Para los desfiles la alcaldesa de Bogotá Claudia López es la jefe de la policía en la ciudad. Para las protestas, el gobierno nacional le arrebata ese mandó a la burgomaestre.
Rafael Camargo
Bogotá recuerda cuando Claudia López pidió perdón por la violenta y sangrienta intervención del Esmad en una protesta, que incumplió con el protocolo que instauró la alcaldesa como jefe de la Policía en la ciudad.
¿Está siendo usado el Esmad realmente como último recurso? ¿Qué tanto poder tiene la Alcaldía y Claudia López sobre el actuar de la Policía en las calles? la respuesta es un rotundo NO. El gobierno nacional a través de los ministros del Interior y de Defensa que tienen intereses electorales en Bogotá se tomaron el poder por instrucciones del presidente Iván Duque, quien se ha caracterizado por contrariar a la alcaldesa López.
El poder de la alcaldesa es real. La norma —más específicamente el artículo 315 de la Constitución—, le da a los alcaldes las funciones de máxima autoridad de Policía. Eso quiere decir que es el mandatario quien establece el marco regulatorio y la aplicación de las normas de policía en las ciudades. En otras palabras, los alcaldes tienen esa responsabilidad y la Policía Nacional, a su vez, la obligación de seguir sus órdenes e instrucciones.
La norma se enfrenta a un problema de arquitectura institucional: al ser una institución de carácter nacional, la Policía depende jerárquicamente del nivel nacional. Así, el director de la Policía depende del Ministro de Defensa, quien, a su vez, sigue las órdenes del Presidente de la República. Algo que está establecido en el artículo 218 de la Constitución.
El problema es que la Policía se identifica mucho más con los lineamientos del Gobierno Nacional que con los de las Alcaldías, porque, finalmente, los presupuestos de la entidad dependen del primero.
Esas diferencias no son nuevas: se hicieron públicas, por ejemplo, durante la alcaldía de Gustavo Petro o en la administración de Lucho Garzón.
Lo cierto es que la ley es clara en señalar que las órdenes de los alcaldes deben ser cumplidas por la Fuerza Pública en toda circunstancia —a menos, claro, de que se trate de algo ilegal—. Si un policía desobedece una orden de la Alcaldesa, estaría incurriendo en prevaricato.
El control y las sanciones a los incumplimientos de la Policía corresponden a otros organismos de control —como la Personería y la Procuraduría—, que deben investigar los hechos. No es suficiente que un alcalde asuma la responsabilidad si no se están adelantando las investigaciones correspondientes. Estas se deben hacer, incluso, desde la misma Policía y que el director de la institución también pida perdón y aclare que la alcaldesa dio una instrucción que no se cumplió por órdenes recibidas del gobierno nacional.
La desobediencia de la Policía a la alcaldesa de Bogotá Claudia López dejó un saldo de más de 20 jóvenes muertos y un sinnúmero de muchachos sin ojos y lesiones permanentes, sin que nadie responda por la brutalidad policiaca, cuando disparaban las armas oficiales a diestra y siniestra que según expertos en seguridad estaban cumpliendo órdenes y quienes las dieron nunca reconocieron y culpabilizan indicando que se tratan de casos aislados.