Sometimiento y cese al fuego

Ricaurte Losada Valderrama

En el proyecto de paz total, tema de mayor transcendencia para el futuro del país y  epicentro del Gobierno, existe la posibilidad  de realizar dos acuerdos políticos: uno con el ELN, el más importante y difícil y otro con los disidentes y desertores del acuerdo con la ex FARC.

Así mismo, uno bien diferente -el sometimiento de los grupos simplemente delincuenciales de alto impacto, dedicados al jugoso negocio del narcotráfico-, al cual me refiero en esta ocasión, a raíz de la presentación del proyecto de ley sobre la materia y de la decisión del presidente Petro de suspender  el anunciado cese bilateral con el Clan del Golfo, autodenominado  «Autodefensas Gaitanistas».

Al respecto hay que decir que hubo demora en tomar esta decisión, pues el país anda en un caos frente al orden público y a la seguridad, en razón de unos decretos que establecieron ceses simultáneos de hostilidades sin limitación geográfica, en virtud de los cuales la policía y el ejército suspendieron sus operaciones en muchos sitios, hecho que dio lugar al vandalismo del Clan.

El sometimiento implica un trato penal benigno, a cambio de que abandonen sus actividades delictivas, asuman su responsabilidad penal, reparen a las víctimas y entreguen los bienes que adquirieron ilícitamente.

Y ellos deben ser  entregados todos, pues para no hacerlo en su totalidad, como se propone, se necesitaría reformar la Constitución, la cual ordena, sin referirse a monto alguno, que el Estado debe declarar la extinción  del dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del tesoro público o con grave deterioro de la moral social, como lo advierte el ex fiscal Néstor Humberto Martínez en su columna del domingo pasado en El Tiempo.

Y no se olvide que la consecución de la paz es la justificación misma del Gobierno Petro, a quien debe dársele, con todo y varias improvisaciones un apoyo razonado y, a este respecto, es necesario decir que los resultados en la lucha contra el narcotráfico se han reducido sustancialmente durante el cese al fuego y de hostilidades y no se debe mantener la sola narrativa descuidando las consecuencias, pues la falta de rigor atenta contra los objetivos del presidente.

Las disputas por las rutas del narcotráfico y el copamiento de los espacios que dejó las FARC, también han intensificado el conflicto y han hecho perder buena parte de los logros de los acuerdos con la ex guerrilla.

Y es necesario que el proyecto se tramite sin mensaje de urgencia, para que haya discusión democrática y, por ende,  deliberación, siempre bajo el entendido de que el sometimiento no es negociación, de que no dañe la institucionalidad, que por supuesto, el trato benigno para intentar la paz, es solo para narcotraficantes y paramilitares, que no beneficie más a los victimarios que a las víctimas, que cesen las actividades delictivas y que no incida en la extradición.

Pero a este respecto hay que tener presente que en la Ley de Paz Total -2272 de 2022- se dispuso que en las zonas temporales de ubicación quedarán suspendidas las órdenes de captura con fines de extradición, hecho que por supuesto afecta este instrumento de cooperación de manera evidente.