Niños víctimas son entregados a sus victimarios por el pago de varios millones de pesos al Cartel de la Adopción.

 

 

 

Rafael Camargo

Lo que le faltaba a Colombia,  un país que se ha debatido  en medio de la peor corrupción en el continente, ahora  los niños son «feriados» a los mejores postores a organizaciones criminales de las cuales son parte  abogados, funcionarios de poder judicial y funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de acuerdo con investigaciones periodísticas.

Lo grave del asunto, es que  a pesar de las denuncias los hechos continúan presentándose en los despachos que atienden estos casos  y en buena parte los niños son entregados a los victimarios  por determinadas sumas legalizando las adopciones.

Las primeras denuncias sobre estos hechos delincuenciales han sido denunciados por varios medios de comunicación entre ellos Infobae, Colprensa  y la Revista Semana.

Entre las denuncias se sostiene:  «En el país se estaría entregando la custodia de los menores al «mejor postor», según una investigación adelantada por Semana. Al momento de dar custodia o poner en cuidado a un menor no se estaría teniendo en cuenta el mejor entorno de los niños, sino con la capacidad monetaria con la que cuentan los interesados y las influencias que direccionen investigaciones penales.

La Iglesia Provincia Franciscana del Espíritu Santo recorre las calles del sur de la ciudad bendiciendo los hogares y celebrando las mismas un Sacerdote acusado de abusar de una menor en el Chocó tiene otras investigaciones en curso.

El párroco fue capturado en La Merced, en Caldas. El sacerdote tiene a su nombre dos investigaciones más: una por acto sexual contra un menor de 13 años y otra por una tentativa de acceso carnal violenta a una turista

Ejemplo de ello es el caso de un padre de familia que fue denunciado por presunto abuso sexual contra su hija de 14 años. El proceso investigativo se adelanta por el ente judicial de Cundinamarca, dentro de su desarrollo, se establece que la funcionaria de la entidad de la rama judicial le estaría entregando información confidencial al investigado, que podría favorecerlo.

Durante la llamada telefónica la administrativa le entrega instrucciones sobre la hora a la que el fiscal llegará a la entidad y le menciona que el funcionario va a ir hasta el lugar explícitamente para resolver su caso. Esta conversación ya se encuentra en posesión de la Fiscalía General de la Nación y se dio antes de octubre del 2020, charla con la que espera se adelanten investigaciones pertinentes para atacar al «cartel».

En la conversación, la funcionaria del ente acusador dice que el fiscal no tiene experiencia, pero que ella ya se encargó de decir que la denunciante (compañera sentimental) tiene problemas de salud mental, lo cual predispone a quien dirige la investigación. A su vez, la mujer menciona que habló al dictamen de peritaje que ordenó la comisaría, así los resultados que se dieran benefician al incriminado por supuestos problemas emocionales.

Desde septiembre del 2021, se revelaron detalles exclusivos de las indagaciones sobre una posible red que gestiona fallos amañados en complicidad de la comisaría de la familia, abogados, psicólogos, peritos e incluso jueces.

Se presume que al menos 15 casos de mujeres que dijeron en la Comisaría Segunda de Usaquén, liderada por la comisaría Yaneth Fabiola Castillo Guerrero, fueron víctimas de abusos por parte de sus parejas y padres de sus hijos, se sorprendieron al evidenciar irregularidades, ya que los niños eran entregados al presunto abusador, pese a las denuncias instauradas.

La determinación de entregar la custodia en los casos se basaba en el peritaje psicológico en el que los expertos informaban a las madres que no se encontraban bien de su salud mental y por ello no podrían hacerse cargo de los menores, en algunos de los casos las mujeres ni siquiera podían visitarlos.

Según las víctimas la comisaría recomendaba a las partes una lista de abogados y peritos forenses para que llevaran el proceso y evaluarán los casos y se pagaban entre 2 y 25 millones de pesos. La comisaría, al parecer, se refería a la parte menos favorecida económicamente que el padre denunciado había corrido con los gastos «generosamente» y el concepto psicológico y, por ende, el fallo solía salir en contra del que no aportaba dinero o daba en menor cantidad.

En cuanto al caso citado en un principio, se conoció que en otra de las grabaciones se demuestra que la funcionaria de la Fiscalía se comunica con el investigado y le solicita que reclame los documentos «que le serán útiles durante el proceso». En la tercera grabación que se obtuvo se oye a la ex comisaria Yaneth Fabiola hablar con el padre investigado. Él mismo le indica que el fiscal que lleva su caso pasará por la comisaría a llevarle, personalmente, unos documentos, cuando ella aún ejercía su cargo.

La Fiscalía confirmó que adelanta investigaciones sobre la participación de integrantes del organismo en estos casos y aseguró que entregará información a la ciudadanía cuando el proceso culmine porque en el momento no puede referirse ya que el asunto involucra los derechos de los niños y se requiere mayor garantía de los involucrados.

La ex comisaria Yaneth Fabiola llamó a conciliar a medios de comunicación y entidades del Estado, ya que según la ex funcionaria se considera una víctima de persecución que le ha generado afectaciones que se pueden cuantificar, según ella, en más de 1.000 millones de pesos.

No obstante, se requieren resultados sobre una de las principales amenazas a la integridad de los menores de edad del país en relación a la credibilidad de la justicia nacional.

