La discriminación ha provocado pobreza, improductividad, muertes y  conflictos de difícil solución, por la incapacidad e indolencia de las autoridades estatales y los intereses particulares de legisladores que le dieron una dimensión electorera a la  política agraria en el Cauca, teniendo como consecuencia la dispersión  de tierras improductivas, que otrora atesoraran familias tradicionales, ahora en propiedades colectivistas  con similares ineficiencias.

Álvaro Jesús Urbano Rojas

Popayán

Primicia Diario

La lucha étnica por la propiedad de la tierra en el Cauca, riñe con el principio constitucional de integrar una nación multiétnica y pluricultural; la lucha por la tierra ha desnaturalizado nuestra nacionalidad y ante todo la caucanidad, provocando  una odiosa distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje  étnico,  cuyo objeto se encamina a una recuperación desmedida de los mal llamados territorios ancestrales, para  afectar e intervenir propiedades en manos de otros colombianos, a los cuales se les anula y menoscaba el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.

Tal discriminación ha provocado pobreza, improductividad, muertes y  conflictos de difícil solución, por la incapacidad e indolencia de las autoridades estatales y los intereses particulares de legisladores que le dieron una dimensión electorera a la  política agraria en el Cauca, teniendo como consecuencia la dispersión  de tierras improductivas, que otrora atesoraran familias tradicionales, ahora en propiedades colectivistas  con similares ineficiencias.

El fortalecimiento de los cabildos hizo que el eje de sus funciones, reducido anteriormente a la adjudicación de tierras y la protección de culturas ancestrales, asumiera nuevas dimensiones frente a la tenencia de la tierra: La gobernabilidad, la autonomía territorial y la adjudicación de parcelas, muchas de ellas hoy arrendadas a personas no indígenas,  que las explotan de manera eficiente por contar con recursos propios, dada la insolvencia y falta de capacidad crediticia de los parceleros indígenas en la sostenibilidad económica de sus proyectos productivos.

En el Cauca el gobierno nacional,  en los últimos dos años, ha destinado cantidades exorbitantes de dinero para ampliación de resguardos, más se ha quedado corto en financiar proyectos productivos y sostenibles, en detrimento del emprendimiento y la  productividad de las tierras adjudicadas. Para compra el gobierno nacional apropió más de 60 mil millones  de pesos, pero en financiación de proyectos productivos no llega a los 4 mil  millones, dejando de financiar iniciativas comunitarias destinadas a la optimización de la producción rural, apoyo a empresas rurales, mejoras en seguridad alimentaria, acciones efectivas en dinámicas de comercialización local y regional, impulso al desarrollo productivo de las organizaciones, e incentivos al fortalecimiento de fondos de capitalización e inversión agropecuaria.

La difícil situación exige acciones puntuales e inmediatas para mejorar la presencia del Estado, por sobre todo, optimizar la inversión de los 4.5 billones de pesos  que se requiere para financiar un proyecto económico regional de reactivación social y económica del departamento del Cauca,  como escenario  crítico del conflicto armado. Si se hace presencia de Estado con inversión social y la intervención profesional y patriótica de la fuerza pública, se marcarán nuevos derroteros para transitar senderos de prosperidad   hacia la anhelada Paz que clama con angustia el departamento del Cauca.

Se estima que el  costo de  movilización de las  5.000 personas asciende a 130 millones de pesos para su desplazamiento y la alimentación. ¿De dónde saldrán los  recursos y quien financia la movilización de las comunidades indígenas?

Los sectores gremiales del Cauca han rechazado las actitudes hostiles, discriminatorias, voraces y desmedidas que atente contra la paz, orientadas a despojar a través de  vías de hecho, las  tierras productivas que con esfuerzo han incentivado la economía en el Cauca. Los Empresarios del agro y comunidades campesinas, piden apoyo y protección al gobierno territorial y nacional, a las autoridades judiciales y de Policía, para que frenen definitivamente su laxitud, contemplación y pasividad frente a las vías de hecho, taponamiento vial por parte de sujetos criminales, que con agravios injustificados y actitudes vandálicas, pisotean los derechos humanos y económicos de  empresarios y trabajadores del agro, con derecho a merecer una vida digna e igualdad de oportunidades en un Estado Social de Derecho que defiende y garantiza la libre empresa y propende por el orden, la equidad  y  justicia para todos.

