Geraldine Quintero

Columnista Primicia

No solo siendo un  grito es la voz de la esperanza, la voz de una comunidad que no quiere callar más, frente a tanta injusticia; y no es para menos: tenemos años de historia marcadas por arbitrariedades y abusos, en los cuales nos infunden  miedo para callar y para olvidarlas con resignación.

Mediante aquellos medios de comunicación que son canales y sirven de instrumento de los que dominan el país, o debería decir, medios de desinformación, en donde manipulan el contenido, no quiero realizar juicios de valor pero en nuestro país es lastimoso ver que ciertos canales televisivos, programas de radio y hasta periódicos transgreden el contenido noticioso para favorecer a quien más les convenga.

Un ejemplo claro es la crítica al ciudadano José Gotardo Soto, exoficial de la Policía, por interponer acción de tutela en defensa de su derecho, solo por ser trabajador del Distrito.

La Constitución Política permite que cualquier ciudadano pueda usar la tutela sin discriminación. ¿Por qué estigmatizan? Y ni siquiera la tutela, que es el único recurso que tiene el pueblo para garantizar derechos, se salva de esas campañas de desprestigio.

Ahora bien, si hablamos de vulnerabilidad en cuanto a derechos, entonces somos  el 32.22 % de la ciudadanía capitalina la que se siente afectada e indignada. Esta cifra corresponde al número de votos que alcanzó y que le otorgó el segundo cargo más importante del país a Gustavo Francisco Petro Urrego, alcalde mayor de Bogotá. Hoy me atrevería a asegurar que dicha cifra se ha incrementado, puesto que somos ciudadanos y organizaciones sociales en defensa de un proyecto de ciudad y de la democracia; pero no una fingida, de una real, en donde en verdad se tenga en cuenta la opinión de los votantes y que esta valga más que la opinión de un funcionario que sanciona y destituye por sus creencias personales y por favorecimiento a terceros.

Es claro de quién estoy hablando: del procurador general de la Nación, el señor Alejandro Ordóñez Maldonado, el cual destituyó al alcalde Gustavo Petro por su intervención en el plan de aseo de la ciudad, y, además, lo inhabilitó para ocupar cargos públicos durante 15 años.

En primera instancia, la Procuraduría General de la Nación encontró varias irregularidades en la prestación del servicio de aseo en toda Bogotá, a partir del 18 de diciembre de 2012.

Para Ordóñez, el alcalde incurrió en graves faltas al poner en riesgo la salubridad de los habitantes de la ciudad por iniciar el proceso de recolección con empresas sin ninguna experiencia, incluso, recolectando las basuras en volquetas.

Por otro lado, aseguró que otra de las faltas cometidas fue la compra de vehículos que no se utilizaron y están «a punto de perderse».

Finalmente, dijo el alto funcionario que Petro vulneró la libre competencia.

Yo me pregunto si, acaso, el procurador tuvo la misma severidad para el caso grave del exalcalde Samuel Moreno, quien en realidad robó a la ciudad; en primera instancia lo sancionó por tres meses, y, finalmente, lo inhabilitó por un año. ¿Será que es más grave implementar un nuevo sistema de basuras  que el carrusel de la contratación, con el que se robaron el capital de la ciudad?

Por eso considera que es diferente, porque, según el procurador general de la Nación,  el alcalde Gustavo Petro, actuó  con dolo. ¿Será que Samuel Moreno no lo hizo? Tal vez  mis preguntas jamás tengan una respuesta por parte del procurador, pero es evidente la injusticia que se refleja solo haciendo contrapuesta en estos dos casos. Aquí tenemos el claro ejemplo de que «al árbol que produce frutos, a ese se le tira piedra». A quien hace por la comunidad, lo atacan; y a quien no, le dejan el camino libre.

Adicionalmente a ello advierte de un riesgo de salubridad que generó el alcalde mayor de Bogotá. Hasta el momento no se sabe de la primera enfermedad causada por esto, o tal vez  sí generó  una enfermedad en los bolsillos de quienes hacían parte del oligopolio de la prestación del servicio de aseo, el cual Petro acabó. Y si en verdad la preocupación es por los ciudadanos, le pedimos, por favor, que intervenga en casos que sí generan insalubridad como la Drummond, que no solo afecta la salud de la comunidad sino también  el  ecosistema.