Confidencias: ALTA TENSIÓN
GOBIERNO NACIONAL «SE LAVA LAS MANOS»
La alcaldesa de Bogotá Claudia López, destapó la irresponsabilidad del gobierno nacional de trasladar la responsabilidad de los presos de las URI y de las cárceles a los municipios de Colombia, mediante un articulito que introdujeron en los decretos de emergencia, en una acción que calificó la mandataria: El Gobierno «se está lavando las manos» con la atención a la población carcelaria.
«Como a la Fiscalía le quedaron grandes las URI y a Minjusticia le quedó grande las cárceles, entonces transferimos la responsabilidad a los municipios», denuncio la primera autoridad de Bogotá.
«La ministra de Justicia muy campante, nos pidió que hacináramos y contamináramos a la cárcel distrital, así de simple. Es una cárcel modelo certificada en Colombia, certificada por Estados Unidos por su excelente manejo», dijo López en medio de un foro virtual.
A LA CÁRCEL
Medida de Aseguramiento dictó la Fiscalía General de la Nación contra el alcalde de Armenia José Manuel Ríos Morales por presuntas irregularidades en procesos de contratación en el marco de la emergencia por el Coronavirus.
Los beneficiarios de la medida son el alcalde de Armenia, Quindío, José Manuel Ríos Morales, Calarcá Luis Alberto Balcero Contreras y 8 alcaldes más del país, por la presunta comisión de múltiples delitos, entre ellos, interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin requisitos legales, y diversos tipos de peculado.
El material probatorio demostraría que algunos socios de la citada empresa habrían donado dinero a la campaña política del alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morales.
Algunas de las personas que serán imputadas anunciaron colaboración con la justicia para beneficiarse de rebaja de penas y delataran a sus jefes.
QUE NO PANDA EL CÚNICO
La gobernadora Clara Luz Roldán sospechaba que algunos de los contratos realizados con motivo de la emergencia por el Coronavirus irían a parar a la revisión de la Contraloría o de la Procuraduría.
Este 21 de mayo, a las 4 y 30 se enteró de la apertura de un proceso en contra suya.
«La Procuraduría –dice el informe de este ente de control– abrió investigación disciplinaria a la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán González, y a la secretaria de Salud del departamento, María Cristina Lesmes Duque, por presuntos sobrecostos en el contrato para la compra de 400 mil tapabocas N95, 50 mil caretas de protección, 300 mil tapabocas 3 capas, 54 mil polainas desechables, 50 mil batas antifluido y 100 camas hospitalarias con la empresa Medical Pharmacy, por un valor de $15.132.829.976, para atender emergencia por la COVID-19.
La investigación busca establecer presuntos sobrecostos e irregularidades en la celebración y ejecución del contrato, que fue adjudicado de manera directa tras la declaratoria de la urgencia manifiesta», decía el informe.
EL SEGUNDO CASO
La encopetada mandataria regional siguió leyendo: «En un segundo proceso se investiga al secretario de Ambiente, Agricultura y Pesca de la gobernación de Valle, Andrés Murillo, por presuntas irregularidades en el contrato de compraventa Nro. 1.340-59.9-3340, suscrito el 31 de marzo de 2020 con la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) Seccional Valle.
El órgano de control investiga la existencia de supuestas faltas disciplinarias relacionadas con la ejecución del negocio jurídico y la metodología empleada por la secretaría para proveer ayudas alimentarias a la población vulnerable del departamento, afectada por emergencia generada por la COVID-19».
Fueron, escasamente, dos casos por presuntas irregularidades. De inmediato sus asesores jurídicos le consultaron también a Julio César Caicedo, el poder detrás del poder de lo sucedido. «Que no panda el cúnico», dijo el exsenador.
LOS DUEÑOS DEL VALLE DEL CAUCA
«Esta es mi tierra querida, mi tierra adorada, mi Valle del Cauca», decía el inmortal maestro Jairo Varela en su himno a este departamento. Para nadie es un secreto que el poder de Dilian y más el de su esposo, es inmenso. Controlan a más de la mitad de la Asamblea, alcaldías, concejos, secretarías de Educación y de Salud, hospitales y empresas de servicios públicos.
Hasta los años 90 los capataces de ese bello departamento de Efraín y María eran los socios del Club Colombia. Cañicultores, presidentes de empresas, terratenientes y gamonales políticos dominaban el espectro, pero una nueva clase dirigente los doblegó imponiéndose a un invidente y a un oscuro y falaz periodista como alcaldes de Santiago de Cali.
LOS ESCÁNDALOS
El Valle del Cauca fue cuna del lamentable proceso 8.000 donde raudales de dólares inundaron campañas políticas y llevaron al presidente Ernesto Samper al Palacio de Nariño, «aunque todo fue sobre sus espaldas», como solía decir.
Clara Luz Roldán sabe cómo convivir en medio de escándalos. Cuando era Secretaria General de la Alcaldía de Cali, en la administración de Mauricio Guzmán Cuevas, le tocó ver a su jefe cuando fue el primer alcalde del país condenado dentro del proceso 8.000.
Luego fue Secretaria de Bienestar en la alcaldía del inepto Ricardo Cobo.
La mandataria de los vallecaucanos también presenció a milímetros el bullicio mediático cuando el famoso y bien ponderado excontralor Manuel Francisco Becerra fuera condenado en 1997 a 70 meses de cárcel por enriquecimiento ilícito dentro del sumario narco político.
EN MANOS DEL GRUPO DE GUACARÍ
El hervor de las investigaciones continuaba y ya los vallecaucanos se habían acostumbrado a ser noticia de primera plana en los medios de comunicación.
