Los niños colombianos en edad escolar  reciben malos alimentos, mientras los contratistas reciben multimillonarios contratos.

En medio de la pandemia por el Covid-19, veedores ciudadanos denunciaron presuntas falsedades en fichas técnicas de alimentos que irían a los más de 4.000 niñas y niños del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Floridablanca, Santander, en el proceso de contratación por más de 5.500 millones de pesos, en el cual participan proponentes que ya fueron señalados ante el INVIMA por supuestas adulteraciones o alteraciones nutricionales en la documentación de productos, y que se habrían valido de la misma conducta para ganar otras licitaciones.

Por la inminente urgencia de llevar alimentos a los niños y niñas de Floridablanca, la audiencia de adjudicación,que se inició el 16 de marzo, debía culminar el pasado jueves 26 de Marzo pero se suspendió debido a los últimos decretos del Gobierno Nacional. Se espera que la alcaldía de Floridablanca  convoque a la audiencia virtual pronto.

Las graves denuncias alertan el riesgo inminente de productos que prometen una calidad nutricional inexistente con destino a los niños y niñas de esta ciudad. Según las fuentes denunciantes, la irregularidad consiste en adicionar «de manera apócrifa» nutrientes sobre el papel en algunos productos procesados, sin que en verdad existan o se vayan a entregar en la práctica. Esto, con la sola finalidad de ganarse el proceso a pesar de violar la normatividad INVIMA, y a sabiendas de que ese contenido nutricional «jamás» llegará a los niños, como afirman las fuentes.

Entre los productos en discordia, se observa el bocadillo de pulpa de piña, guayaba y azúcar que, según las tablas de composición de alimentos ICBF 2015, aportarían un máximo de 1,4 mg / 100 gramos de hierro. Sin embargo, las fichas aportadas por los proponentes aseguran que tienen 3 mg / 100 gramos, lo cual eleva artificialmente a más del doble el aporte de hierro, con la sola intención de ganar el contrato, pues esa cantidad de hierro está sólo en el papel no en los bocadillos.

A pesar de que la Alcaldía de Floridablanca conoce las denuncias, continuará con la audiencia de adjudicación sin haberse pronunciado sobre el asunto. Los veedores ciudadanos, sin embargo, ya elevaron denuncia ante el INVIMA, y llevaron el caso a la Secretaría de Transparencia de la Vicepresidencia de la República, a la Procuraduría General de la Nación y al INVIMA que contempla sanciones en estos casos. Además, señalan que con las mismas anomalías se adjudicó a varios de los mismos proponentes el PAE en más de 50 municipios no certificados del Departamento de Santander el mes pasado afirmando que «el daño ya está hecho».

Según la denuncia interpuesta por Robinson Olarte, presidente de la Veeduría Técnica Ciudadana San Juan Bosco, el alcalde de Floridablanca, Miguel Àngel Moreno, ya fue notificado por escrito de esta situación. La Veeduría pidió a la máxima autoridad del municipio que investigue por qué dos de los proponentes están pretendiendo «engañar a la administración y de paso a los niños y niñas beneficiarios del PAE», ante la mirada indiferente del gobierno local, y la inminente adjudicación del programa a estos oferentes.

Enfatizó que dichos proponentes, «quienes además vienen ganando varias licitaciones con la misma irregularidad en el departamento, quieren ganarse la licitación con mentiras, donde esos niños no van a recibir en verdad los nutrientes, preciso en un momento en que estos requieren tener sus defensas altas por la crisis global del Coronavirus».

Se trata de los proponentes Unión Temporal Emprendiendo Floridablanca 2020 y, UT Alimentación Escolar Floridablanca 2020 quienes, según quedó consignado en el SECOP, presentan fichas técnicas de dulces y panificados en los que adulteran la información nutricional para decir que dan una cosa que es imposible que den, de acuerdo a los ingredientes que tienen los productos. Es decir, que cuando estén ejecutando el contrato, de ganárselo, esos nutrientes nunca van a llegar a los niños en las cantidades que los tales afirman.

Para el caso, los Veedores afirman que la irregularidad en proceso de concretarse estaría tipificada en el ámbito de lo penal, incluso como fraude procesal, y que disciplinariamente recaería sobre los funcionarios de la alcaldía bajo la Ley 1952 de 2019 (Código Disciplinario), la cual contempla sanciones «por las omisiones gravísimas que involucran un servicio con impacto social o comunitario».

Así mismo, los quejosos pidieron al INVIMA que se pronuncie, ya que estos proponentes al ofrecer alimentos supuestamente adicionados o enriquecidos, deberían contar con Registro Sanitario y no con la sola Notificación Sanitaria. Lo anterior porque el INVIMA reglamentó que los productos adicionados, fortificados o enriquecidos, son considerados de alto riesgo y requieren mayores controles. Pero, además, concluyeron, es importante que se investigue la conducta de proponentes que «alteran» información nutricional, sin que los ingredientes respalden tal cosa.

Para el caso, los Veedores afirman que la irregularidad en proceso de concretarse estaría tipificada en el ámbito de lo penal, incluso como fraude procesal, y que disciplinariamente recaería sobre los funcionarios de la alcaldía bajo la Ley 1952 de 2019 (Código Disciplinario), la cual contempla sanciones «por las omisiones gravísimas que involucran un servicio con impacto social o comunitario».