El uso arquetípico del «niño sicario» no es una novedad ni es exclusivo de Medellín.
Ya es hora de entender que la indignación pasajera y la búsqueda de culpables no sirven para nada. Hay que hacer cosas más serias.
Rocío Rubio Serrano*
El escándalo del momento
Un adolescente asesinó a dos hombres en la Comuna 13 de Medellín. El joven huyó a pie pero fue capturado por la Policía. Se le incautó el arma y se inició el proceso de judicialización. Se comprobó entonces que tenía 14 años y que, como tal, era objeto del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA).
Pero el SRPA es un sistema en crisis, con serias dificultades para cumplir su finalidad restaurativa y que no parece ser prioridad en la agenda política.
De seguro le dictarán una sanción privativa de la libertad de ocho años por la gravedad de su delito, sin derecho a rebajas, y permanecerá en un centro de atención especializada (CAE). Saldrá cuando cumpla los 22 años, si no se escapa antes y si no cae víctima de las disputas violentas que abundan en muchos de estos centros.
El hecho violento quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento comercial donde el joven llevó a cabo «la vuelta». El vídeo se hizo viral en redes sociales, alimentando la indignación al igual que el morbo. En redes y medios de comunicación la noticia fue «tendencia» como «¿niño o sicario?». Una semana después la conmoción ha dejado de ser titular, pero persisten las preguntas sobre el tema.
Una forma de vida
En términos generales, hemos tenido una percepción banal acerca de un fenómeno social que no es reciente, y a pesar de que los analistas llevan tiempo de explicar las deficiencias en el diseño y ejecución de las políticas y programas al respecto. Peor todavía, los niños, niñas y adolescentes solo se hacen visibles cuando ocurren situaciones como esta.
No en vano muchos comunicadores se refirieron al protagonista de los hechos como «el menor infractor». En otras palabras, se desconoce que toda persona menor de 18 años es un sujeto de derechos, en formación y desarrollo, que merece la protección integral y corresponsable del Estado, la familia y la sociedad.
El uso arquetípico del «niño sicario» no es una novedad ni es exclusivo de Medellín. Desde hace más de 30 años los adolescentes están vinculados a la comisión de delitos, un síntoma del entramado de violencias (familiares, delictivas, territoriales, simbólicas y demás), en cuyas redes quedan atrapados los niños y las niñas.
Peor todavía, los niños, niñas y adolescentes solo se hacen visibles cuando ocurren situaciones como esta.
La figura de «carritos» o «campaneros» puede ser el primer escalón de una carrera delictiva, donde algunos menores de edad ascienden a líderes de unas cuadras del barrio, jefes de ollas o sicarios. La ficción de mando, poder, reconocimiento y sentido de pertenencia queda completada con un «fierro», una moto de alto cilindraje y un «par de novias lindas» que los pueden llorar si algo les pasa.
Las bandas y «oficinas de cobro» catalizan esos valores y actitudes y normalizan la violencia como manera de resolver conflictos, como modo de subsistencia y como forma de vida. Estas bandas se asientan en territorios clave para negocios ilícitos y para el control de corredores. Sus modos de operación se exportan a otros lugares.
Estado ausente
No obstante, la frecuencia y la utilización creciente de niños y de niñas para cometer delitos, Colombia no ha adoptado una política asertiva al respecto, que discrimine los niveles de prevención y no se confunda con simples llamados a una política social (también necesaria) o con pequeñas iniciativas sobre el uso creativo del tiempo libre.
Existen por supuesto algunas experiencias exitosas en materia de prevención de ese tipo de delitos, pero estas suelen abandonarse al cambiar el alcalde o no son evaluadas con el rigor suficiente para aprender sus lecciones.
Resulta inútil argumentar que no hay nada que hacer con niños y niñas por debajo de 14 años porque son inimputables penalmente. Todo lo contrario: hay que protegerlos de modo integral y adoptar estrategias asertivas de prevención secundaria (e incluso terciaria) en sus entornos vitales.
