Alejandro Giammattei tomará posesión el próximo 14 de enero de 2020, también ha prometido combatir la corrupción. Aun así, se ha opuesto a renovar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un órgano que el Estado de Guatemala solicitó a la Organización de las Naciones Unidas, financiado por estados miembros, que funciona desde 2007 y termina sus labores en septiembre próximo.
Alejandro Giammattei, el ganador de las elecciones presidenciales en Guatemala, podría decir una o dos cosas acerca de la persistencia. Tiene 63 años de edad, y ganó elecciones por primera vez en su vida, después de participar dos veces como candidato a alcalde de la capital guatemalteca y cuatro veces como candidato presidencial, durante los últimos 20 años. Sin embargo, otro fuerte componente de su victoria, en una segunda vuelta electoral contra Sandra Torres, del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), tiene que ver con la coyuntura.
El resultado de los comicios de este 11 de agosto muestra que el actual presidente electo se podría haber beneficiado del antivoto contra Torres, también de 63 años. Es decir, al menos una parte del 58% de los votantes que eligió a Giammattei no lo hizo por votar por él, sino por votar contra ella (que obtuvo el 42%). Es notable también que seis de cada diez guatemaltecos, aptos para votar en esta contienda, no votaron. Hubo un 61% de abstencionismo.
El ex canciller y analista Edgar Gutiérrez señala que se han roto los esquemas. «En teoría, la baja participación favorecía a Sandra Torres, pero inesperadamente ella ha perdido en sus trincheras», dice Gutiérrez a Infobae. El ex funcionario observó que, para Torres, replicar la fórmula de hace cuatro años no funcionó otra vez. Más bien, favoreció a Giammattei.
En 2015, el antivoto contra Torres llevó al actual mandatario de Guatemala, Jimmy Morales, a ganar en una segunda vuelta, según el politólogo Renzo Rosal dijo a BBC Mundo. Ahora, el responsable de este déja vu para Torres es Giammattei. En 2007, Giammattei falló en uno de sus intentos por llegar a la presidencia contra 13 candidatos que incluían a Álvaro Colom, también de la UNE, que alcanzó la presidencia y entonces esposo de Torres. Ella se divorció de Colom para participar en los comicios de 2011—aunque se lo prohibió una corte por el reciente grado de parentesco con el mandatario pese al divorcio.
¿Más de lo mismo?
Algunos analistas coinciden en señalar que Giammattei y Torres representan un retorno a la vieja política. No obstante, hay diferencias radicales. Torres sustentó una parte fundamental de su campaña en los programas sociales asistencialistas (para facilitar salud, educación y alimentación a familias pobres), así como en planes para atacar la inseguridad y la corrupción, y su partido es identificado con la corriente social demócrata, y centro izquierda. Giammattei es identificado con centro derecha, con un nicho asegurado en el sector empresarial—no por nada su compañero de fórmula es el abogado, ex fiscal y ex magistrado César Guillermo Castillo Reyes, el próximo vicepresidente del país. Castillo, también ha sido empresario y ex miembro de la Cámara de Comercio, y es uno de los puentes con el sector privado para Giammattei.
El futuro presidente, que tomará posesión el próximo 14 de enero de 2020, también ha prometido combatir la corrupción. Aun así, se ha opuesto a renovar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un órgano que el Estado de Guatemala solicitó a la Organización de las Naciones Unidas, financiado por estados miembros, que funciona desde 2007 y termina sus labores en septiembre próximo. Eso, después de llevar a la cárcel a al menos un centenar de funcionarios y ex funcionarios públicos en casos de corrupción—incluyendo a tres ex presidentes (Colom, uno de ellos, aunque está en libertad bajo fianza y ligado a proceso), una ex vicepresidenta, ex diputados y ex alcaldes.
De hecho, el rechazo contra la CICIG parece ser uno de los dos aspectos que compartían los dos presidenciables que participaron en la segunda vuelta electoral. Ambos fueron blanco de la CICIG y el Ministerio Público (MP).