Álvaro Jesús Urbano Rojas

Popayán

Primicia Diario

La lucha étnica por la propiedad de la tierra en el Cauca, riñe con el principio constitucional de integrar una nación multiétnica y pluricultural; la lucha por la tierra ha desnaturalizado nuestra nacionalidad y ante todo la caucanidad, provocando  una odiosa distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje  étnico,  cuyo objeto se encamina a una recuperación desmedida de los mal llamados territorios ancestrales, para  afectar e intervenir propiedades en manos de otros colombianos, a los cuales se les anula y menoscaba el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.

Tal discriminación ha provocado pobreza, improductividad, muertes y  conflictos de difícil solución, por la incapacidad e indolencia de las autoridades estatales y los intereses particulares de legisladores que le dieron una dimensión electorera a la  política agraria en el Cauca, teniendo como consecuencia la dispersión  de tierras improductivas, que otrora atesoraran familias tradicionales, ahora en propiedades colectivistas  con similares ineficiencias.

El fortalecimiento de los cabildos hizo que el eje de sus funciones, reducido anteriormente a la adjudicación de tierras y la protección de culturas ancestrales, asumiera nuevas dimensiones frente a la tenencia de la tierra: La gobernabilidad, la autonomía territorial y la adjudicación de parcelas, muchas de ellas hoy arrendadas a personas no indígenas,  que las explotan de manera eficiente por contar con recursos propios, dada la insolvencia y falta de capacidad crediticia de los parceleros indígenas en la sostenibilidad económica de sus proyectos productivos.

En el Cauca el gobierno nacional,  en los últimos dos años, ha destinado cantidades exorbitantes de dinero para ampliación de resguardos, más se ha quedado corto en financiar proyectos productivos y sostenibles, en detrimento del emprendimiento y la  productividad de las tierras adjudicadas. Para compra el gobierno nacional apropió más de 60 mil millones  de pesos, pero en financiación de proyectos productivos no llega a los 4 mil  millones, dejando de financiar iniciativas comunitarias destinadas a la optimización de la producción rural, apoyo a empresas rurales, mejoras en seguridad alimentaria, acciones efectivas en dinámicas de comercialización local y regional, impulso al desarrollo productivo de las organizaciones, e incentivos al fortalecimiento de fondos de capitalización e inversión agropecuaria.

La difícil situación exige acciones puntuales e inmediatas para mejorar la presencia del Estado, por sobre todo, optimizar la inversión de los 4.5 billones de pesos  que se requiere para financiar un proyecto económico regional de reactivación social y económica del departamento del Cauca,  como escenario  crítico del conflicto armado. Si se hace presencia de Estado con inversión social y la intervención profesional y patriótica de la fuerza pública, se marcarán nuevos derroteros para transitar senderos de prosperidad   hacia la anhelada Paz que clama con angustia el departamento del Cauca.

Se estima que el  costo de  movilización de las  5.000 personas asciende a 130 millones de pesos para su desplazamiento y la alimentación. ¿De dónde saldrán los  recursos y quien financia la movilización de las comunidades indígenas?

Los sectores gremiales del Cauca han rechazado las actitudes hostiles, discriminatorias, voraces y desmedidas que atente contra la paz, orientadas a despojar a través de  vías de hecho, las  tierras productivas que con esfuerzo han incentivado la economía en el Cauca. Los Empresarios del agro y comunidades campesinas, piden apoyo y protección al gobierno territorial y nacional, a las autoridades judiciales y de Policía, para que frenen definitivamente su laxitud, contemplación y pasividad frente a las vías de hecho, taponamiento vial por parte de sujetos criminales, que con agravios injustificados y actitudes vandálicas, pisotean los derechos humanos y económicos de  empresarios y trabajadores del agro, con derecho a merecer una vida digna e igualdad de oportunidades en un Estado Social de Derecho que defiende y garantiza la libre empresa y propende por el orden, la equidad  y  justicia para todos.