Para observadores internacionales el comportamiento del gobierno colombiano con la Organización de Naciones Unidas es el primer paso al rompimiento de relaciones.

Con soberbia, respondió el gobierno colombiano a las Naciones Unidas por su reclamo por el crimen de desmovilizados. La ONU dice: «Si no los han matado, no los han protegido es igual. Es complicidad».

Según la ONU, «a que los integrantes de los grupos ilegales se creyeran, equivocadamente, liberados de cualquier deber jurídico con respecto a la observancia de los principios internacionales», dice la comunicación.

Y resalta que en Colombia deben aplicarse los Convenios de Ginebra de 1949, adoptados por la legislación nacional.

«En caso de conflicto armado interno, el Derecho Internacional Humanitario impone, por igual, claras obligaciones a todos los que en él toman parte directa», y agrega que esas obligaciones tienen como destinatarios tanto a los miembros de las Fuerzas Armadas como de los grupos ilegales «sea cual sea la denominación que a estos últimos se les dé».

La ONU expresó que «uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario es el de distinción entre quienes participan directa o activamente en las hostilidades y quienes en ellas no tienen esa participación». 

«Cualquier interpretación no acertada del principio de distinción podría aumentar las dificultades de la importante labor humanitaria cumplida hoy en Colombia por el Comité Internacional de la Cruz Roja, varias agencias del Sistema de las Naciones Unidas y las Organizaciones No Gubernamentales (ONG)», indicó.

El gobierno colombiano rechazó «de forma enfática» un comunicado de expertos en derechos humanos de la ONU que al condenar el asesinato de exguerrilleros de las FARC lo instaron a respetar las garantías de seguridad fijadas en el acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016.

 «El Gobierno no ha incitado a la violencia contra ningún desmovilizado de las FARC y viene haciendo un esfuerzo enorme por cumplir las garantías que se les otorgaron en el Acuerdo Final», señala un comunicado de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación.

En su respuesta, el Gobierno asegura: «Es totalmente inaceptable la afirmación de que existe un ‘aparente desprecio de estas garantías a nivel estatal’, así como la sugerencia de que el Gobierno no está tomando medidas para implementar los acuerdos».

La Cancillería, habría sido quien habló con los delegados y les sugirió «retirar» agencias como ONU Mujeres y Unfpa y, relata el diario El Espectador , «el interés del Gobierno colombiano de poner más énfasis en los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) que en la implementación del Acuerdo de Paz». Esto se da en momentos en que la comunidad internacional empieza a reclamar al Gobierno Duque acciones concretas para sacar adelante la implementación del acuerdo firmado con las FARC.

Para observadores internacional el comportamiento del gobierno colombiano con la Organización de Naciones Unidas es el primer paso al rompimiento de relaciones.

La Corte Penal Internacional ha sido enterada en detalle en el conflicto que se inicia entre el gobierno colombiano y la ONU.

«Es totalmente inaceptable la afirmación de que existe un ‘aparente desprecio de estas garantías a nivel estatal’, así como la sugerencia de que el Gobierno no está tomando medidas para implementar los acuerdos»: Carlos Holmmes Trujillo Canciller.