Durante el cese unilateral al fuego y hostilidades declarado por el secretariado de las FARC se registró una sustancial disminución de las acciones armadas de esta guerrilla contra la Fuerza Pública, sostiene la Defensoría del Pueblo. 

Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo constató la disminución de las acciones armadas.

Un monitoreo adelantado por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo constató que durante el periodo trascurrido del cese unilateral al fuego y hostilidades declarado por el secretariado de las FARC se registró una sustancial disminución de las acciones armadas de esta guerrilla contra la Fuerza Pública.

Según el informe del SAT, revelado por el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, durante el mes de la tregua iniciada el 15 de diciembre de 2013 se registraron tres acciones armadas llevadas a cabo por integrantes de las FARC contra la Fuerza Pública que se constituyeron en actos violatorios al cese de hostilidades.

Las estructuras armadas presuntamente responsables de esos hechos fueron: la Columna Móvil Teófilo Forero, a la que se le atribuye un hostigamiento en El Doncello (Caquetá); y el Frente 36 que protagonizó dos ataques con explosivos en Anorí y en Briceño (Antioquia), que no dejaron víctimas fatales.
El Defensor Otálora Gómez resaltó que en departamentos de fuerte presencia de las FARC como Putumayo, Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Chocó, Huila, Arauca y Meta no se registraron atentados, acciones armadas, ni hostilidades que afectaran la estructura vial, energética, eléctrica o de comunicaciones.
Sin embargo, lamentó que las FARC no renunciaran a llevar a cabo actividades que se constituyen en infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y violaciones a los derechos fundamentales de la población civil. Durante el mes de la tregua, la Defensoría del Pueblo identificó cuatro hechos violentos contra la población civil que ocasionaron tres desplazamientos forzados (Carurú, Vaupés; en Anorí, Antioquia, y en Riosucio, Chocó) y una amenaza contra una concejal del municipio de Puerto Rico en Caquetá.

El Defensor del Pueblo reiteró la solicitud a las FARC para que acate las normas del DIH y exige el respeto a la población civil que no participa en la confrontación armada, de manera particular demanda que cese el reclutamiento y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes y la siembra de minas antipersonales y que garantice los derechos de las víctimas.

El  SAT de la Defensoría del Pueblo también registró el asesinato de un soldado en el Tambo (Cauca) el 9 de enero, y el accidente de un helicóptero en Anorí (Antioquia) el 10 de enero. Aunque en estas zonas se registra presencia de las FARC  no ha sido posible determinar su autoría y, por lo tanto, no se podría relacionar como eventos constitutivos de la violación del cese de hostilidades.

Durante el cese unilateral al fuego y hostilidades declarado por el secretariado de las FARC se registró una sustancial disminución de las acciones armadas de esta guerrilla contra la Fuerza Pública, sostiene la Defensoría del Pueblo.