ONU mediadora en El Catatumbo

Las Naciones Unidas entraron a mediar para facilitar la reanudación del diálogo entre el Gobierno y las fuerzas que protestan en el Catatumbo. Todd Howland, representante en Colombia del alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, considera que la crisis ha sido originada por un asunto de «terminología» (semántica). En las áreas rurales sigue el desequilibrio social desde hace muchos años. Me refiero al atraso en servicios públicos, educación y salud. Si la gente en Bogotá se queja mucho de la calidad en servicios públicos, imagínese el estado de los servicios en el Catatumbo. La última carta del Gobierno es la presencia del vicepresidente, Angelino Garzón, ante el estruendoso fracaso de Lucho Garzón y Noé Ríos, como conciliadores. El Vicepresidente, logró la reapertura de las vías por espacio de varias horas.

Manipulación

El obispo de Tibú, monseñor Omar Sánchez, confirma que las acusaciones en contra de Piedad Córdoba no son más que un montaje mediático, que lo único que hacen es entorpecer el proceso de diálogos entre voceros del campesinado y el Gobierno en la mesa de interlocución y acuerdo ─MIA─, además de deslegitimar la lucha campesina en el Catatumbo. Lamentó que varios medios de comunicación se presten para aupar este acto, al cual calificó de «extorsionista».

Compras dudosas

El senador Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático, envió hoy una carta al presidente Santos; a la gerente del Incoder, Miriam Villegas; y al superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, para solicitar que se investiguen las compras ilegales de predios hechas a campesinos del Vichada por 35 sociedades anónimas a precios irrisorios –diez y veinte millones de pesos– para vendérselos, al cabo de un mes o  dos meses, a la trasnacional Cargill a 3 000 y hasta a 4 000 millones de pesos.

Robledo insistió en señalar que el diseño de la ruta jurídica de estos negocios fue hecho por Brigard & Urrutia Abogados, la firma de propiedad de Carlos Urrutia, actual embajador de Colombia en Washington.

Las paces

Las relaciones entre el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, y el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, han mejorado considerablemente, y se cree que estarán sellando las paces antes de finalizar el mes de julio. El presidente Santos, durante un acto en el que participaron ambos funcionarios, fue el componedor de estas relaciones, que amenazaban con deteriorarse aún más. La primera señal fue enviada por el alcalde Petro en los siguientes términos: «Podemos, con la anuencia del gobernador de Cundinamarca, repensar el territorio en otros términos, muy lejanos a aquellos en los  que la ciudad de Bogotá, simplemente, anexaba de facto las entidades territoriales vecinas bajo el pavimento por la soberbia». Ahora falta la aceptación del gobernador Cruz.

Millonarios contratos

Preocupación reina entre algunos sectores de los trabajadores del Banco Agrario, por la millonaria contratación que se ha hecho durante los últimos meses en la entidad gubernamental. El Banco Agrario, que tiene vacancia en la presidencia ante el nombramiento del titular como ministro de Agricultura, Francisco Estupiñán, ha hecho contrataciones que comprometen la política del banco por varios años. La contratación ha estado en cabeza de Francisco Solano Mendoza, presidente encargado del Banco Agrario, y quien aspira a ser nombrado en el cargo de presidente titular. Pronto estaremos revelando algunas presuntas irregularidades.

«Programa Inocencia»

El  Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, empezó la implementación del «Programa Inocencia», desarrollado conjuntamente por la Dirección General del Instituto, la Vicepresidencia de la República y la Universidad Manuela Beltrán.

Este programa, del plan de Derechos Humanos del Instituto, busca impulsar una serie de ejercicios cuyo fin es el fortalecimiento de las garantías de los derechos de las personas privadas de libertad, así como optimizar las condiciones que hacen posible su vigencia y que se han determinado en el Plan de deshacinación 2011-2014.

Extradición

La solicitud de extradición de las ocho personas que habrían participado en el homicidio del agente de la DEA, Terry Watson, ha sido objeto de controversia en círculos legales. Estados Unidos ahora exige la extradición al considerar que el agente Watson llevaba un iPad, cuyo contenido es información clasificada que puede poner en peligro la seguridad de Estados Unidos. Entre los antecedentes se destaca que en 1998 el agente de la DEA Frank Moreno, fue baleado en la «zona rosa» de Bogotá. Por este caso, Jorge Enrique Figueroa Monroy, alias Toto, está pagando una larga condena en una cárcel de alta seguridad en Estados Unidos.