El presidente saliente, Iván Duque será denunciado por millonario caso de corrupción de dineros para el Acuerdo Final de Paz
Rafael Camargo
«Nos dejaron sin plata para implementar el acuerdo de paz», fue la frase que utilizó David Flórez, coordinador para hacer un informe del empalme entre el Gobierno saliente y entrante.
Se afirmó que el gobierno Duque «simuló» la implementación de los Acuerdos. En paralelo, según la presentación, el gobierno saliente se concentró en «el desmantelamiento de la capacidad administrativa y política” de las instituciones encargadas de materializar los Acuerdos, como la oficina del Alto Comisionado de Paz y la Agencia Nacional para la Reincorporación y Reintegración.
Los delegados de Petro denunciaron posibles irregularidades y casos de corrupción en la ejecución de la plata para la paz. «El gobierno Duque ha financiado proyectos en los territorios bajo la etiqueta «PDET» con distinta fuente de financiación sin que necesariamente sean las iniciativas dispuestas por las comunidades», dice uno de los documentos presentados.
Entre las recomendaciones del equipo de empalme están la de acabar con los programas asociados a la «Paz con Legalidad» del gobierno Duque, como las Zonas Futuro, enfocadas en territorios vulnerables y violentos, y el Plan de Acción Oportuna (PAO), para la protección de líderes amenazados.
Las primeras investigaciones indican que con los dineros de paz fueron utilizados en beneficiar contratistas pertenecientes al Centro Democrático de Antioquia para llevar orquestas y otras clases de actividades que nada tenían que ver con la paz.
«Se apoderaron de los recursos de los siguientes diez años para seguir saboteando el proceso de paz, que fue vuelto trizas en la administración Duque», indicaron algunos funcionarios gubernamentales que fueron testigos de la defraudación de los millonarios recursos económicos estatales.
La Comisión Judicial contra la Corrupción que entrará a funcionar antes de concluir agosto, tendrá como prioridades establecer el destino de los dineros del Estado que había para financiar la implementación de los acuerdos de paz.
Funcionarios que tendrán que responder por los recursos de la paz en Colombia.