Confidencias: ALTA TENSIÓN
PRUEBAS CONTUNDENTES OBLIGAN CALLAR
María Claudia ‘La Caya’ Daza, la exintegrante de la Unidad legislativa de Trabajo (UTL) del senador Álvaro Uribe se acogió al derecho constitucional de guardar silencio, revelo su abogado Iván Cancino., quien la asistió en la diligencia virtual que realizó la Fiscalía General de la Nación.
«Hay un derecho claro que es constitucional y es guardar silencio, lo que no implica reconocimiento de nada y que no puede utilizarse en su contra. la diligencia se rindió a las 8 de la mañana con la Fiscalía, el Ministerio Público y María Claudia Daza por recomendación de su defensa, guardó silencio», dijo Cancino.
María Claudia Daza, tendrá que responder en el caso de la Ñeñepolítica que en una de las grabaciones habla de la compra de votos para el actual presidente Iván Duque.
CARTEL DEL CORONAVIRUS
Se desmorona la confianza en el sistema de salud. El run run venía en vídeo a través de WhatsApp con testimonios de familiares de víctimas mortales del coronavirus.
En estas intervenciones se manifiesta que, a un familiar, enfermo del corazón o con diabetes desde hace varios años, simplemente los recluían como enfermos de Coronavirus o cuando fallecen, se tratan como damnificados por la pandemia.
Las personas no se podían explicar cómo las clínicas cambiaban su concepto médico y simplemente los calificaban como muertos por la COVID-19
REVELACIÓN DE 90 MINUTOS
«En una entrevista con TuBarco, el senador vallecaucano, Carlos Abraham Jiménez se refirió a un presunto ‘Cartel de la COVID-19’ con el que las clínicas de la ciudad se estarían aprovechando para cobrar más», informó el noticiero 90 minutos.
Según explicó el funcionario, la sospecha ante esta presunta corrupción se dio debido a la alta tasa de ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos, la cual supera al resto del país.
La razón de este fenómeno se debería a que «por un paciente en cama normal las clínicas cobran $10 millones y por uno en UCI cobran $30 millones», lo que estaría ocasionando que las clínicas lleven a personas a este servicio de manera innecesaria.
«Hay una bolsa especial para la COVID-19, les pagan más y les pagan mejor por paciente. Y esto puede estar generando un incentivo perverso a las clínicas, que estarían pasando pacientes por COVID-19» para obtener mayores beneficios económicos.
A esto se suma las constantes denuncias por una presunta coalición entre funerarias y clínicas con la que, muertes de pacientes ‘sospechosos’ de COVID-19 serían reportados como tal para aumentar el cobro. Sin embargo, días después en las pruebas resultan negativos.
En medio de la entrevista, Jiménez dijo que «ojalá que el coronavirus no se vaya a volver lo mismo que el SOAT, porque nos saturan las UCI y dejan en riesgo el sistema para cuando llegue el pico de contagio».
DENUNCIA EL MINISTRO
«Hay un incentivo en muchos hospitales y clínicas particulares a mantener pacientes en áreas de cuidado intensivo más allá del tiempo que se necesita y básicamente con un incentivo puramente económico de tener la cama ocupada y de poder facturar los servicios. Este incentivo es absolutamente perjudicial para los servicios de salud, para la disponibilidad y especialmente para que la gente pueda acceder a los ventiladores», aseguró el ministro de Salud Fernando Ruiz en una sesión de la Comisión Segunda del Senado.
El titular de esa cartera agregó que en este momento hay un índice de ocupación en el país entre el 50 y el 60, pero que se ha observado que hay departamentos donde la tasa de ocupación está en el 70-80, lo cual se daría en algunas ocasiones por mala utilización.
SUPER SALUD
El run run de los manejos en el Sistema de Salud ocasionaron que la Superintendencia Nacional de Salud impartió las instrucciones específicas que deben cumplir las instituciones prestadoras de servicios de salud (públicas y privadas), las entidades administradoras de planes de beneficios y las entidades territoriales, relacionadas con el manejo de UCI de los pacientes por COVID-19.
