Los descarados precios de los servicios públicos

Una cosa le escriben en el telepronter los asesores del presidente Iván Duque y otra es la realidad. El mandatario dice bellezas que cautivan y que en principio saben a vino blanco, pero a la hora de confrontarlas resultan más amargas que el vinagre.

En medio de la pandemia y a pesar de las prédicas del mandatario, aumentan cada vez más los servicios públicos. Cada recibo llega con un incremento abusivo. Las protestas son generalizadas y la ambición de las empresas es desorbitante. Se sabe que existe una Superintendencia de Servicios Públicos, pero presta más utilidad un tapabocas en la garganta.

SÚMELE LA PRIVATIZACIÓN

Los servicios públicos en Colombia se convirtieron en un lujo, la gran mayoría de las empresas fueron vendidas a “consorcios” españoles o a entidades foráneas, pero que, si se estudia con cuidado, resulta que son propiedad de famosos políticos nativos.

Se conoce esta maligna práctica operada por la clase política que exprime los bolsillos de los colombianos. Los gerentes de esas entidades aducen varias razones por el incremento: que no está lloviendo en el país, que las represas están secas o cualquier otra razón para apoyarse.

Y el presidente de marras habla de alivios en época de cuarentena.

LA PÉSIMA COSTUMBRE DE VENDER CONTADORES

Cuando un ciudadano determina ahorrar energía, gas o agua, se convierte en un delincuente para las empresas. Le comienzan un seguimiento que incluye visitas a su domicilio o empresa. Llevan todo tipo de máquinas, supervisores, ingenieros y luego, sencillamente, determinan que es necesario cambiar el contador.

Este aparato que registra los consumos es extraído entonces por los funcionarios de las empresas y le ponen, sin autorización, uno nuevo, se lo cobran en las facturas siguientes, con IVA e instalación.

El viejo aparato, sencillamente, se lo roban las empresas.

GUARDAN SILENCIO LOS ENTES DE CONTROL

El parroquiano en mención acude entonces a las entidades que presumiblemente lo defenderían. La Procuraduría le responde que investigará el caso, la Defensoría le remite la misma respuesta que les ha dado a miles de usuarios y la Superintendencia de Servicios Públicos se acoge a lo que dice la Ley: es decir, defensa de la empresa.

Cuando los vecinos se reúnen en los salones de las Juntas de Acción Comunal o en los concejos municipales, las autoridades civiles los tratan de subversivos y les mandan a los Agentes de Negro, que, con bolillo en mano y gas lacrimógeno por doquier obligan a que la protesta sea más pacífica.

SE ACABÓ LA ALHARACA DE LAS ÍAS

Hace un mes, con rueda de prensa de lujo, las entidades encargadas del control de los gastos del Estado, salieron ante los medios de comunicación para denunciar que sí había sobrecostos en los supermercados y decenas de marrullas de parte de algunos alcaldes y gobernadores. “Les caerá todo el peso de la Ley”, dijeron.

A raíz de la promulgación del primer Decreto de Emergencia la excusa de la compra de mercados desató una de las olas de corrupción más grandes que ha tenido el país.

Claro que las entidades del control suspendieron a unos mandatarios por dos o tres meses y al pobre alcalde de La Palma, Cundinamarca, fue señalado en los medios de comunicación como el “peor” y “un extraño caso de contratación”.

A LA MISMA W LA ENGAITARON

Luego de un minucioso estudio de compras la W, la de Julito Sánchez Cristo, la de mayor sintonía en el país, hizo unas denuncias sobre los extraños sucesos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) que pidieron una comisión del 40% sobre un contrato para comprar un millón de mercados destinados para las familias más vulnerables durante la emergencia por la COVID-19.

“El pasado lunes 13 de abril –dice la información de la prestigiosa emisora- este medio consultó al director de la entidad, Eduardo José González, quien entregó un parte de tranquilidad sobre dichos contratos y negó hechos de corrupción. No obstante, se le solicitó un documento que demostrara la transparencia del proceso, uno que, hasta la fecha de hoy (17 de abril), no ha sido entregado”.

Ya pasaron más de 30 días y los entes de control guardan absoluta afonía sobre el caso.

LA CORRUPCIÓN SE HEREDA EN COLOMBIA

Aparecieron defensores del nombramiento de Jorge Rodrigo Tovar, hijo del paramilitar Jorge 40 como nuevo coordinador de víctimas del Ministerio del Interior.

Este país desmemoriado olvidó todas las fechorías que hizo el comandante del Bloque Norte de las Autodefensas. Fueron más de 600 personas las que fallecieron en las masacres. Es decir, casi dos veces el Congreso de la República y todo parece normal.

Desde luego que la corrupción se hereda en Colombia. No olviden las andanzas de Samuel Moreno y después de sus hijos, del gordo García, de los Nule y de miles de casos de casos de corrupción en el país.

En las múltiples entrevistas, donde los periodistas lo elogiaban por el nombramiento, no se le escuchó una frase de perdón o de excusa por las atrocidades que cometió su padre. Mal comienzo.