«Nos están asesinando por la resistencia que hacemos y por defender nuestros territorios», afirma sin vacilaciones Francia Márquez, reconocida lideresa afro que integra el Proceso de Comunidades Negras (PCN) y la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte de Cauca (Aconc), una mujer que ha sentido en carne propia los embates de los violentos.

Una de las razones de esos ataques, dice, es la defensa que han hecho del proceso de paz: «Cauca, Valle, Nariño y Chocó fueron los departamentos que le dijeron sí al proceso de paz de manera unánime. Hicimos una apuesta grandísima porque son nuestros territorios los que, desproporcionalmente, han sido los más afectados por el conflicto armado».

Márquez y otros 15 líderes afrodescendientes lograron esquivar la muerte el 4 de mayo del año pasado. Varias personas irrumpieron en la finca La Trinidad, de la vereda Lomitas, en Santander de Quilichao, disparando y les arrojaron una granada, cuando preparaban una reunión que tendrían días después con funcionarios del gobierno nacional para evaluar varios acuerdos suscritos. 

Desgraciadamente, muchos otros líderes sociales y defensores de derechos humanos en Cauca no han logrados esquivar las balas. En las semanas posteriores a la firma del Acuerdo de Paz alcanzado entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC, el 24 de noviembre de 2016, por lo menos cuatro fueron asesinados, y a partir del año siguiente las muertes se cuentan por decenas.

Líderes asesinados

Cauca es un eje articulador que conecta a los departamentos de Valle del Cauca, Tolima, Huila, Caquetá Putumayo y Nariño, por donde atraviesa la cordillera de Los Andes y tiene una extensa costa sobre el océano Pacífico. Esas condiciones geográficas favorecen la movilidad de bandas armadas que, además, buscan lucrarse del narcotráfico y la minería ilegal.

Luego de que las FARC dejaran las armas, hubo unos meses de relativa tranquilidad. Muy pronto, sin embargo, antiguos grupúsculos de personas armadas que se alejaron del proceso de paz y se declararon disidentes comenzaron a disputarle violentamente el dominio de territorios, negocios y rutas, a criminales organizados en facciones que también llegaron a la zona. El Estado no llenó, a la velocidad que demandaba el momento, el vacío de poder que dejaron las antiguas guerrillas cuando dejaron de regular el poder local. No fortaleció las instituciones de policía ni de justicia, ni hizo un esfuerzo efectivo para atender mejor a las necesidades de la gente. Como siempre, la respuesta de Bogotá fue delegar la responsabilidad estatal sólo en hombros de militares.

Pero las muertes no ocurren solamente porque a Cauca la crucen tantos caminos estratégicos, ni porque el Estado no fortaleció las instituciones de justicia. La violencia también es un intento por doblegar a una sociedad civil particularmente activa en esa región. Los pueblos étnicos luchan por su autonomía y se resisten activamente a la expansión de las drogas ilícitas. Los campesinos reivindican sus derechos a la tierra y al agua. Defensores ambientales intentan frenar megaproyectos energéticos o industriales. Los sindicatos de los ingenios azucareros quieren mejores condiciones laborales. Y el movimiento LGTBI en Popayán y Caloto se manifiesta para que se respete su derecho a la diversidad.

«Cauca es el departamento del país que tiene la mayor fortaleza de movimiento indígena, campesino y afrodescendiente del país», dice Diana Sánchez, coordinadora del Programa Somos Defensores, que reúne a un conjunto de organizaciones de la sociedad civil que desde 2002 documenta las agresiones contra activistas de derechos humanos. Y explica que los indígenas han liderado la resistencia a grandes empresas de la caña de azúcar y otros terratenientes que se oponen a que se les reconozcan tierras colectivas.

Indígenas 

Las comunidades étnicas, en especial del norte de Cauca, han padecido con fuerza los embates de los violentos por cuenta de ejercer su gobierno propio e impedir que grupos armados y economías ilegales crezcan en sus territorios ancestrales.

Dramática ha sido la situación del pueblo Nasa, compuesto por 21 cabildos indígenas. La violencia es tal que, en su informe sobre el año pasado, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos registró con preocupación que entre enero y noviembre de 2019, fueron asesinados 66 integrantes de esa etnia, incluyendo 13 autoridades tradicionales y otros líderes. Esa cifra significó un aumento del 70 por ciento comparada con los casos de 2019.

Al respecto, Jhoe Nilson Sauca, coordinador del Área de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), sostiene que los golpean por poner en práctica la autonomía y gobierno propio que les reconoció la Constitución Política de 1991: «Regular a través de resoluciones del gobierno propio; es decir, teniendo una Guardia Indígena haciendo control, para que no se permita la siembra de cultivos (de uso ilícito) y otras dinámicas que puedan generar des armonías».

Explica Sauca que la violencia no sólo afecta a las personas víctimas, sino que es estructural. «Está dirigida a las estructuras representativas y eso desfortalece mucho la organización; también lo espiritual porque hay una sabiduría y conocimiento ancestral que se trata de conservar y proteger como pueblos indígenas».

Edwin Mauricio Capaz, coordinador del Tejido de Defensa de la Vida de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), también llama la atención sobre los asesinatos de ‘foráneos’ cometidos al interior de los resguardos indígenas. 

Los indígenas del Cauca han sido objeto de masacres al rechazar la presencia de actores armados en su territorio.

La destrucción de la naturaleza es el común denominador de la minería ilegal en el departamento del Cauca. La violencia ha llevado a la miseria en el Cauca.