Viviana Marcela Pedraza Serrano 

La declaratoria del coronavirus como pandemia sorprendió a todos los Estados, ningún gobierno estaba preparado para hacerle frente, nadie conocía sus alcances ni sabía cómo evitar su contagio.

Por tanto, enfrentar el nuevo coronavirus se convirtió en un desafío para la humanidad; el reto: tratar de mitigar su propagación y minimizar el riesgo de contagio. Muchos países optaron por declarar cuarentenas absolutas que, poco a poco, flexibilizaron, analizando el comportamiento del virus en la búsqueda de encontrar una cura que lo aplaque.

Existe consenso en que el lavado frecuente de manos, el distanciamiento social y el uso adecuado de tapabocas, son herramientas que reducen la probabilidad de contagio. No obstante, se trabaja en encontrar una vacuna capaz de crear anticuerpos que contrarresten el covid-19.

De hecho, hay varios antídotos que se desarrollan y están en la última fase de prueba en humanos. El balance, para algunos de ellos, es alentador, estudios demuestran que si son capaces de crear defensas como el caso de la vacuna que desarrolla Rusia denominada Sputnik-V que, según The Lancet, permite la producción de anticuerpos y no provoca efectos secundarios.

No obstante, los efectos que se produzcan se conocerán después de varios años de haberse aplicado la dosis indicada, lo que es realmente alarmante, ya que si la vacuna causa algún daño en quienes se la apliquen, deberá determinarse responsabilidades.

En ese orden, se analizará en cada caso si hay compromiso del Estado por haber adquirido la vacuna y permitido su comercialización como política para prevenir el contagio del covid-19; si es culpa de la víctima cuando se inyecta con pleno conocimiento de la falta de certeza del resultado y acepta las consecuencias que se puedan generar, o si hay concurrencia de culpas entre el Estado y la víctima por el daño causado.

El panorama descrito es de riguroso análisis para los gobiernos cuando decidan comprar alguna de las vacunas anticovid que se desarrollan. Dada la posibilidad de que causen un daño, es necesario emplear la figura jurídica adecuada para su implementación. No hacerlo es una amenaza que se materializaría en un daño antijurídico imputable al Estado que afectaría las arcas de la Nación.