Triste es reconocer que el país perdió en todo, y en todos, la credibilidad como consecuencia de los múltiples engaños por parte de la dirigencia en todos los sectores: político, económico, gubernamental, judicial y social.

El propio Estado se ha encargado de incrementar la desconfianza a través de sus actuaciones. No se cumple con las leyes y normas, pero sí exige que los gobernados cumplan estrictamente con ellas.

El caso Álvaro Gómez, nos confirma la teoría de la pérdida de la credibilidad. Ahora resulta que quienes cometieron el crimen (FARC) , la clase política encabezada por el presidente Duque, no creen la versión y por el contrario quieren resolver el caso con un acusado que les dé réditos políticos.

  Los «políticos», o, mejor, los negociantes de la política, que en cada elección buscan el repertorio necesario para engañar al elector o simplemente exigir a través de la extorsión o de la entrega de dádivas, para que depositen el voto que les permita perpetuarse para apoderarse de los recursos públicos, como lo han hecho durante  muchos años, son los principales causantes de la hecatombe social.

La muerte de Álvaro Gómez, para señalar los responsables  es tarea para  la justicia, y no puede ser para la clase política, que antes de buscar su esclarecimiento, busca beneficios electorales.

Son miles, por no decir millones los casos que gozan de impunidad en Colombia, donde la justicia atraviesa por la más grande de las crisis. Ojalá que el nuevo ministro, un académico, pueda  entrar a buscar y proyectar las reformas que pueda tener este sector para evitar la impunidad reinante y cabalgante.

Colombia ha perdido la credibilidad en todo y en todos. Hay que buscar entre todos abolir la costumbre mafiosa que nos rige en diversos sectores. Ahora debemos encaminar todos los esfuerzos, para  que el país transite por los caminos de paz, progreso y desarrollo.