Uno de los alfiles del movimiento de Manuel Francisco Becerra era Julio César Caicedo Zamorano, senador de la República y esposo de la exalcaldesa de Guacarí, municipio conocido por un samán que duró más de cien años en la mitad del parque principal y que un día se derrumbó, pero fue inmortalizado en las monedas de quinientos pesos.
DUEÑA DE PALMIRA, EL CERRITO, GUACARÍ Y BUGA
Desde ese momento, Dilian ha manejado sus intereses en la Supersalud, la CVC, el Hospital Universitario del Valle, alcaldías como las de Palmira, El Cerrito, Buga, Guacarí y Tuluá. La secretaría de deportes de Cali, el poderoso Emcali, representantes a la Cámara, varios diputados, decenas de concejales y alcaldes.
Quiso también que una hermana suya fuera concejal de Bogotá, logrando su objetivo.
PRIMERO UBEIMAR, LUEGO ELLA Y DESPUÉS CLARITA
Julio César Caicedo determinó que quien iría como gobernador del departamento fuera Ubeimar Delgado, un vetusto líder conservador, para que asumiera las riendas luego de unas elecciones atípicas.
No se le recuerda una obra importante en su gobierno, pero si fue determinante para que Dilian Francisca llegara, en las próximas elecciones a la oficina principal del Palacio de san Francisco en Santiago de Cali.
La baronesa y su temido esposo atornillaron el poder, ubicaron a Clara Luz Roldán en Coldeportes y le pusieron en bandeja de plata el cargo como gobernadora del Valle del Cauca.
NAVIDAD SOLITARIA
«Esta navidad va a ser solitaria, porque hasta allá se va a extender el coronavirus», sostuvo, Diego Rosselli, médico neurólogo e integrante del Departamento de Epidemiología Clínica y Bioestadística de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana.
El facultativo comentó que las predicciones establecen que entre junio y julio tendrán un aumento, pero el pico se dará en agosto.
Recomendó que sigamos usando el tapabocas y lavándonos las manos con frecuencia.
LA CORRUPCIÓN SE HEREDA EN COLOMBIA
Aparecieron defensores del nombramiento de Jorge Rodrigo Tovar, hijo del paramilitar Jorge 40 como nuevo coordinador de víctimas del Ministerio del Interior.
Este país desmemoriado olvidó todas las fechorías que hizo el comandante del Bloque Norte de las Autodefensas. Fueron más de 600 personas las que fallecieron en las masacres. Es decir, casi dos veces el Congreso de la República y todo parece normal.
Desde luego que la corrupción se hereda en Colombia. No olviden las andanzas de Samuel Moreno y después de sus hijos, del gordo García, de los Nule y de miles de casos de casos de corrupción en el país.
En las múltiples entrevistas, donde los periodistas lo elogiaban por el nombramiento, no se le escuchó una frase de perdón o de excusa por las atrocidades que cometió su padre. Mal comienzo.
LOS DESCARADOS PRECIOS DE SERVICIOS PÚBLICOS
Una cosa le escriben en el telepronter los asesores del presidente Iván Duque y otra es la realidad. El mandatario dice bellezas que cautivan y que en principio saben a vino blanco, pero a la hora de confrontarlas resultan más amargas que el vinagre.
En medio de la pandemia y a pesar de las prédicas del mandatario, aumentan cada vez más los servicios públicos. Cada recibo llega con un incremento abusivo. Las protestas son generalizadas y la ambición de las empresas es desorbitante. Se sabe que existe una Superintendencia de Servicios Públicos, pero presta más utilidad un tapabocas en la garganta.
SÚMELE LA PRIVATIZACIÓN
Los servicios públicos en Colombia se convirtieron en un lujo, la gran mayoría de las empresas fueron vendidas a «consorcios españoles» o a entidades foráneas, pero que, si se estudia con cuidado, resulta que son propiedad de famosos políticos nativos.
Se conoce esta maligna práctica operada por la clase política que exprime los bolsillos de los colombianos. Los gerentes de esas entidades aducen varias razones por el incremento: que no está lloviendo en el país, que las represas están secas o cualquier otra razón para apoyarse.
Y el presidente de marras habla de alivios en época de cuarentena.
PÉSIMA COSTUMBRE DE VENDER CONTADORES
Cuando un ciudadano determina ahorrar energía, gas o agua, se convierte en un delincuente para las empresas. Le comienzan un seguimiento que incluye visitas a su domicilio o empresa. Llevan todo tipo de máquinas, supervisores, ingenieros y luego, sencillamente, determinan que es necesario cambiar el contador.
Este aparato que registra los consumos es extraído entonces por los funcionarios de las empresas y le ponen, sin autorización, uno nuevo, se lo cobran en las facturas siguientes, con IVA e instalación.
El viejo aparato, sencillamente, se lo roban las empresas.
GUARDAN SILENCIO LOS ENTES DE CONTROL
El parroquiano en mención acude entonces a las entidades que presumiblemente lo defenderán. La Procuraduría le responde que investigará el caso, la Defensoría le remite la misma respuesta que les ha dado a miles de usuarios y la Superintendencia de Servicios Públicos se acoge a lo que dice la Ley: es decir, defensa de la empresa.
Cuando los vecinos se reúnen en los salones de las Juntas de Acción Comunal o en los concejos municipales, las autoridades civiles los tratan de subversivos y les mandan a los Agentes de Negro, que, con bolillo en mano y gas lacrimógeno por doquier obligan a que la protesta sea más pacífica.