La mega mansión del exdirector del DNP Luis Alberto Rodríguez en Valledupar, donde se indica que su construcción habrían sido invertidos dos millones de dólares, mientras esto sucede el Gobierno Duque calla sobre el escándalo de más de 500 mil millones de pesos embolatados presuntamente en actos de corrupción. foto: La Nueva Prensa
El escándalo del Ocad Paz reveló el desvío de 500.000 millones de pesos destinados a las regiones más vulnerables durante la administración de Iván Duque. Este entramado, calificado como el «gran robo», afectó la implementación de obras vitales de infraestructura bajo una gestión señalada de volver «trisas» el Acuerdo de Paz.
Julián Orozco
Investigaciones
El mecanismo diseñado para financiar la transformación de los territorios más golpeados por el conflicto armado en Colombia, el Ocad Paz, se convirtió en el escenario de lo que diversos sectores han calificado como «El Gran Robo». Este escándalo estalló tras revelarse un complejo sistema de presuntos sobornos y desvíos de fondos provenientes de las regalías petroleras y mineras, destinados originalmente a proyectos de infraestructura en zonas prioritarias.
Esquema de las coimas
Las investigaciones periodísticas y de entes de control señalaron que, para la aprobación de proyectos de energía, vías y acueductos, se habría instaurado un peaje de corrupción:
Se estima que intermediarios, funcionarios y contratistas exigían entre el 5% y el 12% del valor total de cada contrato para asegurar su aprobación en el Ocad Paz. Las coimas eran exiquidas por congresistas, alcaldes, gobernadores, funcionarios de Planeación Nacional y funcionarios de la Contraloría General de la República.
Los recursos comprometidos bajo sospecha ascenderían a cerca de 500.000 millones de pesos, afectando directamente la inversión en municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Modus operandi
El entramado no solo involucró a funcionarios del nivel ejecutivo, sino también a actores regionales y legislativos:
Se denunció que algunos congresistas habrían actuado como gestores de proyectos a cambio de beneficios económicos, aprovechando su influencia en la planeación nacional.
En varios casos, se aprobaron presupuestos millonarios para obras que presentaban sobrecostos injustificados o que, tras el desembolso, quedaron inconclusas o nunca se iniciaron.
Acuerdo de Paz
Este escándalo representó un duro golpe a la legitimidad de la implementación del Acuerdo:
Las comunidades que esperaban agua potable o electrificación vieron cómo los recursos se esfumaban en una red de burocracia criminal.
El caso puso en evidencia las fallas en los sistemas de auditoría y vigilancia de las regalías, permitiendo que fondos de «vía rápida» fueran capturados por intereses privados.
«El Ocad Paz pasó de ser la esperanza de las regiones olvidadas a convertirse en el botín de una red de corrupción que saqueó el futuro de la paz», señalaron analistas tras conocerse la magnitud del desvío.
El escándalo del Ocad Paz reveló el presunto desvío de 500.000 millones de pesos destinados a las zonas más pobres del país mediante el cobro de coimas para la aprobación de proyectos. La red de corrupción, calificada como «El Gran Robo», afectó la implementación de obras vitales de infraestructura, dejando a cientos de comunidades rurales sin los beneficios prometidos por el Acuerdo de Paz.