La Procuraduría General de la Nación en tres gobernaciones y 15 alcaldías, se entregaron a 18 financiadores de sus campañas políticas, contratos por cerca de $6.000 millones. Se estableció que pese a estar inhabilitados por haber hecho aportes por encima del 2% del tope establecido. Son varios alcaldes y gobernadores los investigados.