Por sus actos los conoceréis
El MP y la CICIG acusaban a Torres por financiamiento electoral ilícito en 2015: la falta de constancia del origen del equivalente a $3.6 millones de dólares, por lo cual el MP anunció que pediría la cancelación del partido UNE después de la segunda vuelta electoral. La comisión y el MP habían pedido que se le retirara la inmunidad a Torres como candidata para juzgarla, algo a lo cual se opuso la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y luego la Corte de Constitucionalidad (la CC, la instancia legal más alta del país) congeló el caso con una resolución provisional. Ahora, su derrota la despoja de su inmunidad desde este 12 de agosto. Sólo tres días antes de las elecciones del domingo pasado, Giammattei solicitó al MP que Torres fuera arraigada ante un inminente peligro de fuga.
Giammattei dirigió el Sistema Penitenciario (SP) entre 2005 y 2007, durante la administración de Óscar Berger (2004-2008), que se destacó por colocar a miembros del sector privado en algunos puestos claves. Uno de ellos era Carlos Vielmann, un empresario conservador y ex presidente de la Cámara de Industria, a quien designó Ministro de Gobernación (encargado de la seguridad ciudadana). Este ministerio tenía a su cargo el SP, y Vielmann fue también uno de los funcionarios responsabilizado de los hechos, que inicialmente se divulgaron como el resultado de un motín para cuyo control las autoridades montaron la operación Pavo Real.
El MP y la CICIG concluyeron que se trataba de una operación de limpieza social, con la intención de ejecutar extrajudicialmente a siete reos en el penal, y en la cual también participó el entonces director de la Policía Nacional Civil (PNC), Erwin Sperisen, así como Giammattei. No obstante Vielmann fue juzgado y absuelto del caso en España, donde se refugió por tener la nacionalidad de ese país además de la guatemalteca, aunque fue recapturado en Guatemala, donde se le vincula al mismo caso. Mientras tanto, Sperisen estuvo cinco años en la cárcel en Suiza (por tener doble nacionalidad suizo guatemalteca), está bajo libertad supervisada y continúa ligado al proceso, por el mismo caso y de otros 19 reos torturados o ejecutados en una cárcel distinta y sus alrededores. En Guatemala, la acusación contra Giammattei no prosperó y salió en libertad.
Este año, Vielmann además permanece ligado a proceso por la tortura o ejecución extrajudicial de los 19 reos en otra cárcel en el sur del país en 2005, aunque está en libertad bajo fianza. Giammattei infructuosamente ha intentado poner distancia con estos hechos en la opinión pública. «Mi caso no llegó a juicio», afirma, asegurando que no tiene cuentas pendientes con la justicia.
El peso del pasado
Ahora, el presidente electo tiene la mira puesta en el cumplimiento de promesas que ha hecho al electorado durante dos décadas. De entrada, ofreció reducir los programas asistencialistas que fueron la base de la campaña de Torres, y aboga por involucrar a las comunidades más necesitadas en programas de desarrollo sostenible, aunque no explicado en qué consisten.
Afectado por la poliomielitis desde niño, Giammattei había hecho del apoyo a la población discapacitada una de sus ofertas de campaña en 2007. Ahora, 12 años después, ofreció mejorar las condiciones escolares y de salud de la niñez, un posible efecto de haberse graduado como médico de la estatal Universidad San Carlos de Guatemala, y un resabio de su experiencia laboral como director de los Bomberos Municipales, en el Ministerio de Salud y en un hospital privado, antes de 1990. «Vamos a implementar un seguro médico, para que nuestros niños de las escuelas públicas tengan aseguradas las medicinas que los ayuden a enfrentar cualquier enfermedad», dijo durante su campaña este presidenciable. Las consecuencias de una enfermedad a temprana edad es algo con lo cual está familiarizado.
De adolescente, Giammattei estudió en el Liceo Guatemala, un centro educativo de clase media alta sólo para hombres, dirigido por hermanos maristas españoles. Fue una época en la que su enfermedad le causó dificultades para asistir con regularidad a clases y participar en todas las actividades del centro educativo.
«Giammattei se desaparecía por varios días y, en alguna ocasión, por varias semanas», recuerda uno de sus excompañeros de estudios, que pidió no ser identificado. «[Una vez, cuando regresó], le pregunté qué le pasó y me contó qué tenía; me dijo que era algo como reuma, y ahí se quedó ese tema, pero para entonces anduvo durante semanas con un bastón». De adolescente, era un estudiante promedio, y por su enfermedad nunca practicó deportes, aunque mantenía una relación cercana con los hermanos maristas y estaba involucrado en actividades religiosas del colegio—quedan vestigios de ello en las frecuentes menciones de Dios en sus discursos y respuestas, y en su slogan, «Que Dios bendiga a Guatemala».