CARTEL

«SEMANA reveló una grave denuncia que hicieron padres y madres de familias de estratos altos en Bogotá, quienes indicaban que Yaneth Fabiola Castillo Guerrero, en la época que ocupó el cargo de comisaria segunda de familia de Usaquén, habría cometido algunas irregularidades que favorecen «al mejor postor», priorizando intereses económicos sobre el bienestar de los niños.

En los más de 15 relatos que se entregaron a las autoridades, los padres cuentan cómo la comisaría ordenaba una evaluación psicológica. Supuestamente, ella les entregaba las opciones de los peritos recomendados, que cobraban sumas elevadas. Según la Personería de Bogotá, la Comisaría Segunda de Usaquén era la única, de las 35, que exigía un perito particular. Algunos de los denunciantes ni siquiera pudieron escoger el perito de la lista que ella les presentaba porque les decía que la contraparte ya lo había elegido y generosamente pagaría todos los honorarios.

Otra de las extrañas coincidencias, es que los abogados de los padres señalados resultaban siendo los mismos, sin que un padre se conociera con el otro. Al parecer, estos juristas también eran recomendados por Yaneth Fabiola Castillo. Además, denuncian que ella les decía cómo hacer la sustentación que luego fallaría a su favor. Han presentado varias pruebas que pretenden demostrar la existencia del presunto cartel de la infancia; entre ellas, las conversaciones entre un padre de familia con Yaneth Fabiola Castillo Guerrero y con el psicólogo forense Roberto Sicard.

Una de ellas se desarrolla en la oficina de Castillo, antes del fallo y de manera informal. Allí también hace presencia la abogada del padre denunciado de presunto abuso sexual a sus hijas. Se supone que la comisaría, que hace las veces de «juez», no debería reunirse con ninguna de las partes, pero llama la atención que después de hacer una mini entrevista a la abogada de él, le dice: «Bueno, te voy a dar la oportunidad, por favor sacarle copia al 100 por ciento del expediente».

Le entrega documentos de un caso similar a este, siendo información reservada, pero que le servirá para sustentar bien y así tener un fallo a favor. «Ve sustanciando, tenemos audiencia el 23 por favor, mándamela el 18, el 17 de junio, para yo ir retroalimentando, ahí les doy esa oportunidad», se escucha decir a la comisaría en una de las grabaciones.

Dice que ella ejerciendo como comisaria ha recibido a «clientes», denunciados por abuso sexual a sus hijas, y que, por aberrante que parezca, han fallado a favor en esos casos. Incluso, pone un ejemplo. «Cuando vienen clientes como él –padre cuyas conversaciones con la comisaría están grabadas– o como Sunder Haus –refiriéndose a otro caso similar–, que están bien. El delito de abuso sexual es un delito atroz para todo el mundo: jueces, fiscales, comisarías, les parece lo peor, entonces por eso la sustanciación tiene que ir impecable. Te voy a regalar una copia, te pido el favor de máxima reserva, cuidadito la prudencia», asegura al pedir cambio de correos por mensajes privados y todo «bajo cuerda».

Les advierte que tienen que hablar con el perito Roberto Sicard, el psicólogo forense, y cuadrar todo para ir a la fija en el proceso, «tú tienes que estar muy preparada para decirle al doctor Sicard que te aclare, para que la sustanciación nos quede muy, pero muy, muy bien. Porque como te digo, en el caso de Sunder Haus, la señora salió un genio, ella en todo apuntaba a nueve. Ella habla siete idiomas. Es una mujer estructurada, crea y hace».

Fragmentos de las grabaciones:

Otra grabación muestra que el padre se comunicó con Roberto Sicard, como lo recomendó la comisaría, y no precisamente durante la evaluación psicológica, sino para preparar el caso. Se escucha al psicólogo preguntándole si el abogado que tiene es a quien identifican como Amir y el padre dice que no, pese a que la doctora le había insistido en que fuera él. «La persona que asistirá conmigo es una persona que en teoría tiene más experiencia que Amir, es algo que se lo digo a usted y no a la doctora, porque ella me insistió mucho que quería que fuera el doctor Amir, pero pues en realidad ellos manejan es el tema penal, no el tema de comisaría y proceso de familia», se escucha.

La doctora a la que se refiere, al parecer, es la comisaria Yaneth, pues es la única que en esa instancia del proceso puede tomar decisiones. «Yo entiendo la posición de la doctora, porque pues de una u otra forma querrá tener los sustentos jurídicos para que ella pueda tomar una decisión que sea contundente y que no la vayan a entrar a debatir(…) porque ella lo que me dijo fue: voy a unificar los dos procesos, la solicitud de medida de protección de ella y la suya, yo la unificó y sobre eso voy a tomar la decisión, que muy seguramente va a ser a favor suyo».

Para Sicard, quien se supone evalúa de manera neutra la salud mental de los miembros de la familia, era importante entregar pautas de cómo los abogados deberían reaccionar a sus observaciones dentro de la audiencia. «Tienen que formularle una estructura de defensa de esas pruebas, cosa que los debates que susciten sean absolutamente neutralizados por su abogado, casi que antes de que la contraparte pueda hablar». Y le aclara: «Ustedes tienen que ir a la ofensiva».»

Los millonarios cobros del Cartel de la Patria Potestad. 

Los niños son las principales víctimas del Cartel,  siendo los menores  entregados a sus victimarios. 

Hasta los sacerdotes violadores hacen uso de un cartel incrustado en la justicia para que sus aberraciones sean justificadas.