de la mano de  «Maracas». Ésta experiencia le permite años después abrazar como  «normal” el narco-para-militarismo de Hernán Giraldo, siendo éste un «consentido» de la clase política de Santa Marta, sostienen los insurgentes.

Denuncian que las mafias del narcotráfico siguen embarcando millones de kilos de cocaína hacia Europa y Estados Unidos, lo cual le significa millones de dólares, que según Noam Chomsky por el año 94 significaba la llegada subterránea a la economía mundial de más de 750 mil millones de dólares, lógicamente que 80% del negocio era manejado por los grandes bancos estadounidenses.

Los ríos de dólares les muestra a los politiqueros tradicionales el filón ante el cual estaban y con las bandas de narco-paramilitares que los capos manejaban les garantizaban el control armado de los pobladores de sus zonas, lo cual significaba votos y expoliación de tierras.

Afirman que muchas de las campañas políticas son auspiciadas por el narcotráfico en la actualidad.

 El masivo consumo de drogas en Estados Unidos y Europa afectan a los demás países del mundo que se convierten en productores para atender la demanda de los consumidores.

 

 Recursos económicos especialmente en dólares, son utilizados para la actividad política en Colombia