No se le supo otras afiliaciones. En todas las veces que participó como candidato, no guardó fidelidad partidaria. Cada candidatura la llevó con un partido diferente. Por eso Rosal no lo asocia con ideología particular alguna. Señala que el partido gira en torno a Giammattei, y no al revés, pero que tiene una fuerte tendencia de derecha, conservadora, y pro militar. Lo suyo es un retorno a la promesa del Partido Patriota (PP) que ganó la presidencia en 2011: ofrecer gobernar con mano dura contra el crimen reviviendo la promesa de la pena de muerte, aunque el país es signatario del Pacto de San José.
El PP había usado esa estrategia—de mano dura—hace ocho años, ante el desgaste político de la UNE y la administración de Colom, el ex esposo de Torres. Ahora, Giammattei desempolvó la estrategia y la usó efectivamente en una coyuntura crucial para él (y otra vez contra la UNE), pese a que el PP fue anulado por financiamiento electoral ilícito y sus exlíderes, el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti están en la cárcel por casos de corrupción.
Incierta política exterior
Antes de sentarse en la silla presidencial, Giammattei ha tenido ya dos importantes acercamientos con socios en la región. En julio, tuvo una reunión con el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kevin McAleenan, para escuchar (como lo hizo también Torres) algunos detalles del acuerdo de tercer país seguro que EEUU firmó con Guatemala, y ser persuadido a apoyarlo. El acuerdo se diseñó para que Guatemala reciba a solicitantes de asilo de cualquier país—previamente pre aprobados por EE.UU.—mientras las autoridades estadounidenses evalúan si les otorgan asilo. Autoridades de Guatemala han insistido que sólo se tratará de solicitantes de Honduras y El Salvador, aunque el texto del acuerdo no lo indica así.
Desde un principio, Giammattei rechazó la firma del acuerdo, y su postura no cambió después de su reunión con McAleenan. «Requerimos conocer los alcances [del acuerdo] para analizarlos con todos los actores, enfrentar los nuevos retos y beneficiar a los guatemaltecos», señaló. Semanas atrás, dijo que había entregado una propuesta de proyecto de migración a la Comisión del Migrante en el Senado de México, pero no reveló más detalles. Luego habló de implementar «un muro de inversión» en la frontera con México para reducir el número de personas que optan por migrar.
Es un misterio cómo Giammattei conciliará su postura inicial de rechazo al acuerdo con una postura contraria del sector privado, un socio importante en su partido, que se perfila también como un socio importante en su futura administración. En julio pasado, la CC frenó la implementación del acuerdo con una disposición provisional después que varios amparos, presentados por dos excancilleres y la Procuraduría de Derechos Humanos, solicitaron su rechazo por ser lesivo al país (ante la falta de condiciones para sostener a cientos o miles de solicitantes de asilo a EE.UU.).
La corte debe establecer si corresponde al Congreso decidir la aprobación o rechazo de la implementación del acuerdo, o la renegociación de los términos. Sin embargo, el sector privado rechazó la decisión de la corte después de que los bonos del país sufrieron la caída más drástica en 14 años como una reacción al anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de elevar aranceles a Guatemala, si no implementa el acuerdo. Las cámaras de industria, comercio y agricultura culparon a la CC de hacer peligrar la estabilidad económica del país. Ahora Giammattei y su equipo de gobierno deberán dirimir ese lío. La decisión firme de la corte podría demorar unos tres meses más, según Jordán Rodas, Procurador de Derechos Humanos. Para entonces, faltarán sólo dos meses para el cambio de gobierno.
Guatemala, vista desde afuera, hizo historia en 2015 con multitudinarias manifestaciones populares que, sumadas con el trabajo de la CICIG, el MP y la presión internacional, y acabaron con una administración presidencial y un mandatario en la cárcel—era la denominada primavera guatemalteca. Ahora las decisiones y acciones de Giammattei demostrarán si se retrocedió, o el país realmente nunca salió del pasado.