COLOMBIA, SIN PRIVACIDAD

Durante los últimos años Colombia ha registrado la peor seguridad jurídica de su  historia, en materia de derechos humanos y privacidad.

Desde el presidente de la República hasta el más humilde de los colombianos no tienen privacidad. Distintos organismos se han especializado en interceptar toda clase de comunicaciones para conocer qué piensan los interceptados.

Pero lo grave es que en muchos casos los equipos y el personal se alquilan a quienes cuenten con los recursos económicos necesarios para pagar estar clase de «servicios».

Las interceptaciones ilegales están a la orden del día. La privacidad se ha acabó. Nadie dice nada porque la ley del silencio está imperando en nuestro país, por temor en unos casos, y porque se generan extorsiones, en otros. Los casos registrados son aberrantes. Las interceptaciones de las comunicaciones se realizan a todos los niveles. Una élite tiene información privilegiada, ilegal y abusiva, que, en muchos casos, se vende al mejor postor.

El hábito de las interceptaciones entró a hacer parte de las actuaciones  mafiosas, que se registran desde hace mucho tiempo en nuestro país. Las interceptaciones se hacen con permiso judicial para realizar algunas investigaciones contra los delincuentes, en unos casos. En otros, los delincuentes tienen interceptadas a las autoridades y conocen con anticipación las acciones que se van a tomar en su contra.

Las autoridades, inicialmente, cuando se descubren esos aberrantes hechos, anuncian la realización de «exhaustivas investigaciones», sin antes anunciar la creación de comisiones; siempre terminan en absolutamente nada. Los infractores de la privacidad ni siquiera son requeridos.

Los equipos de interceptación deambulan a lo largo y ancho del país, sin ningún control, como consecuencia de los obsoletos equipos gubernamentales para detectar estas interceptaciones que se realizan al por mayor en Colombia.

Para sorpresa de las autoridades, los violadores de la privacidad anuncian hasta en clasificados de prensa sus «servicios», especialmente para detectar la infidelidad entre parejas.

Es hora de que en Colombia se legisle en esa materia. Que no se extiendan «cheques en blanco», como la famosa «Ley de seguridad».

Colombia y sus gentes merecemos, como mínimo, la garantía de nuestra  privacidad, un elemental derecho humano.