A pesar del anuncio del Gobierno Nacional sobre la restitución de tierras en varias regiones especialmente en la costa atlántica, en la práctica siguen mandando las bandas criminales que ahora no permiten a las víctimas  ni siquiera el transito por las propiedades donde fueron desalojados

«Aquel que se oponga a la Restitución de forma violenta, será puesto en manos de las autoridades»: Ricardo Sabogal Urrego

 Ricardo Sabogal Urrego, director de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) aseguró que la captura de Benjamín José Alvarado Bracamonte, alias «Bracamonte», es demasiado importante porque era una de las personas que más se oponía al proceso de Restitución, sobre todo en los municipios de la región de Urabá.

«El esfuerzo que ha hecho la Policía Nacional es gigante, a la hora de capturar a estas personas. Hace unos meses fueron capturados Sor Teresa Gómez y Augusto Castro, alias «Tuto Castro». Se han ido capturando poco a poco y el mensaje es muy claro: Aquel que  se oponga al proceso de Restitución de forma violenta, será puesto en manos de las autoridades”, afirmó el funcionario.

Según las autoridades alias «Bracamonte», quien integraba el cartel de los más buscados por afectación a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, fue capturado en San Andrés de Sotavento, departamento de Córdoba, por uniformados de la Dijin, que conforman el grupo especializado en temas de Restitución. Alvarado Bracamontetiene en su contra varios procesos por los delitos de homicidio, concierto para delinquir y homicidio en persona protegida.

Para el Director de la URT, después de estas capturas «los beneficiarios de Restitución adquieren más confianza y pierden el miedo a reclamar; la gente se acerca a las instalaciones de la Unidad y realiza sus reclamaciones y así la gente puede regresar a las tierras que les fueron despojadas o que tuvieron que abandonar por la presión de los grupos armados ilegales».

Otras capturas

En zona rural del municipio de Yumbo (Valle del Cauca), la Fiscalía General de la Nación en coordinación con la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional (Dijin), capturó a Sor Teresa Gómez Álvarez, por su relación con el homicidio de Yolanda Izquierdo, líder de restitución de tierras en el departamento de Córdoba, ocurrido en el año 2007. Sor Teresa está acusada de concierto para delinquir, desplazamiento forzado y extorsión.

En los años 90, se relacionó con los hermanos Castaño Gil, cuyo accionar armado favoreció el surgimiento de la Fundación para la Paz en el departamento de Córdoba (Funpazcor), de la que fue representante legal. Funpazcor es la responsable de causar el despojo de tierras y el desplazamiento forzado de múltiples familias en el departamento de Córdoba. Además, Sor Teresa estaría relacionada con otra fundación de nombre «Asociación de Productores Agrícolas de Belén de Bajirá (Asoprobeba)», por medio de la cual habría despojado a otros campesinos.

En octubre de 2012 la policía Nacional capturó en Barranquilla a Augusto Francisco Castro Pacheco, conocido como «Tuto Castro», desmovilizado del Bloque Norte de las Autodefensas unidas de Colombia (AUC), y quien estaría relacionado no solo con el despojo de tierras en Magdalena, sino también con las amenazas realizadas a varios reclamantes, en el norte del país.

De los presuntos enemigos de la restitución, son buscados por las autoridades: Ovidio Antonio Mesa Ospina alias «Carranza», en Antioquia; Omar Montero Martínez, alias «Codazzi», y Gildardo de Jesús Villegas Escalante, alias «Daniel», integrantes de la banda criminal «Los Urabeños».

Cooperación Interinstitucional

Los avances en la implementación de la Política de Restitución de Tierras han sido posibles, al decidido apoyo del Ministerio de Defensa Nacional, la Fuerza Pública, la Fiscalía General de la Nación y la Unidad Nacional de Protección.

El Centro de Observación y Seguimiento del Sector Defensa al Proceso de Restitución de Tierras, implementado por el Ministerio de Defensa, ha contribuido a diagnosticar y formular cursos de acción para mejorar los protocolos de coordinación entre la Fuerza Pública en materia de restitución de tierras, articulando y armonizando las capacidades operacionales de manera óptima.

Con la Fiscalía General de la Nación se trabaja decididamente en la evaluación, seguimiento y monitoreo de casos de incidentes de amenazas y homicidios contra líderes y reclamantes de tierras. Dicha gestión ha permitido el análisis puntual de los mismos, logrando a su vez la priorización de las investigaciones relacionadas, la materialización de medidas preventivas y de protección, y la identificación y judicialización de los responsables.

La Unidad Nacional de Protección ha desempeñado un rol definitivo pues ha facilitado canales de comunicación para tramitar los incidentes de amenaza y situaciones de riesgo de reclamantes de tierras, coadyuvantes en la restitución y servidores de la Unidad de Restitución de Tierras. El intercambio y proceso continuos de dicha información permite puntualizar los contextos generadores de riesgo y, en consecuencia, procurar la adopción de las medidas con mayor pertinencia.