Los hallazgos de Human Rights Watch (HRW) sobre lo ocurrido en la cárcel La Modelo el 21 de marzo deberían ser motivo de vergüenza e indignación nacional. También son una alerta para las autoridades y un llamado de atención hacia la próxima procuradora, la exministra de Justicia Margarita Cabello. Expertos forenses encontraron que “la mayoría de las heridas de bala descritas en los informes de necropsia son consistentes con que hayan sido infligidas con intención de matar”. Es decir que guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) habrían ejecutado extrajudicialmente a los 24 internos en los motines de ese día. ¿Dónde están los responsables?

La labor de HRW contrasta con la realizada hasta ahora por las autoridades colombianas. Cuando ocurrió el motín, que también dejó a 107 personas heridas, la ministra de Justicia Cabello salió a felicitar el actuar del Inpec. La Procuraduría General de la Nación lanzó una alerta, pero a la fecha las investigaciones han sido poco fructíferas y no han podido identificar a ningún responsable. La Fiscalía, por su parte, ha adelantado múltiples entrevistas, pero no ha imputado cargos. En otras palabras, aquí murieron 24 internos y la respuesta estatal ha sido la indiferencia.

HRW le pidió al Independent Forensic Expert Group (IFEG) y al International Rehabilitation Council for Torture Victims (RCT), centros de expertos forenses, que revisaran los 24 informes de necropsias que emitió el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Las conclusiones son dolorosas y vehementes: «Los informes de autopsia no registran ningún indicio de heridas de bala que hayan sido efectuadas únicamente con el fin de herir a las personas, en vez de matarlas». Como explicó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, el informe «indica que las muertes de los detenidos de La Modelo habrían sido intencionales; sin embargo, hasta ahora no ha habido avances significativos en la investigación penal sobre este caso».

Lo preocupante es que el Estado colombiano no ha mostrado mucho interés por explicarle al país qué fue lo que ocurrió. Desde el principio, la Fiscalía y el Ministerio de Justicia insistieron en que se trató de un motín probablemente fomentado por actores ilegales. Aunque eso no ha sido cuestionado, el punto es mucho más delicado: en la reacción a un momento de crisis, los funcionarios públicos, incluyendo a los guardianes del Inpec, no pueden reaccionar con un abuso de la fuerza. Eso es lo que diferencia el Estado de derecho de, precisamente, las fuerzas criminales.

En enero, Cabello empezará su período como procuradora general de la nación. ¿Cómo puede garantizar que las investigaciones que lleva el Ministerio Público sobre estos hechos lleguen a buen puerto? Nos parece que queda en evidencia un claro conflicto de intereses, no porque presumamos que hay incapacidad institucional o falta de voluntad, sino porque como ministra fue clara en respaldar al Inpec y evitar dudas sobre lo ocurrido. Para construir confianza con los colombianos, ¿cómo se garantizará la independencia de las investigaciones?

Sería una tragedia nacional que estos hechos terminen en un limbo de incertidumbre. La Fiscalía y la Procuraduría deben dar respuestas sobre lo ocurrido cuanto antes.

Editorial: EL ESPECTADOR