PERDÓN, ARMERO

Dice la sentencia latina que la voz del pueblo es la voz de Dios. A raíz de los programas sociales para la reconstrucción de Armero y la zona afectada por la avalancha y la explosión del Volcán Arenas, toda suerte de comentarios se tejió acerca de la labor oficial de «Resurgir». Se dijo que no todos los millones colectados fueron aplicados al plan trazado y muchas gentes elevaron sus denuncias penales ante organismos judiciales y en pocos casos fallaron a favor de las víctimas.

30 años después de la tragedia muchos sobrevivientes de la calamidad viven en cinturones de la miseria en Bogotá, Ibagué, Cali, Armenia, perdidas sus identidades en el anonimato de la pobreza. Otras han reclamado al Estado por medio de abogados que se les devuelva lo que perdieron en Armero, escrituras, escrituras a la mano y todo ha sido inútil transcurridos treinta años del suceso.

El abogado constitucionalista Agustín Gómez Torres adelantó reclamaciones ante el Consejo de Estado y lo Contencioso Administrativo y recibió poder de por lo menos siete mil afectados que vivían en zonas urbanas y rurales de Armero por esa época y lo perdieron todo. La sentencia fue negativa para estos colombianos, muchos de los cuales se resignaron a vivir en cambuches en Guayabal, al no probar con documentos notariales que eran los verdaderos dueños de lo que se llevó la avalancha.

Otros profesionales del Derecho trabajaron al lado de Gómez Torres, o independientemente para reclamar al Estado las indemnizaciones de ley y todo fue inútil. Pasada la tormenta de reclamaciones, los debates en el Congreso, las críticas en la prensa que señalaban un despilfarro de los dineros donados por los países solidarios e instituciones benéficas mundiales, «Resurgir» presentó cuentas amañadas a la opinión pública, que no coincidían con las investigaciones de la Contraloría General de la nación en los años siguientes.

Pedro Gómez Barrero fue premiado con la Embajada de Venezuela y sus subalternos inmediatos pasaron a la nómina oficial, pero en el aire de los sucesos quedó flotando la duda: si toda la ayuda fue aplicada a los sobrevivientes de Armero y a la reconstrucción de la población, sus veredas, caminos y carreteras, y la fundación de la nueva ciudad en Guayabal lejos del peligro que representa el gran cañón del Río Lagunilla. Muchas gentes viven de la caridad pública, el Estado les negó sus derechos, la gran explanada que un día fue Armero es un sitio de recuerdo y no se conocen planes para hacer realidad decretos y leyes que conviertan el lugar en el «Parque de la Esperanza».

Moral y estructuralmente existen responsabilidades en los gobernantes al momento de ese 13 de noviembre de 1985. El perdón público nacional que se ha escuchado ahora para algunos es como la cataplasma en el lugar en el cual no es el dolor. La historia juzga pero tarde y la justicia humana es inoperante. Resurgir sinónimo de corrupción y robo descarado.