Mediante la circular externa 012 del 2 de junio, la Supersalud emitió pautas relacionadas con el cumplimiento de los «Lineamientos para el manejo clínico de pacientes con infección por nuevo coronavirus covid-19», expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante los cuales se definen los criterios para el ingreso de un paciente a las unidades de cuidado intensivo e intermedio.
¡PATRIA! TE ADORO EN MI SILENCIO MUDO
Miguel Antonio Caro fue un humanista, periodista, escritor, filólogo, político bogotano, vigésimo cuarto presidente de Colombia y gobernó entre 1892 y 1898.
No se conoce una gran obra durante sus 6 años de mandato, pero dejó un famoso soneto que, durante muchos años los profesores de escuelas, cabos del Ejército y la Policía y principiantes de los centros literarios declamaban con la mano en el pecho.
La mencionaba poesía comienza con la frase «¡Patria! Te adoro en mi silencio mudo». El humorista Jaime Santos, con su personaje Clímaco Urrutia siempre se burlo de la expresión porque era lógico, cómo un silencio podía ser mudo.
SE HACE REALIDAD EL SILENCIO MUDO
Pero la fallida frase toma fuerza cuando se ven las acciones de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría contra la corrupción.
En medio de esta pandemia, donde pulula el robo del erario a diestra y siniestra, la realización de contratos leoninos, los sobrecostos por doquier, los entes que se suponen vigilan los actos administrativos con que se gasta el presupuesto nacional, andan en paquidermia y en absoluto silencio contra los ladrones. Son, como dice la hija de don William Mebarak Chadid, «ciegos y sordomudos».
TEMO PROFANAR TU NOMBRE SANTO
Hizo un gran esfuerzo el maestro Caro por cuadrar el soneto en mención que se desmorona con los acontecimientos en el Ministerio de la Defensa Nacional con chuzadas a periodistas, por las millonarias compras del presidente para carros blindados, camionetas para el Esmad, compras de mercados por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, de alcaldías, gobernaciones y demás entes sin ningún control ni llamado a declarar.
La mismísima Contraloría General de la República desde el 21 de mayo no se pronuncia, no saca un mísero comunicado sobre sus actuaciones. El silencio, dicen, es más elocuente que las palabras.
VAYA RECTIFIQUE Y VUELVA
Los castigos de la Procuraduría dan pena. Esto acaba de suceder con el alcalde de Armenia.
Suspendió provisionalmente, por tres meses, al alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morales, dentro de la investigación que se adelanta por presuntas irregularidades en la vigilancia a la celebración y ejecución de cuatro contratos de suministro por más $1.590 millones de pesos.
El órgano de control investiga presuntos problemas en la selección del contratista, vulneración de los principios de la contratación, sobrecostos y posibles irregularidades en los estudios de mercados de los negocios jurídicos 01 de 2020 por $500 millones de pesos, 02 de 2020 por $350 millones de pesos, 03 de 2020 por $300 millones de pesos, y 04 de 2020 por $442.340.500.
Es un mensaje claro: vaya, siga en cuarentena y vuelva en 90 días, tranquilo.Pero los cuyabros (oriundos de Armenia) apuestan que no volverá por cuanto tiene que rendir cuentas a la fiscalía.
DUQUE LLAMADO A RENDIR CUENTAS
El Consejo de Estado le solicitó al presidente Iván Duque a rendir cuentas ante ese organismos por la presencia de Tropas norteamericanas en territorio colombiano.
«Requerimos información sobre la presencia de la comisión conformada por militares de ese país», dice un aparte de la carta solicitud.
El Gobierno se ha negado informar sobre este hecho al Congreso de la República, desconociéndose que camino tomará frente a la exigencia del Consejo de Estado en el sentido que remita un informe especial a raíz del anuncio realizado por la Embajada de Estados Unidos sobre las llegadas de esas tropas.